En la cultura política mexicana, en general, y en la priísta en
particular, mezclar negocios y política no es algo ilegal; ni siquiera
lo ven los políticos mexicanos como una falta de ética y mucho menos
perciben ningún “conflicto de interés” en beneficiar a sus amigos o
familiares y en obtener, a través de la creación de redes de interés
familiares, empresariales y de amistad, cualquier tipo de beneficio
material o económico.
Casi podría decirse que políticos y dirigentes de todos los partidos en
México no entienden cabalmente el concepto de “conflicto de interés”.
Primero porque, ante una regulación deficiente y vaga en las leyes
mexicanas —Artículo 8 de la Ley Federal de Servidores Públicos— que
solamente los obliga a “excusarse” en asuntos donde puedan tener interés
personal, familiar o de negocios, el tema queda casi en el ámbito de la
ética pública, algo que no conocen; y segundo, porque para ellos, los
políticos nacionales, el único interés que encuentran en la práctica
pública es beneficiarse del poder y obtener, a través del ascenso
político, también un marcado ascenso económico que abarca a sus redes.
Bajo esa lógica es que en Los Pinos no ven “conflicto de interés” alguno
en las múltiples casas regaladas, vendidas o financiadas por
contratistas que le han aparecido al grupo gobernante. “Todo fue legal”,
“fueron transacciones legales”, “los contratos se asignan con base en la
ley”, “yo la pague con mi propio dinero”, son algunas de las respuestas
genéricas y reiterativas que ha tenido el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto a escándalos que han indignado a los mexicanos y le
han dado la vuelta al mundo, dañando su imagen y credibilidad, como el
de la Casa Blanca de Las Lomas, financiada generosamente a su esposa
Angélica Rivera por Juan Armando Hinojosa y el Grupo Higa; o la casa de
Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que pagó con un
“crédito no bancario” y “en efectivo”, algo penado para los
contribuyentes, y más recientemente la casa del Club de Golf de Ixtapan
de la Sal, que el propio presidente Peña le compró en su primer año de
gobernador a sus amigos constructores, la familia San Román.
*VIEJA AMISTAD.* Si ya se documentó que de la mano del gobierno de Peña
Nieto en el Estado de México el grupo Higa creció con grandes y
millonarios contratos de obras de infraestructura, que luego
convirtieron al emporio de Hinojosa Cantú en contratista importante del
gobierno federal, el caso de los San Román es muy similar; además de la
relación de negocios, contratos y política, existe una añeja amistad
entre las familias que lleva más de tres décadas. “La familia del
presidente Peña y nosotros somos amigos desde hace 30 años, no hay nada
indebido (en la casa de Ixtapan) es algo que sólo quiere usarse para
dañar al Presidente”, declaró Eduardo San Román, quien a diferencia de
Juan Armando, sí hizo una defensa pública de su amigo y de sus negocios.
Eduardo San Román es el joven heredero de todo un emporio económico que
le dejó su padre, Roberto San Román Widerkehr, quien falleció en 2010, y
estuvo casado con Margaret Dunne, con quien tuvo tres hijos Eduardo,
Roberto Alfredo y Guillermo Antonio. Pero de los tres fue Eduardo quien
a su muerte asumió el control del grupo empresarial que hoy forman
Parque Acuático Ixtapan; Country Club Gran Reserva; hotel Ixtapan Golf
Resort Country Club (del cual es gerente general); fraccionamiento
Residencial Ixtapan; Promotora Ixtapan (constructora); además, de las
principales concesiones del agua de riego en el municipio de Ixtapan.
A título personal, Eduardo es propietario de la compañía Constructora y
Urbanizadora Ixtapan S.A. de C.V. (CUISA); la cual fue una de las firmas
que más obras públicas realizaron en el sexenio de Peña como gobernador
y la misma a la que el Presidente le compró la casa de Ixtapan cuando
aún vivía Roberto San Román.
