El homicidio de José Francisco Ruiz Massieu
La versión de la embajada
El 8 de octubre de 2013, sin fanfarria alguna, el gobierno de Estados Unidos liberó 110 páginas de documentos clasificados por casi 20 años. El archivo, que puede ser consultado en línea, detalla uno de los dos crímenes más importantes del turbulento 1994: el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Los datos y citas textuales de la siguiente narración, que busca reconstruir el análisis estadunidense del homicidio y la investigación, provienen de esos documentos.
1994
Septiembre
A diferencia de los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y el cardenal Posadas en meses previos, los detalles de este crimen parecen ser claros desde un inicio. La víctima, José Francisco Ruiz Massieu, sale del hotel Casa Blanca, a unas cuadras de Reforma.
Son las 9:22 de la mañana del 28 de septiembre, y momentos antes ha concluido un desayuno político del Partido Revolucionario Institucional, en el que participan 180 diputados. Al abordar su automóvil, “un tirador solitario” se acerca a Ruiz Massieu. Saca una pistola nueve milímetros y le dispara a quemarropa del lado izquierdo del cuello. Es casi seguro que prepara un segundo tiro, pero la pistola se encasquilla. El hombre huye a pie.
El tirador es arrestado poco después por un policía bancario. Las autoridades lo tienen en custodia al mismo tiempo que Ruiz Massieu va camino al Hospital Español, a donde llega a las 10:06. Joseph Manso, funcionario de la sección política de la embajada de Estados Unidos, escribe que según “información no confirmada”, necesita de asistencia mecánica para respirar. 24 minutos después es declarado muerto. En un cable enviado ese mismo día al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado, dice que sólo lo puede sostener por fuentes cercanas, ya que no hay nada oficial.
Al poco tiempo de que Manso redacta el cable, Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima y subprocurador en la Procuraduría General de la República (PGR), da la noticia a la nación: el secretario general del PRI, el próximo líder de bancada en la Cámara de Diputados, el ex cuñado y todavía hombre de gran cercanía al presidente Carlos Salinas ha muerto. Es el segundo priista prominente asesinado en seis meses.
Aparecen los reportes preliminares, filtrados desde alguna dependencia gubernamental mexicana. El detenido se llama José Roberto Ortega, y tiene alrededor de 30 años de edad.
En la sede de la embajada estadunidense, a unas cuadras del Casa Blanca, los funcionarios presentan teorías iniciales. Ruiz Massieu había sido gobernador de Guerrero. Es posible que haya estado vinculado con actos violentos —no especifican cuáles— en el estado.
Tal vez se trate de un ajuste de cuentas del pasado.
Las declaraciones no se hacen esperar. El primero en hablar es el presidente Salinas, quien anuncia una investigación y da condolencias a su propia familia, porque Ruiz Massieu había sido su cuñado. Después toca el turno al presidente electo, Ernesto Zedillo. Es un crimen en contra de todos los mexicanos, dice.
Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente del Partido de la Revolución Democrática y ex priista, hace uso político del evento: este tipo de actos deben persuadir a los mexicanos hacia una transición democrática pacífica.
A media tarde hay un nuevo anuncio de la PGR. El detenido no es José Roberto Ortega, sino Joel o Héctor Reséndiz, de Acapulco. La embajada, que dispone de un gran número de fuentes en distintos círculos, escucha dos teorías nuevas: la primera, es posible que sea una venganza del narcotráfico, y la segunda —aportada por alguien en el PRI— es que se trata de un ataque de los “dinosaurios” del ala vieja del partido, que se rehúsan a ser democratizados.
Al día siguiente la prensa y los mexicanos reaccionan con un “shock mesurado”. El gobierno, a través del procurador general de la República, Humberto Benítez Treviño —padre de #LadyProfeco—, modifica varios de los datos iniciales por segunda vez. Parece estar convencido de la identidad del sospechoso. Se llama Daniel Aguilar Treviño y es tamaulipeco. Confiesa y da varias pistas al gobierno, así como nombres de conspiradores. Ese mismo día comienza una operación policiaca “masiva” en Tamaulipas.
