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¡Milagro! ¡Milagro! ¡Ha ocurrido un milagro!
Así
podrían gritar muchos al enterarse que Jesús Ubando López, Juez
Trigésimo Segundo de lo Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur
del Distrito Federal, dictó auto de formal prisión contra un anarquista
llamado Fernando “N”, quien está acusado de incendiar, junto con otros
individuos, la estación Ciudad Universitaria del Metrobús y un camión de
ese sistema de transporte, el 5 de noviembre pasado.
Y vaya que es un milagro lo que ocurrió en el Juzgado 32 a cargo de Ubando López, porque la realidad es que en este país no es delito grave quemar edificios públicos, saquear comercios, incendiar vehículos, secuestrar autobuses, apoderarse de las casetas de cobro de carreteras de cuota, robarse la gasolina o el diesel de las pipas, golpear a policías armados solo con un escudo, apoderarse violentamente de escuelas públicas, bloquear aeropuertos, carreteras y calles, mutilar monumentos históricos o incendiar puertas del Palacio Nacional, entre otros crímenes que se cometen con absoluta impunidad.
Quienes realizan tales actos contra la propiedad pública y privada agreden de alguna manera a los millones de mexicanos que directa o indirectamente pagamos el costo de su violencia. Sus delitos nos hacen perder horas de nuestras vidas, afectan nuestros ingresos y los de las empresas, sobre todo las más pequeñas, desvían nuestros impuestos a reparar lo que destruyen.
Increíblemente, hay quienes defienden las acciones de estos delincuentes alegando que los daños que causan son infinitamente menores a los que han ocasionado u ocasionan los miles de funcionarios y políticos corruptos que desde siempre han visto la riqueza de nuestro país y los impuestos que pagamos como un botín, que han actuado pensando primero en ellos y, tal vez, después en el país, que han tomado decisiones equivocadas que han resultado en varias quiebras económicas y el eterno subdesarrollo nacional.
Estos defensores de quienes violan la ley con absoluta impunidad afirman que primero deberían ser sometidos a juicio los funcionarios y líderes sindicales que se han vuelto millonarios abusando de sus cargos y poder. Preguntan, por ejemplo: “¿Quién es peor, el que quema un camión o un gobernante coludido con la delincuencia organizada? ¿el que bloquea calles o el gobernante que endeuda durante décadas a su país, estado o municipio? ¿el que saquea una tienda de conveniencia o el que saquea la tesorería pública? ¿el que ilegalmente cobra el peaje de una carretera o el funcionario que despilfarra nuestros impuestos?
La verdad es que ambos son funestos y ambos deberían responder por sus actos u omisiones. El problema es que en nuestro país es verdaderamente raro que uno o el otro tengan que enfrentar la acción de la justicia.
Por eso, muchos exclamarán que es un milagro lo que ocurrió en el Juzgado 32. Personalmente no creo que ocurrió algo sobrenatural en este caso. Simple y sencillamente falló el sistema que otorga impunidad al 99% de los pillos mexicanos. Alguien se equivocó en ese juzgado.
Y vaya que es un milagro lo que ocurrió en el Juzgado 32 a cargo de Ubando López, porque la realidad es que en este país no es delito grave quemar edificios públicos, saquear comercios, incendiar vehículos, secuestrar autobuses, apoderarse de las casetas de cobro de carreteras de cuota, robarse la gasolina o el diesel de las pipas, golpear a policías armados solo con un escudo, apoderarse violentamente de escuelas públicas, bloquear aeropuertos, carreteras y calles, mutilar monumentos históricos o incendiar puertas del Palacio Nacional, entre otros crímenes que se cometen con absoluta impunidad.
Quienes realizan tales actos contra la propiedad pública y privada agreden de alguna manera a los millones de mexicanos que directa o indirectamente pagamos el costo de su violencia. Sus delitos nos hacen perder horas de nuestras vidas, afectan nuestros ingresos y los de las empresas, sobre todo las más pequeñas, desvían nuestros impuestos a reparar lo que destruyen.
Increíblemente, hay quienes defienden las acciones de estos delincuentes alegando que los daños que causan son infinitamente menores a los que han ocasionado u ocasionan los miles de funcionarios y políticos corruptos que desde siempre han visto la riqueza de nuestro país y los impuestos que pagamos como un botín, que han actuado pensando primero en ellos y, tal vez, después en el país, que han tomado decisiones equivocadas que han resultado en varias quiebras económicas y el eterno subdesarrollo nacional.
Estos defensores de quienes violan la ley con absoluta impunidad afirman que primero deberían ser sometidos a juicio los funcionarios y líderes sindicales que se han vuelto millonarios abusando de sus cargos y poder. Preguntan, por ejemplo: “¿Quién es peor, el que quema un camión o un gobernante coludido con la delincuencia organizada? ¿el que bloquea calles o el gobernante que endeuda durante décadas a su país, estado o municipio? ¿el que saquea una tienda de conveniencia o el que saquea la tesorería pública? ¿el que ilegalmente cobra el peaje de una carretera o el funcionario que despilfarra nuestros impuestos?
La verdad es que ambos son funestos y ambos deberían responder por sus actos u omisiones. El problema es que en nuestro país es verdaderamente raro que uno o el otro tengan que enfrentar la acción de la justicia.
Por eso, muchos exclamarán que es un milagro lo que ocurrió en el Juzgado 32. Personalmente no creo que ocurrió algo sobrenatural en este caso. Simple y sencillamente falló el sistema que otorga impunidad al 99% de los pillos mexicanos. Alguien se equivocó en ese juzgado.
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