Uno de los argumentos que más escuché de quienes están a favor de la pena capital fue la que asegura que privar de su vida a los criminales más deleznables resulta más barato que enviarlos a la cárcel por el resto de sus vidas.
Lo anterior tal vez esto sea cierto en China o algún país musulmán en donde no impera el estado de derecho. Sin embargo, este argumento economicista es falso si se considera lo que sucede en Estados Unidos, en donde el sistema de impartición de justicia, tratando de evitar la ejecución de alguien que bien pudiera no ser culpable del crimen que se le imputa, otorga múltiples caminos legales para salvar la vida a quien ha sido condenado a muerte.
Diversos estudios demuestran que, repito, en un país en donde impera el estado de derecho, es más costoso ajusticiar a un reo que mantenerlo preso durante el resto de su vida.
El más amplio de estos estudios, realizado en 1993 por la Universidad de Duke, determinó que un juicio en donde se buscaba la pena de muerte le costaba entonces al estado de Carolina del Norte 2.16 millones de dólares más que un juicio en donde el objetivo era obtener una sentencia de cadena perpetua para el acusado. A nivel nacional, esto significa que entre 1976 y 1992 los gobiernos estatales de la Unión Americana gastaron más de mil millones de dólares en juicios en donde se buscó la pena capital.
Entre 1973 y 1988, el gobierno de Florida gastó 57 millones de dólares para obtener 18 ejecuciones; cada ejecución costó 3.2 millones, como lo reportó el diario Miami Herald el 10 de julio de 1988.
En Texas, de acuerdo a un reportaje en el diario Dallas Morning News, el 8 de marzo de 1992 el costo promedio de un caso de pena de muerte fue de 2.3 millones de dólares, tres veces más que lo que cuesta encerrar a alguien durante 40 años en una celda de máxima seguridad.
En 1990, un reporte del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos señaló que los costos de defensa fueron cuatro veces más altos en casos en donde se buscaba la pena de muerte que en casos similares en donde ésta no se buscaba. Es más, los costos para los fiscales que buscaban la pena de muerte fueron 67 por ciento superiores de los costos de la defensa, sin incluir siquiera los costos de investigación proporcionados por las agencias policiacas.
El estado de Ohio gastó por lo menos 1.5 millones de dólares para ejecutar a un enfermo mental que deseaba ser ejecutado. Entre los gastos: 18 mil 147 dólares por pago de horas extras a empleados de la cárcel, 2 mil 250 por pago de horas extras a agentes de la policía de caminos durante la ejecución. El costo del ajusticiamiento no incluyó: las horas extras de sueldos de los 25 funcionarios de la cárcel que tuvieron que trabajar la noche de la ejecución; los 5 mil 320 dólares que el gobierno estatal gastó en una señal satelital para transmitirle a los medios de comunicación la noticia de que Wilford Berry había sido ejecutado; los 88.42 que costaron las drogas letales que se le administraron a Berry. El haber mantenido a Berry en la cárcel durante toda su vida hubiera costado la mitad de lo que costó matarlo, según un artículo en el periódico Columbus Dispatch del 28 de febrero de 1999.
En resumen: la aplicación de la pena de muerte es muy costosa en un país en donde el sistema de impartición de justicia funciona eficientemente (como quisiéramos que funcionara en nuestro país) y resulta más barato encerrar a un criminal por el resto de su vida.
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