La impunidad con la que opera Miguel Ángel Yunes Linares se ha recrudecido hasta convertirlo en un enemigo público. A nadie sorprende verlo envuelto en un escándalo de corrupción, pues son la esencia de su carrera política y el sello de esa dinastía familiar con tintes de cacicazgo que le ha abierto caminos a la opulencia.
En el más reciente de dichos escándalos —hay que puntualizar que es el más reciente más no el último, pues seguramente habrá muchos más— se ha difundido una conversación telefónica en la que se le escucha acordar con el panista queretano Miguel Martínez Peñaloza transferencias por más de 7 millones de pesos.
En un lenguaje pobremente codificado, se refieren al dinero como “documentos” y dialogan sobre la manera de pasarlo de manos, con la tranquilidad de quienes están acostumbrados a este tipo de operaciones furtivas.
Con esta grabación se reitera que Yunes es un corruptor de la acción política del PAN, partido en el que ha hecho escuela en lo que a política negra se refiere, contaminando de mañas a una nueva generación de políticos.
Es el caso del propio Miguel Martínez Peñaloza, quien al parecer ya forma parte de esa red de corrupción que ante el disimulo de Gustavo Madero ha tejido Yunes en su partido.
Aquí hay que condenar con toda claridad que, en tanto Presidente de Acción Nacional, el menor de los yerros del propio Madero ha sido actuar con lenidad y hacerse de la vista gorda ante el tráfico de influencias y recursos ilícitos que hoy recorre a ese partido como un río subterráneo.
Igualmente, ¿cuál de las figuras señeras del PAN ha salido a defender la honra de sus colores? ¿Dónde están los jóvenes de manos limpias o el propio Consejo Nacional, antes consciencia de la institución?
Entendemos que no es fácil enfrentar el poder de Yunes, pues lo hemos hecho: Siguiendo el mandato de la Asamblea de Líderes del movimiento nacional Volver a Empezar, en abril de 2013 presentamos formalmente una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por el delito de enriquecimiento ilícito, aportando pruebas contundentes (entre ellas estados de cuenta de diversos bancos internacionales) para acreditar que ambos poseen cuantiosas fortunas y propiedades que no se relacionan con sus ingresos públicos ni con sus declaraciones patrimoniales.
No obstante, no podemos sino manifestar un extrañamiento ante el hecho de que la Procuraduría General de la República no solo no avanzó en la investigación, sino que ni siquiera nos convocó para ratificar la denuncia.
En ese periodo hubo presiones y amenazas, pero no nos arredraron pues lo que está en juego no es el destino individual de Miguel Ángel Yunes, sino el mandar el mensaje a la sociedad mexicana de que no serán solapados su desfachatez y su arbitrario uso de los recursos públicos, pues de no enfrentarlo seguirá siendo un lastre para quienes desean limpiar el sistema político mexicano.
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