Mientras tanto, el PRI no pierde el tiempo. Aunque Ruiz Massieu todavía no ha sido sepultado, ya piensa en cómo reorganizar su baraja. Según Manso, probablemente sostendrá una reunión ese mismo fin de semana para elegir sucesores. El principal candidato a tomar la Secretaría General es Esteban Moctezuma, y el próximo coordinador de la bancada será Humberto Roque Villanueva.
Aunque “todavía no hay un motivo claro para el asesinato”, elabora Manso, las teorías mantienen un lugar en común, Tamaulipas. La primera opción, dice, es que el Cártel del Golfo haya tenido mano en el asunto. Pero acota, el CDG también “renta” gatilleros a quien pague por ellos. Pudieron haber sido autores materiales sin ser intelectuales. “De esta teoría hay muchas variantes”, comenta.
La segunda opción, según el gobierno mexicano, es que uno de los responsables puede ser Abraham Rubio Canales, quien dirigió la campaña de Ruiz Massieu para gobernador de Guerrero. Rubio es de Tamaulipas y conserva propiedades en el estado. Se encuentra preso, purgando una condena de 14 años, pues es culpable de perpetrar un fraude “de muchos millones de dólares”. Hay algo que parece dejar clara su culpabilidad en este asunto: Treviño y Carlos Ángel Cantú Narváez, ya identificado como su cómplice, trabajaban en el rancho de Rubio. Un hombre llamado Fernando Rodríguez González reclutó a ambos y les ofreció 50 mil pesos, o 15 mil dólares, por llevar a cabo el atentado. Eso dicen las primeras pesquisas del gobierno.
Los funcionarios mexicanos se acercan a la embajada para pedir ayuda. Quieren estar seguros de que el detenido es en verdad Aguilar Treviño. Entregan un juego de huellas dactilares, que llega a manos del FBI. Sin embargo, el FBI las desecha: no sirven para análisis. México promete enviar un juego nuevo. No se sabe si lo vuelve a hacer.
La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos lleva a cabo su propia investigación a partir de los datos disponibles. La pistola nueve milímetros fue vendida por vez primera, en 1986, en una ferretería de Roma, Texas, a Jacovita García, quien a su vez se la vendió a otra persona, y así sucesivamente. Estados Unidos todavía no tiene descifrado por completo el trayecto del arma.
Los mercados reaccionan de manera negativa, pero no en exceso. La bolsa de valores cae 1.95% al final del día del atentado. Había caído más, pero se recuperó al final de la jornada. Llegan reportes de que el gobierno mexicano intervino para nivelar el mercado. No queda claro qué tanto ni de qué forma, pero la especulación de la prensa mexicana sobre esto “parece exagerada”.
Roberto Madrazo, entonces candidato a gobernador de Tabasco, se acerca a la sección política de la embajada. Para él fueron “fuerzas oscuras” las que están detrás del homicidio. Entiéndase, dice el cable, el narcotráfico. “El homicidio puede hacer que muchos priistas, como Madrazo, se sientan en riesgo”, concluye.
Octubre
El primer fin de semana hay una cantidad considerable de arrestos. La embajada intenta entender lo que sucede, y para ello elabora un “Quién es quién” de los detenidos. Manso relata en el texto que Cantú Narváez, quien había huido a Brownsville, Texas, cruza la frontera de regreso y se entrega voluntariamente. Lo hizo “después de ver a su madre en televisión”, implorándole que se rindiera.
