En un pequeño poblado indígena las mujeres unidas han documentado el aumento del abuso sexual infantil. Los hombres del pueblo guardan silencio y con ello protegen a los abusadores. Ellas se organizan creando una asociación civil, con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales se dan a la tarea de transformar las conductas sociales que avalan el incesto y el abuso normalizado.
Entonces un grupo de líderes comunitarios defensores de “usos y costumbres” deciden llevar a cabo una campaña, no para proteger a niños y niñas, sino para desacreditar a las activistas. Incitan a que sean apaleadas, humilladas y castigadas.
Ahora ellas tienen dos batallas por ganar, la primera por el bienestar de la infancia, la segunda por su propia seguridad. Denuncian, pero el Ministerio Público considera, siguiendo el consejo de los líderes comunitarios, que las activistas han roto el contrato social, están evidenciando la desigualdad de poder, haciendo público el incesto, entonces la autoridad silenciosamente colabora con los líderes para castigarlas. Ahora ella tienen tres batallas: por la infancia, contra los abusadores y contra la autoridad corrupta.
Estas mujeres, además, tienen una vida privada que se ve trastocada diariamente por las batallas que han decidido dar. El desgaste emocional, familiar, social y económico se acumula como una sofocante montaña de carbón que arrebata el aliento. Pero ellas han elegido ser un escudo social contra la violencia, la impunidad y el silencio.
Su compromiso ético las ha convertido en salvaguardias para la protección social, en escudos humanos para sus compañeras. Viven alerta día y noche. Hay gente que aplaude su labor, pero no las protege.
Miles de mujeres escudo, profesionales de los derechos humanos, de hermanas, madres, hijas, esposas y compañeras, se juegan la vida contra la impunidad y conforman la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; son parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Colombia y México son los países donde es más peligroso ser defensora derechohumanista.
Parte de la sociedad, acompañada por servidores públicos se niega a la erradicación de las violencias, se resiste a la mejora del medio ambiente, al derecho a la movilidad humana, a defender la tierra y el agua, a la igualdad social, jurídica y económica.
Sólo juntas y con gran profesionalismo fueron capaces de documentar las cifras del horror:118 defensoras de derechos humanos gravemente agredidas. En dos años 25 ciudadanas que decidieron hacer la diferencia fueron asesinadas por los enemigos de las libertades.
En una reunión mundial en Ginebra, Suiza, se demostró que si bien los derechohumanistas están en peligro, las mujeres dedicadas profesionalmente a ello son violentadas con mayor intensidad por ser mujeres. De allí que las ataquen sexualmente a manera de escarmiento por atreverse a asumir su liderazgo, las apresen ilegalmente, las torturan, les fabrican expedientes judiciales falsos para desviar sus esfuerzos laborales y enfocarse en su propia defensa. Las estigmatizan, les hacen campañas de desprestigio mediático pagadas por empresas o gobiernos locales, las agreden, las amenazan y eventualmente las asesinan.
Esto se agrava siempre cuando las mujeres son indígenas y campesinas, pues el persistente racismo arrebata eco a sus voces y desestima la importancia de su trabajo comunitario.
En 2012 se promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se decretó la creación de mecanismos de protección. Lo cierto es que incluso las activistas mexicanas que viven con protección del mecanismo reciben agresiones con mayor encono a partir de que denuncian las amenazas.
Está plenamente evidenciado que el 87% de los agresores de mujeres activistas son actores del Estado, es decir autoridades municipales, estatales y federales. Los policías y militares constituyen el 14.3% de los agresores. El 34% son empresarios y seguridad privada y el 15% es gente de la propia comunidad.
Pero ¿por qué debe interesarle a usted esto? Muy sencillo: porque son sus hijos e hijas, las mujeres de su comunidad, nuestra tierra y agua pura, nuestro derechos a la información y libertad de prensa, nuestro derecho a la participación política y a una vida libre de violencia lo que ellas defienden para que toda la gente pueda seguir con sus vidas mientras alguien más construye un mundo mejor.
Ellas protestan ante la impunidad, de allí que criminalizar la protesta es criminalizar la libertad de toda la sociedad.
Ultimadamente, proteger a una defensora de los derechos humanos de su comunidad, exigir que trabaje en libertad, protegida y segura, es convertirse en cómplice de la construcción de la paz sin jugarse la vida. Para que usted esté segura, ellas deben estarlo también.
@lydiacachosi
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