En todo el episodio de la tristemente célebre “casa blanca” de Las
Lomas hay dos preguntas que no han sido del todo respondidas y que
aclararían si en el fondo de todo este escándalo, por encima del derecho
a la privacidad de la primera dama, hubo o no un conflicto de interés
por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
La primer pregunta sería para la esposa del Presidente: ¿por qué de
todas las constructoras que existen en México, a la señora Angélica
Rivera se le ocurrió comprarle a Constructora Teya, propiedad de Grupo
Higa, la casa de Sierra Gorda 150 valuada en 86 millones de pesos? ¿No
pensó que comprarle una casa de tal lujo al principal contratista que
tuvo su esposo como gobernador del Estado de México —y cuyas empresas
obtuvieron contratos de hasta 22 mil millones de pesos— podía prestarse
a sospecha por la relación entre su marido y el constructor?
La segunda pregunta tendría que contestarla el Presidente, pues fue su
decisión: ¿por qué cancelar el contrato ya asignado a la empresa China
Railway y a sus socios mexicanos —entre los que figuraba Grupo Higa—
cuando su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, había
asegurado, ante las quejas de otras compañías que no pudieron registrar
sus propuestas por falta de tiempo, que “todo se había hecho de manera
legal y abierta”.
Al cancelar una licitación que supuestamente estaba en regla se generó
otra vez la sospecha de que se trató de corregir una situación anómala o
irregular al tomar una decisión tan drástica que nos costó no sólo el
reclamo oficial del gobierno de China, sino un oneroso pago por
compensación que tendrá que hacer el gobierno mexicano a la constructora
china y a sus socios.
En aras de la transparencia y la rendición de cuentas esas dudas
tendrían que ser claramente despejadas. Porque por encima de las
motivaciones políticas que pudieron llevar a destapar el tema de la
casa, propiedad de la señora Rivera, y por encima de su legítimo derecho
a comprarse una propiedad con los ingresos millonarios que dice haber
recibido de Televisa, lo que subyace en el fondo es la credibilidad del
Presidente y el vínculo innegable que existe entre la constructora Teya
—propietaria formal de la lujosa residencia que le fue vendida en
facilidades a la esposa del presidente— y Enrique Peña Nieto, quien como
gobernador no sólo otorgó millonarios contratos a esa constructora y a
su matriz Higa, sino que además tuvo una cercanísima relación con el
hijo fallecido del constructor Armando Hinojosa Cantú —Juan Armando
Hinojosa García—, quien fue su compadre.
El peso de esa relación, construida a lo largo de todo el sexenio como
gobernador, hace que cualquier otro argumento sobre la privacidad de la
esposa del presidente —o la legitimidad de sus ingresos y sus
propiedades y patrimonio personales— pasen a segundo plano. Lo que
importa aquí es dilucidar si una compañía constructora, que aún
participa en las licitaciones del gobierno federal, favoreció a la
esposa del presidente, incluso en una transacción totalmente legal, como
pago al trato que recibió como contratista privilegiada del gobierno
mexiquense. Ese sí es un tema que cae directamente en la transparencia y
la rendición de cuentas de los gobernantes.
Y si, como dijo la señora Rivera en su ya viral conferencia televisiva,
“no hay nada que esconder”, entonces que se aclare a detalle cuál fue el
papel que jugó esa relación entre el contratista y el político. Ese es
el único punto que podría generar un conflicto de interés y si no lo
hubo esas dos preguntas simples tendrían que tener también respuestas
simples y entendibles para todos los mexicanos. Porque si el presidente
envió a su secretario de Comunicaciones a explicarle a los directivos
extranjeros de China Railway Construction las razones por las que
canceló el contrato para la Construcción del Tren de Alta Velocidad de
Querétaro, se entiende que las mismas razones podrían ser ofrecidas
también a sus gobernados.
*NOTAS INDISCRETAS… *Una reforma al sistema municipal y a la seguridad
en los municipios es parte de lo que anunciará esta semana el presidente
Enrique Peña Nieto, según adelantó ayer el secretario de Gobernación,
Miguel Osorio Chong. El diagnostico de la “debilidad del Estado” se
centra en la incapacidad del nivel municipal para garantizar la
seguridad de sus habitantes y propone cambiar la esfera de facultades. A
eso se sumará una Comisión de Estado en la que se involucra a los tres
poderes para atender los casos de estados con violencia grave... Los
dados repiten Escalera. La semana promete.
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109955.php
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