Surge más información sobre Fernando Rodríguez González, el acusado de financiar el homicidio. Es secretario técnico de una comisión en la Cámara de Diputados. La comisión la preside Manuel Muñoz Rocha. Varios de los familiares de Rodríguez son detenidos, entre ellos su hermano Jorge, quien confiesa entregar el dinero al tirador. También detienen a la esposa de Fernando y al hermano de la esposa; el chofer de Fernando, Jesús Sánchez, dice haber llevado al homicida afuera del hotel Casa Blanca. La pistola, según la investigación, proviene de José Pascual Álvarez, jefe de policía de San Carlos, Tamaulipas.
El nombre de Manuel Muñoz Rocha empieza a girar por la prensa mexicana. Se le atribuye, a través de la comisión en la Cámara, la compra de los boletos de avión de los responsables, y los medios de comunicación publican —sin fuente clara— que tuvo dos conversaciones telefónicas posteriores con los sospechosos. En la primera los regaña por sólo haber herido a Ruiz Massieu; de un inicio él tampoco pudo confirmar su deceso. En la segunda “expresa su placer ante la muerte del funcionario priista”. Con todos estos datos en el aire, la PGR pide que se lleve a cabo un juicio para desaforarlo.
El “Quién es quién” da más información sobre el primer sospechoso, Rubio Canales. Su hijo estaba comprometido con la hija de Ruiz Massieu. Padre e hijo son parientes políticos de Raúl Valladares, “teniente de Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo”.
El consulado de Matamoros envía un cable: la investigación ha llegado hasta Enrique Cárdenas, senador y ex gobernador. Uno de los detenidos lo menciona, pero después se retracta.
El 2 de octubre, Excélsior reporta un comunicado firmado por “El cártel más fuerte de Latinoamérica”, y supuestamente entregado a Carlos Salinas. El texto es una amenaza estilo ojo por ojo, en la que se dice que por cada perseguido que ellos tengan, una figura de la vida pública —actor, deportista, político— morirá. La embajada descarta casi de inmediato que el mensaje sea verídico. “Tan sería un tiro por la culata” que hay dudas serias sobre su autenticidad, comenta al final del texto el embajador James Robert Jones.
Los medios también entran al juego de la especulación, y más de uno compara a México con Colombia, donde Pablo Escobar sigue operando. El embajador sospecha que el debate “se sensacionalizó para aumentar ratings o circulación de periódicos”.
En su opinión, los cárteles mexicanos “carecen del interés y el poder” para enfrentarse abiertamente con el gobierno mexicano.
El 7 y 8 de octubre hay un intercambio de cartas entre el gobierno mexicano y la embajada. La juez penal 12 de distrito, en la ciudad de México, Olga Estrever, gira una orden de aprehensión contra Manuel Muñoz Rocha, por su probable responsabilidad como autor intelectual del homicidio. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, pide a Estados Unidos que extradite a Muñoz Rocha; sospechan que huyó a Brownsville también. David Beall, segundo al mando en la embajada, responde con un acuse de recibo.
Al mismo tiempo, una carta dirigida a los medios de comunicación llega hasta los ojos de los funcionarios estadunidenses. Se trata de un texto de Marcia Cano de Muñoz, esposa del diputado, pidiendo que se entregue. La carta, con varias faltas de ortografía, asegura que hay garantías “indispensables” de seguridad para que Muñoz Rocha se presente a declarar. La última vez que lo vio fue el 27 de septiembre, asegura. Un día antes del homicidio.
Noviembre
Más información de Matamoros: el hijo de Rubio Canales ha sido detenido. Se le acusa de estar involucrado en la conspiración.
El día 22, Beall tiene una cita con Mario Ruiz Massieu. Poco antes de reunirse, Ruiz Massieu “cancela abruptamente” porque tiene que ir “de manera inesperada” a Los Pinos.
