“Si queremos recuperar las calles, primero debemos recuperar las palabras”. Esa fue una de las recomendaciones que hizo este fin de semana el gobierno federal a los encargados de la comunicación en materia de seguridad de los estados de la República. La frase tiene connotaciones preocupantes.
Puede significar que a toda costa se privilegiará el discurso sobre la violenta realidad, por ejemplo. Puede significar también que hay un gobierno que cree que ellos pueden imponer un lenguaje. Y puede significar que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto alineará a los estados en una sola narrativa ante el fenómeno delincuencial. Adiós al federalismo, adiós al disenso, adiós a la diversidad, y adiós a sugerir abordar el problema de manera distinta. Parece que estamos ante la llegada del reino del discurso único.
Los hechos: el gobierno federal reunió en Acapulco el fin de semana a decenas de voceros en materia de seguridad. Varios funcionarios del gabinete de Peña Nieto dieron recomendaciones, incluido el general Óscar Naranjo, asesor del Presidente en esta materia. La Secretaría de Gobernación emitió dos comunicados sobre parte de lo que ahí se abordó. La reunión no fue abierta a la prensa.
Y en Gobernación me dijeron ayer que no contaban con las versiones estenográficas de este acto oficial en el que funcionarios federales les dijeron qué hacer a funcionarios estatales. De los comunicados emitidos por Gobernación la prensa ha destacado la recomendación, propuesta de Víctor Avilés (sí, el experimentado comunicador que ahora está en la Secretaría de Energía) de “desterrar los apodos del lenguaje oficial y recuperar los nombres, ‘porque el crimen organizado ha terminado por imponer su lenguaje a los medios al lograr que se vuelvan de uso común palabras como levantón, encajuelados o encobijados, entre otros’”.
Fue el propio Avilés quien dijo en una ponencia rumbosamente titulada “Buena Comunicación, Participación Social y Gobernanza” lo ya citado de que “si queremos recuperar las calles, primero debemos recuperar las palabras”. Yo me atoré en varias de las cosas que se dijeron en ese foro en Acapulco, siempre según lo que apuntan los nada extensos boletines de la Segob. Por ejemplo, ¿a qué se refiere Avilés cuando dice que “el crimen organizado ha terminado por imponer su lenguaje a los medios”? ¿Otra vez es aquello de que somos los medios los que creamos el problema? ¿La crisis que hemos vivido es por los miles y miles de asesinados o porque los medios –en economía de lenguaje o por pura descripción o si se quiere por flojera– dicen que tal o cual asesinado apareció “encobijado”?
Es decir ¿si pones “envuelto en una cobija” cambia el problema? Es claro que los medios pudimos haber contribuido a hacer más grande o más grave la percepción de inseguridad. Pero precisamente por ello no se entiende la idea de hacer esta reunión sin acceso a la prensa. Si de verdad parte de la solución está en crear una nueva narrativa, una que pondere qué nos toca hacer a cada cual ante el fenómeno delictivo, ¿no sería adecuado que se discutiera con y frente a los medios? ¿Con y frente a la sociedad? Porque lo ocurrido en el foro de Acapulco contradice incluso lo que ahí señaló el general Naranjo, quien, dice el boletín, “indicó que el Estado tiene la obligación de comunicar obedeciendo el principio de la transparencia.
‘Una comunicación efectiva significa comunicar con transparencia, no sesgar la verdad’”. Todo en una conferencia donde la prensa no tuvo acceso para reportar su propia versión de lo ahí dicho. Es decir, en un foro del que conocemos solo una versión sesgada. Además, cabe cuestionarse qué clase de autoridad moral tiene el gobierno de la República para hacer estas recomendaciones a los estados. ¿Qué han hecho hasta ahora para que consideremos que la suya es la estrategia adecuada? Además, salvo el general Naranjo, que sí tiene experiencia probada en seguridad, los resultados de los esfuerzos de Roberto Campa en prevención están por verse, al tiempo que se desconocen las cartas credenciales en materia de seguridad de ponentes como el vocero de la Secretaría de Energía Víctor Avilés y lo mismo se puede decir de la Coordinadora de Innovación y Estrategia Digital de la Presidencia de la República, Alejandra Lagunes Soto Ruiz.
La comunicación en democracia implica un proceso en donde todos los actores pueden participar. Los gobiernos eligieron discutir esto a puerta cerrada. En esa reunión donde se dijo que los criminales nos “impusieron” a los medios su lenguaje. Los medios no tuvimos la oportunidad de decir: “oigan, ¿y con no poner ejecuciones ya hicimos bien al reportar que este fin de semana hubo una decena de asesinatos en Torreón, siete en Cancún en un solo evento, cinco en Chihuahua, cuatro en Morelos, tres en el Distrito Federal, al menos otros tres en Tamaulipas…?”.
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