Para problemas extraordinarios— como los que se viven en Michoacán y Guerrero— se requieren soluciones extraordinarias. Manejo extraordinario de recursos, extraordinaria claridad en las prioridades y, sobre todo, liderazgo extraordinario. Y no se vislumbran ni soluciones ni recursos extraordinarios. Sobre todo, no podemos esperar liderazgo extraordinario. De hecho podríamos afirmar que no hay liderazgo, ni estatal ni federal, que pueda ayudar a encontrar un camino rumbo a la solución a largo plazo de los problemas que aquejan a estas dos entidades.
Bloqueos, comunidades enteras tomadas por grupos armados, emboscadas a fuerzas federales, actividades económicas paralizadas, la población dispuesta a armarse ante la incompetencia del gobierno, la inexistencia de un gobierno estatal... Esta es la situación actual en Michoacán y Guerrero. En cualquier otro país, la situación de violencia en los últimos días en ambas entidades habría dado pie a alguna declaratoria de estado de excepción o de desaparición de poderes, amén de una movilización nacional y hasta internacional para encontrar una salida al problema.
La violencia en México se expandió tanto que confirma el mensaje de la metáfora de la rana asada en el sartén: no nos dimos cuenta de que la temperatura aumentó tanto que corremos el riesgo de cocinarnos. De plano ya nos acostumbramos a vivir con “estados fallidos” donde reina el crimen organizado y los grupos armados.
A pesar de que la propuesta política de Peña Nieto para el combate a la violencia era establecer claramente una diferencia con el actuar de Calderón, la realidad es que no hay distinción alguna. Lo que hemos visto en Michoacán es una estrategia reactiva, falta de inteligencia operativa y con serios problemas de coordinación. Y en lo que más se parece la estrategia de Peña a la de su antecesor es que ambos buscaban minimizar la gravedad del problema. Y seguramente, al igual que en el sexenio pasado, los problemas de violencia empeorarán. Lo que está sucediendo en Michoacán y Guerrero estaba más que anunciado. O no lo quisieron ver o, peor todavía, no quisieron anticipar el brote de violencia porque sería contradecir el discurso político de que la situación de criminalidad en el país había mejorado.
De nuevo hay que preguntar: ¿Cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar y mitigar el efecto que están teniendo los violentos en este momento? ¿Cómo crear incentivos para que estos grupos no perciban este silencio del gobierno como una señal de debilidad, de desinterés, de desorganización o de simple negligencia? ¿Cómo difiere la estrategia a corto plazo de la estrategia a largo plazo?
Los programas de prevención, por más nobles que sean, surten efecto sólo a largo plazo. El impacto del trabajo de la Comisión para la Prevención no se sentirá en una reducción de la violencia sino hasta después de que concluya este sexenio, siempre y cuando se implementen los programas correctos de una forma efectiva. La pregunta fundamental es: ¿cómo piensa el gobierno implementar una estrategia de prevención en áreas del país donde la población se enfrenta con grupos armados que utilizan una estrategia de guerrilla urbana? No se puede implementar programas de desarrollo, de prevención del delito, de promoción del empleo si el gobierno no tiene control mínimo del territorio y no puede garantizar la seguridad física de sus habitantes.
Ante amenazas excepcionales se requiere liderazgo excepcional. Y esto no se vislumbra ni en el estado de Michoacán ni en la clase política, ni en el gobierno federal. Una pregunta fundamental es ¿son estas organizaciones una amenaza a la seguridad nacional? Si no lo son, el actual marco jurídico debería ser suficiente. El problema es que México continúa teniendo una extraordinaria debilidad en las instituciones que tienen la responsabilidad de perseguir e impartir justicia. El fortalecimiento del sistema de justicia penal, federal y local tiene que ser prioridad para el nuevo mandatario. Pero si Peña Nieto y su equipo consideran que Los Zetas o La Familia Michoacana son extraordinarias amenazas a la seguridad del país, entonces tiene que haber un marco jurídico muy diferente para poder enfrentarlos: leyes que permitan capacidades extraordinarias al gobierno y fuerzas de seguridad para combatir a estas organizaciones. Pero también urge el fortalecimiento de instituciones que protejan de forma extraordinaria los derechos humanos de la población.
¿Qué necesitan la clase política, los empresarios, la sociedad civil y sobre todo el gobierno federal para implementar una estrategia más contundente ante la embestida de los grupos armados? ¿Más muertos?, ¿qué no son suficientes los que tenemos hasta hoy?
@amsalazar
Analista política
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