El 23, “ante un auditorio repleto” que incluye a medios y representantes del PRI, PAN y PRD, queda claro qué sucedió el día anterior. Ruiz Massieu renuncia en público, y repite las acusaciones que había hecho en televisión el día 14. El PRI estaba más preocupado por salvar su pellejo que por esclarecer el crimen. Señala a dos personas en particular, Ignacio Pichardo, presidente del partido, y María de los Ángeles Moreno, su eventual sucesora. Manso, el funcionario de la embajada recalca que durante todo este tiempo Ruiz Massieu “no ha ofrecido pruebas públicas de sus acusaciones”. En esta conferencia da a conocer sólo una supuesta carta firmada por Muñoz Rocha, enviada desde un lugar desconocido, en la que renuncia a su cargo. Ruiz Massieu dice que la carta se fabrica para evitar un circo mediático que afecte todavía más al PRI, el desafuero de un diputado por matar a otro. Los expertos del gobierno que analizan la firma aseguran que es de Muñoz Rocha.
Las afirmaciones de Ruiz Massieu “manifiestan una forma virulenta de las típicas divisiones de final de sexenio”, en la que “los funcionarios se están acomodando” para ingresar al próximo gobierno, comenta Beall. Pichardo es cercano a Carlos Hank, y Moreno a Beatriz Paredes, ambos enemigos de su mentor Jorge Carpizo.
Beall dice que el caso “comienza a tener matices de un Watergate mexicano”, y predice dos consecuencias. La primera, que Carlos Salinas saldrá perjudicado, y la segunda, que Ernesto Zedillo podrá incorporar miembros de otros partidos a su gabinete sin mayor objeción.
En las semanas siguientes suceden dos cosas extrañas. La embajada, a través del agregado jurídico, Stanley Pimentel, envía una carta a María Teresa de la Reva, funcionaria en Banco Confía. Quiere saber, “respetuosamente”, a quién pertenece una tarjeta de crédito y qué movimientos ha realizado desde septiembre. No explica en relación con qué, y no hay mayor seguimiento. Pero algún vínculo tiene que tener con la investigación, porque el documento forma parte del archivo liberado.
El consulado de Guadalajara recibe la visita de un ciudadano estadunidense, que a principios de mes estaba de viaje en Egipto. El hombre dice que “conversó con Manuel Muñoz Rocha en un museo de El Cairo”. Muñoz estaba acompañado “por dos personas con camisetas que tenían logotipos del PRI en la espalda”. El consulado se pone en contacto con las autoridades mexicanas, a través de otro Massieu, Andrés, un primo. Parece que le toman la declaración, pero no se vuelve a mencionar el tema.
Diciembre
El homicidio de Ruiz Massieu “domina los encabezados y la discusión política” en la semana de la toma de protesta de Ernesto Zedillo como presidente. Antonio Lozano Gracia es nombrado procurador. Mario Ruiz Massieu confía en que Lozano “traerá de vuelta el Estado de derecho a México”.
1995
Marzo
El último día de febrero, Pablo Chapa Bezanilla, flamante fiscal de la PGR adscrito al caso, lee un comunicado. Raúl Salinas de Gortari es detenido ese mismo día a las 14:30 horas y es acusado de ser coautor intelectual del homicidio. Chapa se basa en “movimientos bancarios, registros de coches, llamadas telefónicas y otra evidencia circunstancial”, en palabras de Samuel Brock, subjefe político de la embajada. “Resulta interesante” que no ofrezca ningún motivo en el homicidio, comenta el embajador Jones.
“Es posible que se trate de un momento crucial” en la historia mexicana, ya que nunca antes se ha hecho una investigación tan importante en un país donde “la impunidad de las elites es vista como la triste realidad de la vida”. Sin embargo, “no se puede evitar pensar que es una acción inquietantemente similar a la de su predecesor”, quien arrestó al líder sindical Joaquín Hernández, La Quina, para dar un golpe de timón.
El embajador Jones dice que “un priista enterado” admite después del anuncio de Chapa que perderán las gubernaturas de Guanajuato y Yucatán frente al PAN.
La sorpresa de la detención es doble: “el júbilo sobre lo que parecía ser el inminente arresto del subcomandante Marcos se disipó rápidamente”, añade.
