Guaruras, rifles y la izquierda - Salvador Camarena

El 2 de abril, el diario Reforma dio a conocer imágenes de una funcionaria del Gobierno del DF que aparecía portando un rifle de asalto M4.

Se trataba de la directora de Coordinación, Apoyo y Supervisión de la Subsecretaría de Gobierno, Lilia Varenka Torrealba Lecuona. Las fotografías generaron furor entre la masa cibernética y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aceptó sin chistar la renuncia de quien, hasta donde tengo entendido, era una buena funcionaria, a secas.

Aunque es comprensible que un gobierno que tiene en marcha una campaña de despistolización en barrios populares, encuentre chocante que una de sus funcionarias aparezca sosteniendo armas, la renuncia se antoja una medida extrema. Sobre todo cuando en la ciudad es cosa de todos los días ver decenas de autos tripulados por escoltas, que en el mejor de los casos traen en maletines, o en cangureras, imponentes armas. Las vemos por doquier pero causa escándalo verlas en manos de una funcionaria.




Porque si hace unos años al viajar a países como Guatemala o Colombia uno sentía que llegaba a un lugar donde todos los espacios turísticos estaban custodiados por guardias, con armas de alto poder, hoy esa es una realidad en la capital mexicana. Esta abundancia de gente armada sólo es apreciada cabalmente por aquéllos que regresan al Distrito Federal luego de haberse ausentado durante algún tiempo.

Los demás nos hemos acostumbrado a guardias —uniformados o no, públicos o privados— paseando de un lado a otro los cañones de sus armas. Cuánto nos habremos acostumbrado a esta realidad de multiplicación de los servicios de seguridad, que ahora vemos casi como una buena noticia que el jefe de Gobierno de una ciudad de izquierda envíe una iniciativa para regular a los guaruras y los autos en los que se desplazan.

“La ciudadanía del DF es muy sensible a la actuación de este tipo de prestadores de servicios de seguridad privada, por lo que desde hace varios años se ha venido analizando la necesidad de dotar de placas especiales a los vehículos de escolta, en seguimiento al acuerdo suscrito en el mes de octubre de 2010 por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (…) para la creación de un programa para balizar y dotar de placas especiales a dichas unidades”, dice la exposición de motivos de esta iniciativa que está ya en la Asamblea Legislativa.

Cualquiera podría decir que este gobierno de izquierda le dice a los pobres: “vengan, les canjeamos sus armas por enseres domésticos”, mientras que a los ricos, poderosos o influyentes les dice: “pásele por aquí, que usted puede tener todas las personas armadas que quiera, sólo le pedimos de favor que el auto donde se desplazan sus escoltas tenga estas placas y exhiba estos números”.

Es cierto que en los casos de las armas que han sido recolectadas en zonas populares, se trata de pistolas o rifles sin permiso. Como también es cierto que el mercado de la seguridad privada está lejos de ser uno que funcione en estricto apego a la ley.

Antes que una iniciativa para regular escoltas, me gustaría una política que no diera por sentado que quienes tienen los recursos económicos, o una posición de poder, podrán dotarse —a menudo con cargo al erario— de toda la seguridad que el gobierno no puede garantizarles.

Fuente: La Razón