ponen en alerta a una administración que, como la de Peña, requiere
demostrar en los hechos sus diferencias sustanciales frente al viejo
régimen. Y es que el primer problema es cómo evitar que los mandatarios
estatales puedan mover el dinero que les entrega la Federación sin que
existan controles efectivos por parte de autoridad alguna, lo que
tendría que comenzar a resolverse con la reciente reforma en materia del
manejo de la deuda de los Estados.
Sin embargo, la habilidad de los gobernadores para tapar sus asaltos al
erario público supera con mucho la imaginación de los propios auditores
federales. Personajes como Mario Marín en Puebla, o Fidel Herrera en
Veracruz, terminaron su gestión sin problema porque los acuerdos
políticos les permitieron evitar el escrutinio de las administraciones
que les sucedieron. En el caso de Puebla, Moreno Valle negoció la
viabilidad política y económica del estado para evitar una confrontación
directa con poderes locales, en el marco de un sexenio como el de
Calderón, quien no quiso o no pudo enfrentar a los gobernadores.
En Veracruz la continuidad priísta en la figura de Javier Duarte sirvió
de tapadera a los excesos de Herrera, pero al continuar en la misma
línea irresponsable de su antecesor, el actual gobernador se convirtió
en un pasivo para el gobierno de Peña Nieto. La complicidad de los
sucesores no es ya hoy suficiente garantía para cubrir los inmensos
desvíos de recursos públicos supuestamente dedicados a campañas
electorales, aunque muchos de ellos destinados también al mejoramiento
de las condiciones de vida de los gobernadores, sus familias y amigos.
Lo que en el pasado era una forma común de enriquecimiento de la clase
política, hoy es representa un peligro mortal para la vida de políticos
acostumbrados a robar sin límite.
La ventaja para estos bandidos del poder es que la maquinaria legal
sigue siendo demasiado lenta y con limitaciones que les permiten gozar
de los bienes adquiridos ilegalmente. Ahí está el caso de Humberto
Moreira, quien consiguió evadir su responsabilidad al traspasar a sus
subordinados la carga de sus excesos, y al ver a su madrina Elba Esther
en la cárcel, se refugió en Barcelona con una “beca” del SNTE que le
permite gozar de privilegios inadmisibles. Su colega tabasqueño Andrés
Granier, también ávido de dinero fácil proveniente de las arcas de su
estado, tuvo la desgracia de no poder negociar con su sucesor su salida
del gobierno estatal.
Y es que si bien el asalto al erario tabasqueño es similar al que
Moreira hizo en Coahuila, Granier no tuvo un hermano que le cubriera las
espaldas y el saqueo fue tal que no le dejó al perredista Arturo Núñez
otra opción más que la de forzar la maquinaria legal y mediática contra
un antecesor que prácticamente lo dejó en la calle. Esta crisis de
gobernadores convertidos en expoliadores de sus ciudadanos es producto
de la pérdida de control de los presupuestos estatales en el marco de la
reducción de las facultades metaconstitucionales del Ejecutivo dentro de
la transición a la democracia.
La situación que creó la posibilidad de utilizar dinero público sin
tener que rendir cuenta no exime de responsabilidad a sus aprovechados
beneficiarios. Más allá de la presión mediática que estos abusos
generan, la impunidad de los gobernadores termina por convertirse en un
serio problema para Peña y su proyecto sexenal. Así como fue necesario
aplicarle el rigor de la ley a Gordillo por su boicot a la reforma
educativa, también es indispensable demostrarles a estos gobernadores
ilegítimamente ambiciosos, que el poder presidencial tiene la voluntad y
los instrumentos jurídicos para castigar el robo en despoblado en el que
han incurrido sin pudor alguno.
Tolerarlos sería convertirse en cómplice de bandidos y con ello echar
por la borda el intento de demostrar que este gobierno priísta es
diferente a los del pasado.
Twitter: @ezshabot
Analista político
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