No está claro que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete compacto tengan claro lo que enfrentan, como demostró el diseño del encuentro con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, donde una reunión de 90 minutos se volvió en una sesión de más de 300 minutos, y tras obligarlo a firmar la minuta de los acuerdos ante la amenaza que no se irían de Los Pinos sin esa rúbrica, ofrecieron una conferencia de prensa para descalificar el documento por “insuficiente”. Sus asesores no vieron venir ese desenlace. Suena inverosímil, pero el contexto que soslayaron era el plan de acción insurreccional que ayudaron a confeccionar algunos de los invitados por Peña Nieto.
Este plan no es secreto. Quedó establecido en los “acuerdos, tareas y pronunciamientos” de la II Asamblea Nacional Popular realizada el pasado 24 de octubre en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, donde participaron 73 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, populares, de derechos humanos y representantes de diversas regiones del país. La declaración más importante es la definición de los hechos en Iguala como un “crimen de Estado”, por lo cual, afirman, deben ser juzgados el Presidente, el secretario de Gobernación, el procurador general, el ex gobernador y el fiscal general de Guerrero, además del ex alcalde de Iguala, su esposa y el ex secretario de Seguridad Pública local, que están prófugos.
La Asamblea ha confirmado con acciones sus declaraciones. Pedía hace una semana la desaparición de los poderes de Guerrero, sin importar que Ángel Heladio Aguirre se retirara del cargo. Este miércoles atacaron Casa Guerrero, la sede del poder estatal, y demandaron la desaparición de poderes. El costo de oportunidad para el desorden y la anarquía es cero, porque las instituciones y sus policías están paralizadas, rehenes de una realidad que no parecen alcanzar a comprender.
La Asamblea dijo que darían “golpes certeros” al poder económico y político del régimen actual, mediante el bloqueo a las empresas trasnacionales, la toma de edificios públicos, alcaldías, medios de comunicación, puertos y aeropuertos, saboteando las elecciones del próximo año si los normalistas no aparecen. En la Asamblea se pidió que a nivel nacional se atacara directamente a empresas como Coca-Cola, Pepsi y Bimbo. Este miércoles, se atacaron vehículos de Coca-Cola en Guerrero, y se han venido tomando la autopista hacia Acapulco y medios de comunicación. Con respecto a las alcaldías, tienen ocupadas más de 20.
El propósito de todo es avanzar “hacia la constitución de un solo movimiento nacional unitario que coordine y organice todas las acciones a nivel nacional e internacional, para lo que urge a todos los sindicatos, organizaciones sociales y políticas, a los campesinos, estudiantes y movimientos urbanos, a incorporarse “de inmediato a este proceso de lucha”. Este planteamiento es, en síntesis, un llamado a la insurrección nacional, que comenzaron a deslizar los grupos guerrilleros en sus continuos comunicados durante el último mes. Los movimientos armados consideran que las condiciones para el levantamiento fueron creadas en Iguala, y han venido anunciando que se preparen para la lucha.
En la conferencia de prensa que ofrecieron los padres de los normalistas, representantes de Ayotzinapa y activistas por derechos humanos tras la reunión con el Presidente, el fraseo de varios de ellos se puede ubicar en el contexto de los comunicados guerrilleros. Puede ser coincidencia o no. Sin embargo, si se realizan análisis de contenido de discursos públicos, el mismo lenguaje y objetivo se puede encontrar en los maestros de la Coordinadora en Guerrero –vinculada con la disidencia magisterial-, en Oaxaca y en Michoacán, así como también en algunos de las facciones más radicales del PRD y de Morena. La lucha contra las instituciones y el cambio de todas ellas porque representan a “la mafia del poder”, es el discurso recurrente del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Por la vía de la fuerza, los grupos que buscan el cambio drástico en Guerrero están avanzando encuentran la respuesta del gobierno federal de inyectar recursos para contener la inquietud. Lo mismo hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1994 cuando se alzó el EZLN, y las condiciones se mantienen igual o peor que en ese entonces, mientras los zapatistas mantienen la declaración de guerra contra el Estado Mexicano. Veinte años después está en marcha un nuevo alzamiento en Guerrero, distinto al de Chiapas, pero más efectivo y más violento.
La parálisis gubernamental sugiere una tendencia: la expansión de esta disputa por el poder, que encuentra una fuente de energía en la descomposición social. Pero en algún momento el Presidente se dará cuenta del proyecto político alterno que enfrenta, que encontró su salida en las desapariciones forzadas de Iguala. La solución, entre menos capacidad política demuestre y más se demore, irá dejando cómo única posibilidad la fuerza, que nadie, comenzando por la Presidencia, debe querer emplear.
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