¿Para qué hacer las cosas bien si es tan fácil hacerlas mal? Después de todo, cualquier buena acción al promulgar una reforma constitucional puede ser enmendada con una ley secundaria que la dé al traste. Cuando creíamos que por fin el gobierno se había puesto del lado del interés público, al promulgar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones el año pasado, vemos con horror que a la hora de la verdad le temblaron las corvas.
El proyecto de ley secundaria que finalmente pasó la Presidencia al Legislativo es un cocido español al que se le incorpora todo tipo de sobras, algunas de procedencia indefinida. Peor aún, en el caso de la ley, algunos de los ingredientes tienen una procedencia muy definida: Televisa.
En el añejo pleito entre los dos grandes gigantes empresariales de este País, Carlos Slim y Emilio Azcárraga, el Gobierno Federal se decantó por este último. Mientras que en telefonía celular calificó de preponderante (es decir monopólica) la presencia del Grupo Carso, en televisión abierta —donde la presencia de Televisa alcanza un 70 por ciento del espectro— decidió aplicar un criterio tramposo al fusionar televisión con radiodifusión, diluyendo así el peso del imperio Azcárraga ante la ley.
Desde luego es encomiable el esfuerzo de esta iniciativa para acotar el enorme conglomerado de Slim. De ahora en adelante los competidores de telefonía celular podrán utilizar la infraestructura física de América Móvil sin costo alguno, lo cual mejorará la competitividad en el sector pero no necesariamente la señal del celular que a usted y a mí se nos cae de manera continua. Tal como está redactado, el proyecto de ley desincentiva toda inversión en la red física, ya que puede ser utilizada por cualquier actor sin necesidad de ampliarla o mejorarla. Algo tendría qué hacerse para desmontar al monopolio y, al mismo tiempo, asegurar el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones en el País.
Pero el mayor retroceso reside en la ampliación de las atribuciones de la autoridad en la definición de contenidos informativos en México. La nueva ley subordina las facultades autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda. En materia política, Gobernación puede intervenir cuando juzgue que alguna noticia sea “contraria a la seguridad del Estado o al orden público”, una verdadera aberración por donde se le mire (punto que fue abordado en este mismo espacio hace una semana).
Se advierte una evidente intención de “desciudadanizar” al Ifetel en las posibilidades que este organismo tendría para regular a las empresas de cara al interés público. No sólo porque lo subordina a las dependencias oficiales en temas torales, también porque privilegia una estructura interna más favorable al cabildeo de los operadores, que a la participación de la comunidad.
En materia de comunicación digital y nuevas plataformas, la nueva legislación es ambigua en el peor de los sentidos. Con el pretexto de defender la propiedad intelectual y los derechos de contenidos en Internet, la iniciativa deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales. Esto es, proporciona a la Segob y a la Secretaría de Comunicaciones una coartada perfecta para justificar el cierre de portales y la persecución de periodistas y comunicadores incómodos y críticos. Tendría que encontrarse la forma de asegurar la propiedad intelectual de los participantes sin que ello derive en una espada de Damocles arbitraria y ambigua al servicio del poder político.
Finalmente, la iniciativa ofrece una pantalla legal al espionaje gubernamental, pues soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet. “Entre otras cosas, permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación”, (Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC).
Hay, desde luego, algunos aspectos encomiables en la reforma de las telecomunicaciones. El mero esfuerzo de tocar el interés de los monopolios es plausible en sí mismo. Pero da la impresión de que luego de una reforma constitucional anunciada en términos ambiciosos y optimistas, pasaron dos cosas a la hora de aterrizarla. Por un lado, le salieron al PRI las tentaciones autoritarias en un terreno tan codiciado como es el de la conformación de la opinión pública contra el impulso democrático, cargaron las exigencias del poder arbitrario. Y por otro, la presión de los poderes fácticos, particularmente de Televisa, terminó por minar algunas de las buenas intenciones.
Sería lamentable que el gobierno de Peña Nieto perdiera la ventana de oportunidad histórica que ahora tiene para modernizar el espacio público de este País. Es tiempo que el PRI decida si quiere ser el del pasado o el del futuro de México. El momento de saber si es el del siglo 20 o el 21.
@jorgezepedap
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