La negativa del gobierno federal a reconocer la existencia de nuevos enfrentamientos armados entre los grupos de autodefensa y los Caballeros Templarios ocurridos el martes por la noche tiene que ver con no querer reconocer una realidad: que el control de Tierra Caliente que han pregonado las autoridades federales no es un control total ni completo de la región, sino mayoritariamente de las zonas urbanas, mientras que en el medio rural y particularmente los cerros donde se ocultan los narcotraficantes no llegan ni operativos ni presencia de la Federación.
Porque mientras la Policía Federal habla de que la situación se empieza a normalizar y tiene copadas cabeceras municipales como Apatzingán, Tepalcatepec y Mújica, en muchos caminos y rutas montañosas los refugios de los Caballeros Templarios se mantienen intactos al mismo tiempo que continúa el avance armado de los guardias de autodefensa. Eso explica los enfrentamientos entre ambos grupos que se registraron entre Apatzingán y Parácuaro y a los que, eufemísticamente, el comisionado federal, Alfredo Castillo, llamó “choques” o “disparos aislados”.
En la Tierra Caliente es vox populi, y eso lo sabe también el gobierno federal, que Los Caballeros Templarios viven en los cerros, donde se refugian, y que a los municipios y las ciudades sólo bajaban a cometer ilícitos, tanto relacionados con el tráfico de estupefacientes como con la extorsión, el secuestro e incluso la piratería. Monte Alejandro Rubido, secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha declarado en varias entrevistas que los narcotraficantes que busca el gobierno federal “están ocultos y difícilmente bajan a los municipios”; eso explica la capacidad que aún demuestran Los Templarios para intentar frenar, con una emboscada desde los cerros, a las autodefensas.
La mayoría de las más de 80 detenciones que hasta ahora ha reportado el operativo federal se han realizado en acciones ya sea en las afueras de los municipios o en las zonas urbanas, según los reportes que ha presentado Rubido García, incluidas las capturas más importantes como la de Jesús Vázquez El Toro, realizada en un poblado de Lázaro Cárdenas, y la del jefe de plaza templario de Uruapan, Héctor Chávez El Mariachi, ocurrida la tarde de ayer en esa cabecera municipal. Es decir que hasta ahora las acciones federales en la Tierra Caliente no han ido todavía a fondo en la búsqueda de los refugios de los Templarios ni han logrado tampoco el desarme de las autodefensas.
Tal vez por eso ayer el procurador Jesús Murillo, en la declaración más realista que se ha escuchado desde el inicio de la toma federal de Michoacán, reconoció que devolver la paz y la tranquilidad completas a ese estado es algo que llevará mucho más tiempo que “horas o días” y aceptó que los enfrentamientos entre grupos de autodefensa y Templarios, si bien siguen ocurriendo, “ya no se dan a diario”. Muy distinta la posición del procurador a la de la Segob que nunca corrigió su versión de “disparos aislados” o a la del comisionado, Alfredo Castillo, que de manera por demás optimista ha hablado de un control y de una normalización de la vida en Tierra Caliente que dista mucho de verse reflejada en los testimonios de quienes ahí viven.
Una cosa es que el gobierno haya retomado el control de ciudades, que estuvieron en manos primero de Los Templarios y luego de las autodefensas, y otra muy diferente que eso signifique el control total del territorio en conflicto y mucho menos la solución de la añeja problemática de incertidumbre y descomposición que se gestó en Michoacán a lo largo de casi dos décadas. Para que eso suceda y el gobierno federal y sus funcionarios y comisionados puedan hablar de “normalización” “pacificación” o incluso de “legalidad” en territorio michoacano pasará todavía un buen tiempo y tendría que detenerse primero a los verdaderos jefes del Cártel de Los Templarios y lograr un verdadero desarme en esa zona. Para eso todavía falta mucho y nadie, por más cifras, avances y detenciones que reporten, puede echar las campanas al vuelo.
NOTAS INDISCRETAS…La plana mayor del sistema de procuración e impartición de justicia en el país se reunió ayer en la vieja casona de Xicoténcatl donde fueron presentadas las conclusiones del Consejo Técnico de expertos que elaboró el dictamen del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Junto al presidente del Senado, Raúl Cervantes, atestiguaron el hecho los ministros de la Corte, Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, además de los presidentes del Tribunal Electoral, Alejandro Luna, y de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, así como el procurador Jesús Murillo Karam, quien atrajo los reflectores por el caso Michoacán. Con el dictamen que elaboraron 18 abogados expertos para la Comisión de Justicia se inicia el debate para un nuevo Código Penal que unifique criterios y delitos en toda la República… Serpiente y se guardan los dados. Semana difícil.
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