*EMPRESARIOS Y CACIQUES.* La historia de los San Román, en la que se
entremezcla el mundo de los negocios y de la política, comenzó cuando su
abuelo, Arturo San Román, fundó en la década de los 40 el balneario de
Ixtapan de la Sal. A partir de ese negocio, que se convirtió en lugar de
descanso para varios encumbrados políticos del grupo Atlacomulco, se
formó un sólido cacicazgo político en el municipio, el cual se mantiene
hasta la fecha. No hay presidente municipal que no llegue con la
aprobación de esta familia o asunto que se decida en el municipio sin su
conocimiento.
Su fuerza política radica en las relaciones tan cercanas que han trabado
desde hace décadas con las familias y personajes del grupo mexiquense,
mientras que su influencia económica radica en que buena parte de la
economía de la región gira en torno a ellos, pues se estima que casi la
mitad de los habitantes de Ixtapan tienen una fuente de trabajo ligada a
las empresas San Román o a las propiedades familiares.
Entre las relaciones políticas de Eduardo San Román está la estrecha
amistad que tiene con el presidente Enrique Peña Nieto y con el
empresario Luis Maccise; los tres se conocen y son amigos de la
infancia, una relación que se extiende también a sus hijos. Pero no es
la única, otros miembros prominentes del grupo gobernante figuran entre
sus amigos cercanos: Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, Alfredo
del Mazo, ex director de Banobras, y el ex gobernador mexiquense Arturo
Montiel. De hecho, en el mismo fraccionamiento Country Club Gran
Reserva, donde se ubica la propiedad del Presidente, también tienen casa
Miranda, Del Mazo y Montiel, entre otros.
Ese es el nivel de cercanía entre empresarios y políticos en el Estado
de México. Y a la luz de esa convivencia, y gracias a un Congreso
federal débil y ausente y una ley federal laxa y difusa, es que se
produce la connviencia que hace que a tamaños escándalos sólo se
responda con un “fue una compra legal”.
*NOTAS INDICRETAS…* Sobre el trabajo realizado por Alfredo Castillo en
el último año hay dos visiones encontradas: la de quienes lo llamaron
Virrey y creen que no resolvió de fondo los problemas de legalidad,
seguridad y narcotráfico en Michoacán, y la de quienes, sin dejar de
cuestionar la legalidad de su figura, lo vieron como un enviado
presidencial que llegó a imponer el orden, capturó a casi todos los
capos Templarios y logró recuperar buena parte de la seguridad y la
tranquilidad que habían perdido los michoacanos, especialmente en la
región de Tierra Caliente. En medio de esas dos visiones, podría decirse
que la figura del comisionado federal fue casi un “mal necesario” porque
aunque siempre se supo que era extraconstitucional, las condiciones en
que se encontraba Michoacán cuando fue creada, eran de extrema urgencia.
Es cierto que el estado, y sobre todo la Tierra Caliente, no son las
mismas que en enero del 2014, que se recuperó cierta tranquilidad,
aunque tampoco se puede decir que en esa región no persistan condiciones
para que resurja la actividad delincuencial que sigue latente en el
experimento de la Fuerza Rural. Al final, en el balance del trabajo de
Castillo y de la estrategia de Peña Nieto para Michoacán, sigue faltando
que se recupere la economía del estado y de la región calentana a donde
no han llegado los recursos e inversiones prometidas; tampoco se ha
erradicado del todo la extorsión, los secuestros y las balaceras que,
aunque en mucho menor rango y frecuencia, se siguen presentando. Ya será
labor del nuevo mando militar que sustituyó al comisionado. Pero hay dos
cosas que le seguirán pesando a Alfredo Castillo: la primera, sus modos
nada políticos y muy altaneros que le valieron el rechazo de la clase
política y la prensa michoacana —que el viernes celebraba con júbilo su
salida— y el no haber podido detener a Servando Gómez La Tuta, a quien
él mismo definió como “la cereza del pastel” de su operación, mientras
que el Templario prófugo juraba que “nunca me voy a dejar atrapar por
Castillo”. Esa partida se la ganó el delincuente… Los dados mandan.
Serpiente doble. Semana Negra.
sgarciasoto@hotmail.com
Fuente: El Universal
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