Que coman pastel - Denise Dresser

“Que coman pastel”, dijo alguna vez una reina francesa al enterarse de la hambruna que padecían los campesinos de su país. Desde entonces la frase se usa para criticar a gobiernos insensibles, frívolos, alejados de la población a la cual ignoran. Como Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Como Luis Videgaray. Como Aurelio Nuño. Como tantos miembros de una administración que no entiende la dimensión de la crisis que enfrenta ni cómo superarla. Un equipo enconchado que no sabe reconocer sus errores ni corregir el rumbo. Una camarilla contenta consigo misma que intenta minimizar lo que ocurre en México diciendo que los ciudadanos han vivido “claroscuros” y están “enojados”, pero ya se les pasará. Mientras sepulta el Sistema Nacional Anti-Corrupción. Mientras argumenta que los conflictos de interés que destapan la cloaca de la corrupción son un asunto “entre particulares”.

Ante esa falta de responsabilidad política, ante esa ausencia de admisión de errores, ante esa incomprensión sobre la rendición de cuentas que todo gobierno debe asumir, es aplaudible que dos ciudadanos lleven a cabo la tarea que Peña Nieto y los suyos eluden. La tarea de investigar los conflictos de interés y sancionarlos. La tarea de combatir la corrupción y penalizarla. Y por ello Luis Pérez de Acha y Darío Ramírez emprenden lo que llaman el “Litigio Casa Blanca”, motivado por la declaración de impuestos que Angélica Rivera subió a su página de internet, en un intento por justificar la compra de terrenos y construcciones en Sierra Gorda 150 y 160.

Una declaración de impuestos que genera dudas legítimas, preguntas ineludibles, sospechas fundadas. Porque se trata de un simple formulario que puede modificarse e imprimirse cuantas veces se quiera sin efecto fiscal alguno. Porque algunos puntos fiscales no cuadran con los documentos que constan con el Registro Público de la Propiedad. Porque Televisa si bien aceptó que le prestó a Rivera la casa de Palmas, no ha reconocido que le pagó 130 millones de pesos por un “contrato de exclusividad”.

De allí el imperativo de que el SAT confirme si la información contenida en la declaración de impuestos de la Primera Dama es verdadera, sobre todo con respecto al pago de 130 millones por parte de Televisa. De allí la importancia de que el gobierno reconozca que Angélica Rivera sí es funcionaria pública -aunque no maneje recursos públicos o que su cargo sea honorario- lo cual se desprende del artículo 108 de la Constitución Federal y el Convenio de la ONU Contra la Corrupción. De allí la urgencia de que Angélica Rivera, como funcionaria pública que es, presente su declaración patrimonial de 2012 y 2013.

Este no es asunto “entre particulares”. Es una obligación de orden público encaminada a transparentar la conducta patrimonial de quienes gobiernan. Y si la Primera Dama no hace lo que Luis Pérez de Acha y Darío Ramírez están exigiendo -a nombre de millones de mexicanos más- va a ser merecedora de la destitución del cargo como presidenta del DIF. Y si no hace lo que por ley está obligada a hacer, quedará la sospecha de que pudo haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224 del Código Penal Federal. Aunado al cargo de tráfico de influencia y cohecho. Sumado a la “discrepancia fiscal”, producto de la disparidad en su patrimonio no justificado con declaraciones patrimoniales, que pudo llevarla a cometer el delito de defraudación fiscal.

Acusaciones graves que merecen respuestas claras. Sombras que se ciernen sobre un gobierno que debe esclarecerlas en lugar de negar su existencia.

Hasta que esas interrogantes no sean contestadas, la señora Rivera goza de la presunción de inocencia. Pero lo que ella y su esposo y cualquiera que ocupe un puesto público debe comprender es que su conducta no es un tema “entre particulares”. Es de “orden público e “interés social” que los ciudadanos conozcamos el comportamiento de los funcionarios que viven de nuestros impuestos. Cómo se integra su patrimonio. Cómo se relacionan con contratistas que han ganado licitaciones de forma poco transparente. Cómo reaccionan el SAT y la ASF y la SFP ante sospechas públicas de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

Hasta el momento la reacción de las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción ha sido escandalosa. Nos han dicho “coman pastel” en lugar de averiguar por qué la ciudadanía está tan hambrienta de justicia. De rendición de cuentas. De aclaraciones convincentes y no sólo pastelazos presidenciales.

Leido en http://www.elmanana.com.mx/opinion/52576