De acuerdo con un comunicado de denuncia que dieron a conocer este lunes, quienes los privaron de su libertad se erigieron en un jurado popular. “Ese mismo grupo de personas que golpearon a los periodistas, les juzgaron y condenaron a pagar tres mil pesos por las agresiones a uno de sus compañeros”, se precisó en la denuncia. “Les obligaron a decir una versión falsa de los hechos: que los periodistas agredieron a los manifestantes, les exigieron una disculpa pública y que jamás habían sido secuestrados. Todo ante la presencia de una turba que en todo momento insultó, agredió e intentó linchar a los periodistas”.
Ninguna autoridad ha intervenido en este caso. Tampoco se ha preocupado por ellos ninguna organización internacional protectora de periodistas. Nada de esto sorprende. En el primer caso, no hay autoridad en Guerrero que haga respetar ni procurar la ley. En el segundo, como los periodistas no forman parte de la agenda política de las organizaciones defensoras de las garantías de los periodistas en México y sus agresores no son autoridades, lo que les suceda a ellos no es relevante.
Son los tiempos mexicanos. Se entiende —no se justifica—, por el activismo político antisistémico que desarrollan los órganos defensores de los derechos humanos de los periodistas, y se explica en el Gobierno Federal, porque no ha terminado de decodificar, con fines de acción, que en Guerrero no se juega sólo la estabilidad del estado, sino la creación de regiones autónomas y autogobiernos. En Guerrero hay una estrategia guerrillera, que tiene en acción ofensiva y beligerante a través de su frente de masas, que es el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Este movimiento es una organización paraguas bajo la cual se articulan los maestros de la disidencia, organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales, campesinos y de abogados. En esta red se conectan con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sus ramificaciones Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). Lo que le hicieron a los periodistas y sus familias en Tlapa de Comonfort fue un juicio sumario. Y las únicas organizaciones que hacen juicios sumarios, son las armadas.
En la primera línea del MPG se encuentra Ramos Reyes Guerrero, maestro rural bilingüe en Olinalá, que es secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, quien encabeza el ala ultra radical de la disidencia magisterial en Guerrero. Reyes Guerrero está al frente de las protestas en la Autopista del Sol, administrando la estrategia de confrontación que tiene incendiado a Chilpancingo.
Reyes Guerrero tiene vinculaciones con el ELN, y como segundos de a bordo en el movimiento se encuentran otros líderes magisteriales: Taurino Rojas, de Metlatónoc, que tiene averiguaciones previas por sedición y motín, a quien se le vinculó —él lo niega—, con el PROCUP-PdLP, la placenta del EPR. Otro cuadro de Reyes Guerrero en el movimiento es Minervino Morán, vocero de la disidencia, simpatizante del ERPI, y responsable de la zona de Chilpancingo, y César Tito López, coordinador de zona de la organización Me’phaa, que es una fachada del ERPI.
No son los únicos maestros involucrados en la dirección del MPG, que tiene brazos tácticos y operativos con otros grupos. Uno de los más importantes es con el Frente Popular Revolucionario (FPR), que dirigen Omar Garibay Guerra, y Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que también es fachada del ERPI. Otro cuadro relevante del FPR es la diputada federal del PRD, Rosario Merlín García, relacionada igualmente con el MPG, con quien también se asocia Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero, y enlace entre el ERPI y su frente político.
Reyes Guerrero, la cabeza más visible del ultra radicalismo, está en el centro del enjambre. Las redes del líder magisterial se extienden a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, las llamadas CRAC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que dirige Manuel Olivares, acusado de homicidio y adoctrinador en la Normal de Ayotzinapa, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encabezado por Abel Fernández, cuyos lazos con periodistas en la ciudad de México le brindan protección, y cuyo asesor jurídico, Vidulfo Rosales, simpatizante del ERPI, es el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos.
Toda esta red de vínculos no es un secreto de Estado, ni es algo que desconozca el gobierno federal. La han trabajado por años las autoridades y elaborado sus mapas de riesgo a partir de ella. Por qué carecen de estrategia que frene la violencia contra la sociedad, es un misterio. Lo que es una realidad es el abandono que de ella hacen las autoridades, como el sábado en el caso de los periodistas.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
Leído en http://www.vanguardia.com.mx/columnas-enguerrerojuiciosguerrilleros-2228180.html
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