Pero aquí la protección a los intereses particulares es cada vez más obvia. Cada vez más evidente. Cada vez más contraproducente. Porque cuando el Estado claudica, los intereses privados se imponen día tras día, decisión tras decisión, como lo acaban de hacer en el Senado donde se aprobó la llamada "Ley Peña-Televisa" con 80 votos a favor: 50 del PRI, 23 del PAN, 5 del PVEM, 1 del PT y 1 del NA. Allí está el sometimiento, reflejado en la postura de los legisladores frente a las televisoras. En la posición de los senadores cercanos a Felipe Calderón que siguieron dándole a Televisa todo lo que quiso, al igual que en el sexenio pasado. En el esfuerzo por reducir la autonomía del Ifetel, que había sido creado precisamente para mejorar la regulación en el sector.
El gobierno de Enrique Peña Nieto en el tema de la televisión ya ni siquiera finge ser un medio para mejorarla en nombre del interés público; demuestra que es el protector de intereses particulares. Promueve el enquistamiento de privilegios anti-democráticos en un país que ha sido paralizado por ellos. Promueve el debilitamiento de órganos reguladores por quienes quieren limitar su función. Promueve el diseño de leyes cuya intención no es beneficiar al país sino a quienes intentan gobernarlo como siempre. Las televisoras proponen y el Estado dispone. Al hacerlo revela que el gobierno funciona para unos cuantos. Al empujar iniciativas que abiertamente van en contra de las mayorías, evidencia los enclaves privilegiados de las minorías.
Pocas iniciativas revelan tanto este afán como lo que el Senado acabar de aprobar. Televisa y el gobierno de Enrique Peña Nieto y 80 legisladores cogidos de la mano, devolviéndole a la Secretaría de Gobernación facultades de supervisión, monitoreo, reserva gratuita de canales, verificación y sanción de las transmisiones. Dándole a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la capacidad de opinar en materia de prórroga de concesiones. Quitándole al Ifetel la capacidad de llevar a cabo sus atribuciones en el tema de competencia en telecomunicaciones. Negándole a las audiencias los derechos que deberían tener. Incrementando escandalosamente los tiempos de publicidad y otorgándole al Ejecutivo tiempos adicionales a los que ya tiene el Estado. Marginando aún más a las radios comunitarias e indígenas. Impidiendo que las instituciones públicas de educación superior que cuentan con medios -como TV UNAM, Radio Educación, el Canal 22, el Canal 11 o el IMER- reciban presupuesto adicional para enfrentar los retos de la modernización tecnológica.
Allí están los ejemplos de una ley que en lugar de fomentar la competencia, la inhibe. Que en vez de resistir la posibilidad de censura, la permite. Que en vez de poner límites a la rapacidad privada, renuncia a hacerlo. Que en vez de sentar los lineamientos para una televisión moderna, plural, de buena calidad, los ignora. Que en vez de garantizar un sistema de radiodifusión público, lo vuelve un peón del gobierno. Que en vez de regular de manera simétrica a Carlos Slim y a Televisa, opta por proteger oligarcas, de nuevo. El Estado opta por claudicar, de nuevo.
Y es una claudicación promovida por quienes no encuentran otra manera de proteger sus intereses más que poniendo el gobierno a su servicio. 80 senadores que votaron como lo hicieron, violando la Constitución al cerrar los ojos ante la propiedad cruzada y la preponderancia de facto y el enlazamiento de la televisión con negocios como la telefonía, los casinos, los espectáculos y el deporte. El monopolio sin fin. Paso a paso, creando un gobierno que se ve coludido, comprado, lejos del país que se mueve en la dirección correcta. Voto tras voto, creando un gobierno que no entiende por qué debe actuar en nombre de la población o -al menos- fingir que lo hace. 80 senadores y un Presidente construyendo un gobierno que evidencia cómo se ejerce el poder en México: para pocos.
Fuente: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=30751#ixzz36mIR8fls
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