Todo mundo está a favor del arresto del hermano del ex presidente. La prensa se vuelca con Zedillo. “Ya es presidente de México”, dicen los columnistas. PAN y PRD resaltan que México se acerca a la transición democrática. Jesús Murillo Karam, gobernador de Hidalgo, está a favor. Incluso Elba Esther Gordillo, descrita por un funcionario de nombre Walsh como “secretaria saliente” del sindicato de maestros, parece estar de acuerdo.
En días posteriores, Estados Unidos, a través de un funcionario de apellido Berg, de la división política de la embajada, compila un dosier con “una fracción” de todo lo que ha escuchado sobre Raúl Salinas. El cable se llama “un dedo en cada pastel”. Salinas importa carne de Nueva Zelanda y Australia a precios por debajo del mercado, una fuente anónima dice que importa azúcar y consigue que México declare en crisis a la industria nacional, lo cual abulta sus arcas personales. Es mencionado como “un intermediario” que puede “ayudar” en conflictos entre Pemex y empresarios texanos. La acusación más repetida es sobre sus manejos de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). No sólo se le acusa de desviar fondos, sino de autorizar la manipulación de los componentes químicos de la leche que vende la compañía.
Un empresario británico de nombre Kaveh Moussavi, que trabaja para IBM, testifica en una demanda en contra del gobierno mexicano que Salinas obtuvo un 10% de comisión en un trato entre Mitsubishi y Pemex, en el que Mitsubishi logró un contrato para ampliar la refinería de Salina Cruz. “Nada mal para un día de trabajo”, recalca con ironía.
De ahí, entre tantos otros negocios, es que se le apoda El señor 10%, dice la embajada, pues es el porcentaje que obtiene como intermediario entre gobierno y particulares.
Una columnista de Excélsior, de nombre Manu Dornbierer, relata desde 1991 que Raúl y su hermano Enrique formaban parte de una asociación que controlaría 50% del Hipódromo de las Américas por 25 años. Después de publicar la información, su columna deja de aparecer en el periódico.
En cuanto a sus supuestas relaciones con el narcotráfico, se menciona el testimonio de Juan Nepomuceno Guerra, supuesto fundador del Cártel del Golfo, quien en algún momento declara que él y Salinas construyeron un parque industrial en Tamaulipas. La segunda acusación está censurada por el gobierno estadunidense, y saldrá a la luz en 2020.
El propio embajador Jones comenta: “el texto anterior es sólo un muestreo de las muchas alegaciones, rumores y acusaciones públicas y privadas en contra de Raúl Salinas, sus prácticas de negocios cuestionables, sus presuntos vínculos con el narcotráfico y su supuesto tráfico de influencias. Las ofrecemos para que los lectores vislumbren la reputación pública y privada de Raúl Salinas frente a los mexicanos, la de un canalla de proporciones inmensas”.
Remata: “hasta ahora hemos leído o escuchado muy pocas cosas que contradigan esta impresión”.
Chapa manda llamar a Mario Ruiz Massieu para que testifique sobre por qué no investigó a Salinas. Seis horas después, Ruiz Massieu sale de la PGR y toma un avión hacia Nueva Jersey. Declara que el viaje lo tenía planeado “desde hace mucho tiempo”, aunque la prensa lo califica de “una huida de la justicia”. Al día siguiente busca abordar un vuelo Newark-Madrid de Continental. Pero es detenido antes de subir al avión: declaró traer consigo 10 mil dólares, cuando en verdad eran más de 40 mil. Fuentes de la PGR le dicen al embajador que pedirán la extradición ese mismo 4 de marzo. Para el 6, prometen, tendrá lista la orden de aprehensión. Ruiz Massieu será acusado de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, cohecho, obstrucción de la justicia y encubrimiento.
