L O R E N Z O M E Y E R
Análisis: Agenda Ciudadana
Las elecciones ¿sirven? ¿A quién y para qué?
"LOS COMICIOS DEL PASADO 7 DE JULIO, EN CONJUNTO, MUESTRAN UN MUY MAL ESTADO DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL. NO AVANZAMOS, RETROCEDEMOS".
Percepción
Transparencia Internacional acaba de publicar una encuesta efectuada en 107 países y muestra que las instituciones que son percibidas como las más corruptas -más que la policía o la burocracia- son los partidos políticos. Para México, la cifra de quienes opinan de ese modo es ¡91 por ciento! (Global Corruption Barometer, 2013, p. 16). Las calidad de las elecciones que acaban de tener lugar la semana pasada en 14 estados explica esta deplorable imagen.
El haber "compactado" en una sola jornada los procesos electorales locales que debían efectuarse este año, ha llevado a concentrar la atención pública en las peculiaridades no de tal o cual estado sino del sistema en su conjunto. Y el resultado es una patética fotografía del estado que guarda nuestra vida pública.
Teoría y realidad
En principio, las elecciones periódicas deberían servir para que el soberano -el pueblo- hiciera saber su voluntad al decidir entre dos o más individuos, partidos y proyectos, pero la realidad es muy otra. En política, la distancia entre la teoría y la práctica ha sido y es enorme, salvo cuando, como en el caso de Maquiavelo, se hace un imponente esfuerzo por formular una tesis cuyo objetivo es identificar, sin concesiones, sus postulados con la realidad, y el resultado es una teoría brutal.
Cuando Occidente empezó a entrar en la era de la democracia moderna, surgieron dos escuelas de pensamiento electoral y en ambas se volvió a presentar el divorcio entre teoría y práctica. En materia de elecciones, Juan Jacobo Rousseau sostuvo que, por principio, la esencia de la democracia impedía que el ciudadano delegara su voluntad en un representante, fuese una persona o un partido, para que se instruyera al responsable del poder ejecutivo -rey, primer ministro o presidente- sobre las medidas que debería poner en práctica. La democracia, según esta perspectiva, es directa o no es democracia. La interpretación no radical y hoy dominante, parte del principio opuesto: para poder funcionar, la democracia tiene que ser representativa, pues en la sociedad de masas es imposible siquiera imaginar, como en la Grecia antigua o la Suiza de Rousseau, reuniones constantes de ciudadanos para discutir y tomar decisiones sobre los todos los asuntos públicos.
La democracia representativa, aún en el mejor de los casos, inevitablemente distorsiona la voluntad general. Los candidatos a representantes populares son básicamente políticos profesionales que en su mayoría viven de la política y no para la política. Con frecuencia su interés principal no es representar los intereses de sus votantes -intereses siempre contradictorios y difíciles de conciliar-, sino los de ellos mismos y los de su grupo. En la escala de prioridades de los electos no están, en primer lugar, los electores sino los elegidos, luego los líderes de su partido y los personajes o grupos que aportaron recursos a las campañas o que pueden comprar o doblegar la voluntad de los elegidos.
La realidad del 7 de julio
Si incluso en la mejor democracia representativa el interés del supuesto soberano, el pueblo, está distorsionado o contrariado, en sistemas como el nuestro lo está aún más y las elecciones del 7 de julio lo mostraron.
Para empezar, se mantuvo la voluntad de seguir explotando la vulnerabilidad económica de los más pobres para llevarlos a votar de acuerdo con los intereses de quienes controlan las ayudas sociales -Oportunidades o la Cruzada contra el Hambre, etcétera- como claramente lo demostró el PAN con las grabaciones en Boca del Río, Veracruz, de una auténtica conspiración de un Gobernador y 57 funcionarios de los tres niveles de Gobierno, para usar los recursos de la asistencia social como inductores del voto en favor del PRI, (Aristegui Noticias, 17 de abril). Las acusaciones por la compra o inducción del voto se dieron en casi todos los estados y las denuncias en contra de las intervenciones de los gobernadores en favor de sus partidos, menudearon y no sólo en Veracruz. La "caída" del sistema de conteo preliminar en Baja California hizo retroceder a ese estado a 1988.
El 2 de julio el Presidente Peña declaró que su Gobierno estaba comprometido a velar por "la equidad, legalidad y transparencia" del proceso electoral, pero se quedó callado en relación a la notable inequidad e ilegalidad con que estaban actuando los gobernadores, (Reforma, 3 de julio). Y eso puede tomarse como indicador de una de dos cosas o de ambas: que Peña no deseaba interferir con las conductas de lo los gobernadores -priistas en su mayoría-, o que ya no podía controlarlos, pues 12 años sin un priista en "Los Pinos" los acostumbró a actuar por su cuenta.
Luego está el clima de violencia que precedió a la elección y donde los titulares de prensa fueron un indicador: "Hallan asesinado a candidato priista en Guadalupe y Calvo", "Hallan muerto a candidato suplente a edil en Veracruz", "Asesinan a joven candidato a regidor en Sinaloa", "Hallan asesinado al presidente del consejo estatal del PRD en Oaxaca", (La Jornada, 13,14, 17, 24 y 27 de junio). En vísperas de las elecciones, The New York Times, tituló un artículo así: "Se dice que la violencia electoral en México es la peor en años". Le Monde (4 de julio), subrayó lo más inquietante de esa violencia: su posible liga con el narcotráfico. Para Jesús Cantú, ex consejero del IFE, la característica de la mayoría de los 11 asesinatos relacionados con el proceso electoral, indicaban que sus autores posiblemente estaban ligados al crimen organizado, (Proceso, 7 de julio). Y es que al narcotráfico le interesa, y mucho, el control sobre las autoridades municipales en las zonas de cultivo y tránsito de estupefacientes.
Otro elemento que distorsiona en grande la representatividad democrática y la legitimidad de quienes asumen los puestos de elección, es el abstencionismo. Según cálculos preliminares hechos al concluir la elección, en Quintana Roo, Hidalgo y Veracruz sólo votaron alrededor del 30 por ciento de los empadronados. En Baja California, único estado donde estaba en juego la gubernatura, el 40 por ciento. En Durango el 45 por ciento. En Puebla, caso excepcional, poco más del 55 por ciento. Si a ese tipo de votaciones le restamos los votos por la oposición y los nulos -en Veracruz, un felino, el "candigato" Morris ¡"No más ratas!" reclamó para sí más de 7 mil votos, (Aristegui Noticias, 8 de julio)- entonces tenemos casos en que el ganador va a asumir su puesto con el respaldo formal de apenas el 10, 20 o 30 por ciento de los votantes potenciales. Y si a ese porcentaje tan bajo se le pudieran restar los votos no libres, producto de la compra o la inducción, entonces la representatividad de los electos es francamente mínima.
Entonces ¿a quién y para qué sirven elecciones como las que acabamos de tener? Pues básicamente las aprovechan los intereses de los partidos y de aquellos cuadros que éstos logran colocar en los puestos públicos, es decir, sirven precisamente a esas estructuras que las encuestas muestran que los ciudadanos perciben como las más corruptas. Mal asunto por donde se le vea.
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Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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