En las dos últimas semanas se ha vuelto evidente una peligrosa confrontación que ataca el sistema nervioso del gobierno: entre el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y el procurador Jesús Murillo Karam. El secretario está atrapado entre las decisiones de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, por encima de sus atribuciones, que afectan al mando castrense, y los generales, coroneles y mandos superiores, cada vez más molestos a las políticas presidenciales –se asume que los civiles no tomarían decisiones sin la autorización de Peña Nieto-, y cada vez más menos dispuestos a obedecer sus órdenes.
El presidente Peña Nieto puso un bálsamo la semana pasada al nombrar al general Felipe Gurrola, que pertenece a las élites de Lomas de Sotelo, al frente de la coordinación de la tropa y la Policía Federal en Michoacán, tras la remoción del comisionado Alfredo Castillo y el cambio de modelo de seguridad y desarrollo en el estado. Parece una muestra de apoyo para los militares, después de semanas de sometimiento al poder político civil, y sólo después de que se volvió evidente la respuesta enojada de la Secretaría de la Defensa, al gabinete. Los detalles del último enfrentamiento entre el general y el procurador son públicos.
El 13 de enero pasado, luego de reunirse con los familiares de los normalistas desaparecidos y su cuerpo de abogados, el procurador Murillo Karam y el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, les prometieron que las puertas de las instalaciones militares que quisieran, se les abrirían, lo que provocó una reacción inmediata castrense. Ese día, en un comunicado de la PGR que llegó por correo electrónico a las redacciones de los medios a las 21:32 horas, informó que los padres habían hecho esa petición adicional. Los funcionarios les dijeron, de acuerdo al comunicado, que los cuarteles “están abiertos a todos los ciudadanos, y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”.
Menos de una hora después, a las 22:20, la Secretaría de la Defensa respondió. Por medio de un comunicado que llegó a los medios por correo electrónico, informó que el agente del Ministerio Público Militar había presentado una denuncia ante la PGR por los hechos sucedidos el día anterior, cuando alrededor de 200 personas, la mayoría con el rostro cubierto, intentaron entrar al 27 Batallón de Infantería en Iguala, donde los padres de los normalistas dicen que tienen a sus hijos. Esa gresca, en la víspera, fue lo que llevó a Miranda y Murillo Karam a decidir, por encima del general Cienfuegos, la apertura de los cuarteles, que no se ha hecho por la tensión y sacudimiento que se vive dentro del gobierno peñista.
No es la única tormenta palaciega que tiene Peña Nieto. El 19 de enero pasado, Ciro Gómez Leyva publicó en El Universal que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había renunciado en diciembre, pero que el presidente no se la había aceptado. Osorio Chong dijo que lo habían mal interpretado y que la versión era falsa. Gómez Leyva, sin embargo, había sido muy cuidadoso. En su texto reprodujo la pregunta directa si había renunciado, y el secretario respondió, en forma directa, que sí. Después de dos días, el tema pasó al olvido público, pero dentro del gobierno se desataron los demonios.
A Los Pinos llegaron las protestas de varios secretarios de Estado por la forma como Osorio Chong ventiló asuntos privados. Para varios de ellos, la columna fue cierta y el secretario de Gobernación incurrió en una afrenta al presidente, al sugerirse en el texto periodístico, a partir de sus dichos, que era imprescindible, y que él hizo lo que otros secretarios –enumerados entre otros, en voz del columnista, como los secretarios de Hacienda, Comunicaciones y el procurador-, debían haber hecho: abrir el mayor margen de acción al presidente. Los dardos iban cargados de señalamientos de deslealtad, al ventilarse, de otra manera, las contradicciones que se viven actualmente en el gobierno.
Pleitos en los gabinetes siempre han existido, pero sólo en los gobiernos panistas los hubo públicos sin consecuencias. La praxis política priista es que nunca emergían a la opinión pública, porque cuando eso sucedió, los ceses de quienes lo provocaron, fueron fulminantes. En un sistema vertical y excluyente como se diseñó la Presidencia de Peña Nieto, la disciplina y el silencio eran absolutos. El equipo era una roca, homogénea e internamente castradora. Ya no. Por lo mismo, que sus impugnaciones afloren de una manera tan violenta como hoy día, es otro pequeño reflejo de la crisis que arrastra el presidente desde el 26 septiembre, donde el lastre que no quiere sacudirse, lo sigue hundiendo más.
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