Junio
Inicia el proceso de extradición contra Ruiz Massieu. El magistrado Ronald Hedges, quien lleva el juicio, se muestra sumamente escéptico desde el inicio. Comienza declarando que la historia de Ruiz Massieu es un “cuento con moraleja” sobre la corrupción y el poder. “De aceptar lo aquí dicho”, comenta, “esta corrupción inicia desde la familia de un ex presidente de México, incluso posiblemente desde el ex presidente, e incluye a un familiar del mismo, a uno de los principales encargados de la aplicación de la ley en México, a una cadena de fiscales federales y hasta la policía judicial federal”.
Hay una duda persistente sobre la calidad de la investigación del homicidio. Hay al menos cuatro versiones distintas de los implicados. Muchas veces no estuvieron presentes sus abogados mientras declaraban. Hay probabilidad de que hayan sido torturados. Al menos en el caso del principal acusado, Aguilar Treviño, no hay declaración suya en el expediente, sólo el testimonio de quien lo interrogó, explicando cuáles fueron las supuestas respuestas de Aguilar. Para Hedges todo carece de lógica, y tampoco entiende por qué Ruiz Massieu huye del país. “Nada tiene sentido”, concluye. Niega la extradición por el desaseo en el expediente. El abogado defensor aprovecha la situación y pide libertad bajo fianza. El magistrado es claro: si lo deja en libertad es obvio que huirá del país.
Noviembre
El día 15 Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, es detenida en Suiza con su hermano, después de llegar a un banco en Ginebra con un poder notarial para abrir una de las cajas de depósito. La caja está a nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez. Adentro hay dos pasaportes con nombres distintos, el ya mencionado y Juan José González Cadena. Ambos tienen la foto de Raúl Salinas “e información de otras cuentas bancarias”. La agencia de narcóticos del gobierno suizo alerta al banco, que le niega el acceso a la caja a Castañón. En días posteriores aparecen otras cuentas en Londres, Luxemburgo, Alemania y Bélgica. Se sospecha que también en las Islas Caimán. Hay al menos 100 millones de dólares bajo diversos nombres. En México la prensa especula que el dinero proviene del narcotráfico. Berg no lo cree así; parece ser que su fortuna proviene del “10%”.
Carlos Salinas declara —no se sabe desde dónde, lo cual crea sospechas de que está escondido— que desconocía las actividades de su hermano. En el cable se recalca que esto genera risas en el Distrito Federal.
Berg dice que “uno casi hasta puede sentir el malestar que deben estar sintiendo aquellos cercanos a Carlos Salinas” por las acciones de Zedillo.
No hay forma de que Carlos Salinas no supiera qué hacía su hermano, agrega. Pregunta retórica: “¿Pudo haber colaborado con él o haber sido la fuerza que lo guiaba?”. Una encuesta circula por los medios, los mexicanos creen que es el presidente que más dinero ha robado. Un funcionario de la embajada, en un día lluvioso, escucha el siguiente comentario de su taxista: Salinas hasta se robó el sol.
Antonio Lozano Gracia se reúne con el embajador Jones durante el mes, a petición de la embajada, para informar cómo van las investigaciones de Colosio, del narcotráfico y de Ruiz Massieu. De Colosio dice que todavía no descartan nada, del narcotráfico que Juan García Ábrego será detenido en los próximos meses, y de Ruiz Massieu que tienen abierta una línea de investigación para vincular a Raúl Salinas con el narcotráfico —y tal vez el motivo del crimen— de forma directa, aunque todavía no encuentran la relación. Pero sospechan de Justo Ceja, ex secretario particular de Carlos Salinas, y prófugo en Canadá. Lozano pide a la embajada que si llegan a saber de él, lo detengan para que México lo interrogue. Dice que la prensa exagera la cantidad de dinero en las cuentas de Raúl Salinas. Según sus cálculos, son mil millones de dólares, no 15 mil.
