Calificar los terribles sucesos de Ayotzinapa como crimen de Estado es un error, es producto de la ignorancia, de la deshonestidad intelectual o de algún propósito distinto al de esclarecer los hechos, adjudicar responsabilidades e imponer los castigos correspondientes. Señalar a Peña Nieto como el responsable del supuesto crimen de Estado es una calumnia, es la imputación falsa a una persona de la comisión de un hecho que la ley califica como delito a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no fue quien lo cometió.
En asuntos de la gravedad de Ayotzinapa es imperativo conducirse con la mayor seriedad posible: en las investigaciones, en el armado de expedientes, en los procesos judiciales, en la información proporcionada, en la adjudicación de responsabilidades, en el tratamiento de las víctimas o sus familiares. Si se habla de un crimen hay que precisar cuál. Si se habla de una cadena de mando hay que definirla. Si se habla de distribución de responsabilidades hay que determinarlas. Si se habla de reparación del daño hay que concretarlo.
También hay que ser cuidadosos con el lenguaje. Las palabras no son neutras. Tienen consecuencias. Propician o inhiben comportamientos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre salvo que, a través de la palabra, se tengan propósitos de naturaleza distinta a la de aclarar los hechos, asignar responsabilidades, castigar los delitos e impedir que sigan cometiéndose.
Ayotzinapa no es un crimen de Estado ni el presidente Peña Nieto es el responsable. Es un crimen abominable, debe pervivir en la memoria, debe encontrarse a los responsables, deben ser castigados, debe dar pie a que se tomen medidas que impidan su repetición, debe servir para revisar la estrategia contra la violencia.
No se trata de minimizar su gravedad. Hay evidencia de que las desapariciones forzadas o asesinatos de los 43 normalistas fueron cometidos por la acción conjunta de la autoridad local y las organizaciones criminales que operan en Guerrero. Es probable que se descubra también la complicidad activa del gobierno estatal.
El gobierno federal también tiene responsabilidades. Y graves. Algunas de carácter estructural y otras coyunturales. Es responsable de la lenta reacción y de la absurda explicación que ofreció para no intervenir. Es responsable de que los órganos de inteligencia no hayan alertado a los encargados de la seguridad sobre el historial delictivo y vínculos con el crimen organizado del alcalde de Iguala, es responsable de no haber abierto una investigación a partir de la información que recibió la Procuraduría.
¿Queremos más? Es responsable de la debilidad de las instituciones y de lo poco que ha hecho por remediarla; de no haber hecho prácticamente nada por frenar la impunidad; de una estrategia fallida en contra de la inseguridad; de pensar que con una nueva narrativa y la disminución de la cobertura mediática de la violencia ésta dejaría de ser un problema; de haber dejado en el olvido la agenda de seguridad, justicia y corrupción.
De lo que no es responsable es de un crimen de Estado. Ojalá y nunca tengamos que usarlo correctamente. Abusar del término en un momento de crisis nacional no es buena idea. Un crimen de Estado tiene características que lo distinguen y, con toda su gravedad, Ayotzinapa no las comparte.
Los crímenes de Estado son de destrucción masiva e indiscriminada. Van acompañados de un discurso justificatorio que “legitima” su comisión en aras de un bien mayor. Los acompaña también lo que los criminólogos llaman la “negación de la víctima”, esto es, un alegato que señala a las víctimas o a los exterminados como terroristas, agresores, criminales, traidores a la patria, indeseables o cualquier otra patraña. En los crímenes de Estado no se rechaza la existencia de límites al poder; simplemente “se lamenta que no puedan ser respetados” en las circunstancias extraordinarias en las que “tuvo” que ordenarse la masacre. En los crímenes de Estado están involucrados por acción u omisión todas las ramas y órdenes de gobierno.
Ninguna de estas características está presente en Ayotzinapa. No se ha buscado justificar la masacre, la autoridad no ha negado a las víctimas ni se ha insinuado su vinculación con el crimen organizado, la guerrilla o grupos terroristas. Tampoco se ha argumentado que fue necesario traspasar la legalidad o los límites al poder. Mucho menos podría sostenerse que los poderes Legislativo y Judicial han sido partícipes. Por el contrario, se ha condenado el crimen y se ha iniciado una investigación para dar con los responsables.
Si no por honestidad intelectual, por precisión jurídica o por decoro, al menos por eficacia habría que abandonar el discurso de que aquí se ha cometido un crimen de Estado. Y digo eficacia porque culpar al Estado es no culpar a nadie. En cambio, investigar y en su caso sancionar a las autoridades locales y estatales, a la policía o a los Guerreros Unidos tiene algún sentido. Aunque claro, cabe la posibilidad de que la eficacia que se busque sea la de desestabilizar al país.
*Investigador del CIDE
amparo.casar@cide.edu
Twitter: @amparocasar
Fuente http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2014/11/12/991928
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