“The Economist”, medio alineado a los intereses del neoliberalismo y que apenas en marzo pasado elogiaba a Videgaray por la reforma que abrió el petróleo mexicano a la inversión extranjera, opina que el caso Videgaray fortalece la percepción de que Peña Nieto y su gobierno está en medio de un conflicto de intereses violatorio de diversas disposiciones legales.
Cuando se conoció el caso de la “casa blanca”, tanto el vocero del gobierno, como la señora Angélica Rivera y el presidente mismo, alegaron que no había tal conflicto de intereses porque la primera dama no es una servidora pública.
Videgaray recurre a un argumento parecido: la casa la adquirió en octubre de 2012 cuando no era funcionario público, lo que no es del todo exacto. En esa época, en efecto, no estaba contratado por el gobierno en turno, que era el de Felipe Calderón. Entonces, era jefe del equipo de transición del presidente electo Peña Nieto y le tocó negociar, obtener y repartir la jugosa partida, incluida en el presupuesto, destinada a pagar y solventar los gastos del grupo político que tomaría posesión de Los Pinos un par de meses después.
¿No se es servidor público desde el momento en que se maneja una partida del presupuesto?
Aceptemos, sin conceder, que Videgaray no lo era y que lo fue hasta dos meses después, cuando tomó posesión como secretario de Hacienda. Él mismo declaró que el crédito hipotecario que le hizo la empresa Bienes Raíces H&G (Higa) lo obtuvo el 10 de octubre de 2012 para comprar la casa valuada en 7.5 millones de pesos, y que, “por razones financieras”, decidió liquidarlo con recursos propios el 31 de enero de 2014.
¿Le alcanza a un servidor público, así sea secretario de despacho, liquidar con su sueldo de 14 meses un préstamo de 7.5 millones de pesos?
Se ve difícil, pero aceptemos que, como dijo Videgaray, echó mano de los ahorros de toda una vida de trabajo. ¿Por qué, entonces, el inmueble aparece en su declaración patrimonial como una operación de contado sin que así lo fuera? Él explica en la respuesta que difundió por escrito, que a su declaración adjuntó la siguiente precisión: “… aparece como operación de contado siendo en realidad de crédito (¿?), en razón de que el formato no permite identificarlo cuando se trata de un contrato de préstamo no bancario”.
Qué cosas, el secretario de Hacienda aceptando que mintió y recurriendo a los perniciosos créditos no bancarios.
De ninguna manera se ha deslindado el conflicto de interés ni con la casa de Malinalco ni con la casa de las Lomas. La revelación de ambas operaciones golpea en la línea de flotación al gobierno de Peña Nieto, cuya credibilidad se hunde al igual que la de su hombre de mayor confianza que es, además, el responsable de las cuentas nacionales. Es grave, muy grave.
Las fallidas respuestas del gobierno incluyen el argumento de que estos ataques son promovidos por los intereses afectados por las reformas transformadoras. Cuesta trabajo creerlo porque esas reformas transformadoras favorecen a los intereses que podrían promover tales ataques. A menos que esos intereses quieran “bajarle el perfil” a quienes, por ser los instrumentadores de las reformas, exijan mucho en el “reparto del pastel”.
Leído en http://www.debate.com.mx/opinion/Una-hipoteca-turbia-20141215-0060.html
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