El "Pacto por México" (PPM) puede ser examinado e interpretado desde varios ángulos, algunos positivos, otros no tanto y los hay que pueden indicar una gran debilidad institucional.
Hoy el PPM tiene ya un adendum que prohíbe explícitamente lo que, por ley, ya estaba prohibido. Recurrir a semejante artilugio es un reconocimiento implícito de la inoperancia de la prohibición original, no obstante su carácter constitucional. El asunto se agrava si "prohibir lo prohibido" es un intento de "amarrarle las manos" a quienes, por mandato de ley, están encargados de hacer efectivo el marco constitucional. En estas condiciones, ¿qué tan práctica puede resultar la redundancia si la prohibición original no fue observada pese a ser absolutamente clara?
Todo lo anterior viene a cuento porque la pieza fundamental en el arranque del gobierno actual -el PPM- estuvo en peligro, pues los dos partidos de oposición que lo suscribieron se negaron a seguir cooperando con el gobierno si éste no ponía alto a la vieja e ilegal, pero fuertemente arraigada y muy efectiva, práctica de usar los recursos públicos para transformar los programas de asistencia social en un poderoso instrumento para inducir el voto, haciendo patente a los ciudadanos que reciben la ayuda que la continuación de su acceso a los beneficios depende del sentido de su sufragio, y que no obstante que "el voto es secreto" hay forma de saber cómo se votó. Y aquí conviene recordar lo amplio que es el universo de víctimas potenciales de este sistema de perversión del voto: los adultos del 46% de la población que ha sido clasificada como pobre.
Si el PPM se viniera abajo hoy, el gobierno de Enrique Peña Nieto se quedaría casi vacío de contenido. Si el PAN y el PRD se negaran a seguir respaldando, legitimando y facilitando la conducción de las reformas priistas por los vericuetos legislativos, un gobierno que supuestamente ganó con apenas el respaldo de 38.21% de los ciudadanos difícilmente podría presentarse como encarnación de la voluntad nacional, como sí lo puede hacer ahora arropado por el PPM. Es por ello que una vez que el PAN demostró que en Boca del Río, Veracruz, los gobiernos federal y estatal habían montado una máquina de alquimia para transformar programas como "Oportunidades" en votos para el PRI, Peña Nieto debió dar un giro de 180 grados y pasar del cinismo inicial -el famoso "Rosario [Robles, secretaria de Sedesol], no te preocupes, hay que aguantar"- al compromiso solemne de "prohibir lo ya prohibido".
ADENDUM PECULIAR
El "propósito de enmienda" del gobierno y su partido para no volver a pecar contra la santidad del voto fue firmado el 7 de mayo y consta de cuatro principios que se deben traducir en once prácticas. Los jefes de los tres grandes partidos y el jefe del Estado acordaron: no anteponer el interés partidario al del país, cumplir lo acordado, ser transparentes y observar la Constitución "y las leyes que de ella emanen". Las vías para hacer realidad esa tetralogía son: ser electoralmente limpios, no usar el gasto social ni el de comunicación para violar el principio anterior, no poner el control de ese gasto en manos de operadores electorales, aceptar la vigilancia de la "sociedad civil", procurar la equidad y vigilar la naturaleza de las deudas que contratan los gobernadores a nombre de sus estados.
El adendum del 7 de mayo se suscribió para que el PAN y el PRD pudieran justificar el continuar participando en el proceso cupular de toma de decisiones, proceso dirigido por Peña Nieto y su círculo y negociado con el pequeño grupo que concentra el poder económico en México. Sin embargo, es más que probable que lo que se descubrió y denunció en Boca del Río, y que buscaba conformar una estructura electoral informal pero muy efectiva, se esté replicando en otras partes, por ejemplo, en Coahuila, con los llamados "Comités de Política Popular y Acción Social" (Reforma, 8 de mayo). Este tipo de estructuras que buscan fundir las acciones del gobierno con un partido no son algo novedoso, así ha venido operado el PRI desde 1929, cuando nació como partido de Estado. Y cuando han podido, el PAN y el PRD también han echado mano de instrumentos similares.
UNA REALIDAD NO RISIBLE
Obviamente, el significado de las 1521 palabras del mentado adendum se hubiera podido resumir en 15, las del cuarto "principio": "Actuar bajo estricto apego a la Constitución y a la leyes que de ella emanan", pero, ¿no había sido justamente ese formal compromiso el centro de la ceremonia de la toma de posesión del 1o. de diciembre pasado?
En fin, en este episodio del PPM, las cabezas de los partidos supuestamente derrotados en 2012, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, terminaron por obligar a Peña Nieto y al PRI a volver a comprometerse a cumplir lo que se supone que es su obligación. Con el adendum, todos volvieron a sus papeles originales salvo unos cuantos funcionarios menores que perdieron su puesto: los "cabritos expiatorios". Ahora bien, todo este incidente que desde cierto ángulo es parte de la picaresca política mexicana, desde otro, resulta trágico.
Desde que la legislación para México se hacía en el Consejo de Indias, los ordenamientos legales elaborados según los intereses y cultura de España no cuadraron con la realidad americana, fundamentalmente indígena. Algunas leyes "se obedecían pero no se cumplían" como única forma de modificarlas y hacerlas viables en tierras novohispanas, otras se cumplían a medias y la corrupción distorsionó muchas. La independencia no mejoró las cosas, al contrario. Un Estado muy débil, gobiernos inestables y un ordenamiento con raíces en el liberalismo europeo alejado de la realidad mexicana, pero manipulado por los pocos en detrimento de los muchos, llevó a que el país se acostumbrara a vivir bajo un sistema donde ley y realidad marchaban por caminos diferentes, a veces opuestos. Desde el siglo XIX las constituciones sólo han operado en la medida en que el gobierno ha podido y querido que operen. Hoy, a esta pregunta hecha a una muestra representativa de ciudadanos: "qué tanto cree usted que los gobernantes mexicanos cumplen la ley", el 91% respondió "poco" o "nada" (Secretaría de Gobernación, Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012), www.encup.gob.mx).
¿El adendum al PPM va realmente a poner fin, como se pretende hacernos creer, a una práctica arraigada por decenios en una estructura estatal que no ha superado su debilidad y en una sociedad donde la pobreza es nota dominante y el sentido de ciudadanía muy débil? Difícilmente.
En suma, y si se quiere ser optimista, pasar del "Rosario, no te preocupes, hay que aguantar" del 22 de abril al documento del 7 de mayo puede verse como un avance porque se obligó al gobierno y a su partido a dar marcha atrás en materia de fraude electoral, al menos en principio. Sólo la reacción enérgica de la sociedad podrá inhibir a quienes intenten usar la pobreza para adulterar el sufragio. Sin embargo, el gran inconveniente es que la sociedad no está organizada para, ni quiere dedicarse a, vigilar sistemáticamente a sus políticos profesionales. El problema, por tanto, no está aún resuelto.
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Fuente: Reforma
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