DR. José Woldenberg. El IFE no puede convertirse en juez

 
El Instituto Federal Electoral es una institución absolutamente central para la reproducción de la vida política en nuestro país. Y creo que todas sus rutinas organizativas están muy bien aceitadas; creo que la ocupación por el padrón, por la organización, por la capacitación, por el cómputo de votos, por los programas de resultados preliminares son preocupaciones del pasado, es decir, tenemos la certeza de que en el padrón están quienes deben estar, que no hay fantasmas, que no hay rasurados, sabemos que se van a instalar las 140 mil casillas, gracias a las rutinas de organización; el Instituto Federal Electoral es capaz de capacitar al presidente, al secretario, a los escrutadores, a los suplentes.



En la noche misma de la elección, a través del PREP, vamos a tener una información puntual y desagregada, en ese terreno el IFE ha venido consolidándose. Ahora bien, la preocupación mía es que al Instituto Federal Electoral cada vez se le convierte más en juez y quizá por esa vía se le está sobrecargando de tareas.
Trato de explicarme: cuando el Instituto Federal Electoral afina los eslabones del proceso electoral es fácil conjuntar a los partidos porque, en principio, los partidos y el Instituto quieren lo mismo: que todos los eslabones salgan bien, y entonces en las materias que he enunciado prácticamente hay un consenso muy amplio, porque además se construyen con la participación, la opinión de los propios partidos políticos. Pero hay un área donde el Instituto Federal Electoral no puede dejar satisfechos a los partidos. Es cuando el partido A acusa al partido B y el IFE se convierte en juez. Como bien se sabe, quien acusa quiere que se condene y quien es acusado quiere ser absuelto, y haga lo que haga el IFE ahí va a haber una tensión. Además, uno puede apostar mil a uno a que quien sea defraudado entre comillas por el Instituto Federal Electoral, va a acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con razón, así está hecho el diseño institucional y la última palabra es del Tribunal.
Yo he escrito e insistido en que los litigios entre partidos deberían ir a la sala regional del Tribunal Electoral y que se mantuviera la sala central como una segunda instancia. En primer lugar porque en el tribunal hay jueces, magistrados y en el Instituto Federal Electoral no hay; en segundo porque en el Instituto Federal Electoral, en su consejo general, están sentados los partidos y en el tribunal no; en tercer lugar porque esta dinámica está metiendo en una tensión muy grande al Instituto Federal Electoral con el propio Tribunal Electoral; y en cuarto lugar -y no es menor- porque todas las resoluciones del Instituto Federal Electoral son impugnables ante el Tribunal. Entonces yo creo que es la zona, digamos, más compleja para el Instituto.
La autonomía de los institutos estatales es gran asunto en materia electoral. En México, el objetivo era construir credibilidad en los procesos electorales, ese era el tema y sigue siendo el más grande. Era muy difícil con órganos como la Comisión Federal Electoral, que estaba compuesta por representantes de los partidos y de los poderes públicos, lograr una plena credibilidad, porque los representantes de los partidos e incluso los representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, todos ellos tenían un sello partidista y entonces esa vía parecía cerrada para generar confianza. Por eso cuando se crea el Instituto Federal Electoral, donde en su consejo general todavía están el secretario de Gobernación, representantes del Poder Legislativo y representantes de los partidos, se introduce una figura nueva que es la de los Consejeros Magistrados que fueron concebidos como una especie de equilibrio, es decir, como consejeros que no estaban ligados a ningún interés particular de ningún partido y que por ello podían colocarse por encima de esas funciones.
La historia del IFE, entre otras cosas, es virtuosa porque paulatinamente dejaron de tener voto primero los partidos; luego los representantes del Poder Legislativo, e incluso el representante del Poder Ejecutivo salió de la institución, el Secretario de Gobernación, y hoy en el Instituto Federal Electoral los únicos que tienen voz y voto son los Consejeros Electorales, que se supone son figuras imparciales que pueden dar garantía de un trabajo apegado a la ley y no faccioso. Es el mismo trato a todos los partidos políticos. La idea básica es que el Instituto Federal Electoral tiene que ser una institución autónoma de los poderes constitucionales, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y también autónoma de los propios partidos, es decir, se requiere de un organizador y un árbitro capaz de no estar ahí alineado con ninguno de los jugadores. Eso es lo fundamental, ese esquema se ha reproducido en los institutos locales.
Cada estado de la república tiene su propio instituto electoral y, en efecto, siempre existe un resorte que trata de alinear a los institutos a la voluntad de las fuerzas políticas. Creo que hay tres fuentes: gobernadores que no pueden, no quieren, no saben vivir con instituciones autónomas, incluso congresos locales que tratan de mermar la autonomía de las instituciones electorales y los partidos que quisieran tener correas de transmisión en los propios consejos de los institutos locales. Ahí hay una zona de problemas y hay que resolverlos en cada caso, porque es muy importante para los propios partidos, para los gobiernos, para los congresos, y por supuesto para la ciudadanía en general contar con autoridades capaces de situarse por encima de las apuestas de los partidos políticos. Es el gran tema de los institutos electorales, para eso se crearon; si algún objetivo tienen los institutos electorales en nuestro país es la construcción de confianza, ese es su horizonte, esa es su misión, eso es lo que les da sentido.