Estados Unidos ofrece ayuda, pero también desliza una crítica dura. Sabe que los criminales mexicanos siempre eluden a la policía en el último momento, que hay motivos para desconfiar de la justicia mexicana. Lozano asegura que esta vez no sucederá. La reunión concluye con Lozano diciendo que “el caso contra Salinas es extremadamente fuerte”, y que será sentenciado por el homicidio “alrededor de febrero” del próximo año.
Diciembre
Luis Téllez, jefe de gabinete de Ernesto Zedillo, acude a una reunión con el embajador Jones. Muestra su enojo ante lo que el percibe como una falta de ayuda de ese gobierno en el caso Ruiz Massieu, en particular con la extradición de su hermano, a quien Estados Unidos alguna vez describió como “sucio”. Zedillo, a través de Téllez, “se muestra preocupado” de que Estados Unidos “busque un arreglo con Mario Ruiz Massieu”. El embajador le asegura que no es el caso, pero que lo verificará con su país.
Jones agrega que Estados Unidos ha hecho lo que ha podido, y que incluso los bancos de su país han ayudado a esclarecer las cuentas de Salinas. Citibank dijo que 67 millones de dólares habían sido transferidos a través de ellos a Suiza, vía Nueva York, pero que Salinas no tenía cuenta en el banco. La embajada le pide a Téllez que México deje de presionar a Citibank: “tantas filtraciones de información” sobre su relación con Salinas dañan su imagen.
Téllez hace una petición a nombre de Zedillo. Quiere procesar a una persona, pero sólo se le podrá denunciar si Estados Unidos “aporta información creíble”. El nombre del individuo está clasificado hasta 2030.
El último funcionario que aparece en las 110 páginas de documentos es Natividad González Parás, entonces subsecretario de Gobernación y después gobernador de Nuevo León. González Parás le dice “en secreto” a Estados Unidos que está convencido de que Raúl Salinas mandó matar a Ruiz Massieu. Comenta que “había sido políticamente cercano a Ruiz Massieu, y que estaba al tanto de desacuerdos entre ambos”. Ejemplifica con un caso, el cual está censurado hasta 2020. El análisis del embajador Jones sobre lo que dice González Parás lo conoceremos en seis años.
Epílogo
Mario Ruiz Massieu murió en 1999, tras permanecer tres años en arresto domiciliario en Nueva Jersey. Se suicidó con una sobredosis de antidepresivos, según el acta de defunción. La comentocracia mexicana especula que sigue vivo, pues su cuerpo nunca fue visto en público.
El juicio de Raúl Salinas concluyó en 1999 y fue declarado culpable. Se le sentenció a 27 años de cárcel, pero, en revisión de su caso, fue exonerado del homicidio en 2005. En 2013 un juez determinó que su fortuna era “excesiva” pero no necesariamente ilícita. Al salir de la cárcel, en 2005, declaró que “mi estrategia a partir de ahora será estar al lado de la legalidad”.1
Manuel Muñoz Rocha no ha vuelto a aparecer. Chapa Bezanilla creyó haber encontrado sus huesos en la finca El Encanto, cuando una vidente apodada La Paca lo llevó al lugar del entierro. Posteriormente, se descubrió que esos huesos habían sido “plantados” por un familiar de la mujer. Chapa cayó en desgracia poco después, y junto con Lozano Gracia fue relevado de su puesto en la PGR.
La orden de aprehensión contra Muñoz Rocha prescribió en 2009.
A la fecha no hay autores intelectuales del homicidio, sólo un autor material, Daniel Aguilar Treviño, quien purga una sentencia de 50 años.
Al igual que los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y del cardenal Posadas, el caso de José Francisco Ruiz Massieu permanece abierto dos décadas después.
Esteban Illades
Periodista y editor.
1 Relea, Francesc, “Raúl Salinas queda en libertad después de 10 años de cárcel”, El País, 15 de junio de 2005, disponible en: http://elpais.com/diario/2005/06/15/internacional/1118786407_850215.html. Fecha de consulta: 19 de noviembre de 2013.
http://www.nexos.com.mx/?p=15697
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