Purificación Carpinteyro - La ley del péndulo.

Como quien después de atreverse sufre una caída y decide no volver a intentar, casi la mitad, o más, de los mexicanos han dejado de luchar por un régimen de división de poderes -en los que la Presidencia de la República es uno de tres y no más-, para apoyar, como si fuese la única opción, el retorno de la todopoderosa Presidencia Imperial.

Hablamos del supuesto debilitamiento del Poder Ejecutivo, como si éste fuese la causa, es decir, el origen mismo de que el poder que le fue restado al Presidente, irremediablemente hubiera pasado a manos de caciques locales, particulares aislados o líderes de colectivos. Pero esta suposición es falsa. Si México sucumbió a los intereses particulares que acumularon poder económico, político y mediático, fue porque quienes ocuparon cargos dentro de los poderes formales del Estado decidieron anteponer otros intereses -como los electorales- a los intereses de la nación.



Pudo ser diferente: Vicente Fox podría haber trastocado las estructuras del sistema mismo mediante la tan anhelada reforma del Estado en lugar de acomodarse a las viejas prácticas del sistema priista. Felipe Calderón Hinojosa pudo haber liderado un pacto con la izquierda -con la cual después de las elecciones del 2006 pudieron concentrar más del 70 por ciento de la votación nacional-, para transformar de raíz las estructuras de poder, pero no lo hizo -porque no quiso, no pudo o no lo intentó lo suficiente.

En cambio, hoy somos testigos silentes o activos del retorno del "presidencialismo imperial". Aplaudimos el retorno de la "fuerza del Estado" como si fuese facultad exclusiva del presidente de la República, casi excluyendo de responsabilidad a los otros dos Poderes de la Unión, mediante los que el pueblo ejerce su soberanía. Pero ahora incluso peor: nunca antes el jefe del Ejecutivo fue también el Presidente del partido político que lo postuló, como el PRI pretende que Enrique Peña Nieto sea, conforme a lo anunciado el domingo pasado.

A diferencia de los regímenes parlamentaristas en los que la jefatura de gobierno se decide por el número de miembros de un partido electos en el parlamento, y en los que existe además un jefe de Estado; nuestro régimen presidencialista demanda que el presidente de la República, que es responsable tanto de la jefatura de Estado como la de Gobierno, mantenga, aunque sea en teoría y en la formalidad, una sana distancia con su partido político, y una actitud de estadista que le exige ser Presidente de todos los mexicanos, independientemente de su filiación partidista, ideología o neutralidad.

Pero en el trasfondo hay algo cierto, el presidente Peña Nieto no tendría capacidad de ejercer una Presidencia Imperial si no contara con el respaldo de partidos de oposición que le confieran una amplia mayoría en las Cámaras, y eso no se lo da su alianza con el PVEM. Si el Presidente careciera de ese apoyo, su poder estaría tan menguado como lo pudo estar durante los dos sexenios pasados.



En este contexto, todo parecería indicar que el "presidencialismo imperial" al que aparentemente nos enfrentamos deriva de un pacto con fuerzas políticas diversas y, desde una perspectiva puntual, del Pacto por México, que bien podría incluir compromisos adicionales a los transparentados en el documento que fue hecho del conocimiento público.

Fue resultado de uno de los compromisos firmados por las tres principales fuerzas políticas del país, en el "Pacto por México", que fue posible contar con la votación calificada para aprobar la iniciativa de reforma constitucional al artículo 3 de la Constitución Política relativo a la educación. Fue esta reforma la que propició -o hizo evidentes- las diferencias entre el Ejecutivo y la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y sin duda fueron estos desencuentros los que privaron a la maestra Elba Ester Gordillo de la inmunidad de la que hizo gala desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que fue respetada y fortalecida por los subsecuentes titulares del gobierno de la República.

Si la conclusión de esta reflexión fuese correcta, entonces tengo razones para el optimismo; y es que entonces México no estaría enfrentando una regresión al "presidencialismo imperial", sino la evolución a un gobierno de coalición en el que distintas fuerzas políticas optaron por privilegiar los intereses de la población y el bien del país, por sobre sus intereses partidistas. Siendo así, entonces, estamos en cuenta regresiva para que una de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión reciba la tan anticipada reforma de telecomunicaciones.

Fuente http://www.reforma.com/editoriales/nacional/692/1382126/