la entrega gratuita de 13.8 millones de televisores digitales iniciada
por el gobierno de Enrique Peña Nieto en pleno año electoral, hay otros
dos cuestionamientos graves al programa: el primero es que las
televisiones de 24 pulgadas que se están regalando a la población de
escasos recursos no tienen acceso a internet, aun cuando ese fue uno de
los argumentos para entregar televisores y no decodificadores digitales,
y el segundo es que nadie sabe qué pasará con toda la chatarra de TV
analógicas que serán desechadas y que es una fuente de contaminación
ambiental.
En el caso del acceso a internet, el gobierno federal utilizó ese
argumento para modificar el mandato de la reforma constitucional y las
leyes secundarias en telecomunicaciones que obligaban al Ejecutivo
federal a entregar “aparatos receptores y decodificadores” para recibir
la señal digital en los hogares de menores recursos, según el artículo
transitorio quinto de la Constitución y el transitorio 19 del decreto de
legislación secundaria de junio de 2013. Pero para el 13 de mayo de
2014, la SCT publicó en el Diario Oficial el Programa de Trabajo para la
Transición a la Televisión Digital, y en él cambiaba: “se entregarán
televisores en lugar de decodificadores” y “la entrega física la hará la
Sedesol, en lugar de la SCT, por su alcance”.
Incluso, el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza,
justificó el 20 de mayo pasado en conferencia de prensa que optara por
repartir televisores en lugar de decodificadores: “Un beneficio
adicional que favorece la inclusión digital, es que los televisores
digitales pueden usarse como dispositivos de acceso a internet, tendrán
la conectividad para que el usuario pueda conectarse a internet”, dijo
en Nuevo Laredo.
Pero las 2.5 millones de televisiones que se han repartido hasta ahora
en el norte, noreste, Bajío, occidente y centro del país no tienen
dispositivos de acceso a internet, aun cuando se decía en el discurso
oficial que “el espíritu principal de la reforma de telecomunicaciones
es favorecer la conectividad de toda la población, especialmente la de
escasos recursos” ¿Cómo se conectarán si no se les dotó de una
televisión inteligente?
El mismo Ruiz Esparza trató de corregir el error cometido, a un costo de
5 mil millones de pesos por los televisores que ya compraron y pagaron
en tres licitaciones, con una declaración en la que dijo que en 2016 se
hará una nueva licitación para comprar aparatos que permitan el acceso a
internet y regalárselos a la misma población a la que se le entregaron
los televisores. Es decir, que en lugar de haber hecho una sola compra
de televisiones con acceso a internet, ahora el gasto para el gobierno
federal será doble.
El otro tema es ¿quién gana con el reparto de televisiones, además de
las familias que gustosas reciben uno de los bienes más preciados y
valorados por los consumidores en la actualidad? Información de la
fracción del PAN en San Lázaro señala cuatro empresas que abastecen a la
SCT. La primera y más beneficiada, con un contrato de 1 millón 96
televisores, es Grupo HTCJ; la segunda, con 942 mil 855, es
Comercializadora Milenio en conjunto con Diamond Electronics, y luego le
siguen Comarket con 242 mil 408 aparatos y Elektra del Milenio con 131
mil 941. Una licitación se hizo por “invitación a tres personas” con el
número IA-009000987-N320014 y la otra como Licitación Pública Nacional
Mixta LA-009000987-N73-2014.
Otra gran interrogante que no ha respondido la SCT es qué pasará con la
chatarra analógica que desechará la población. Grupos ambientalistas
calculan que podrían tirarse entre 17 y 20 millones de televisiones
analógicas, como ocurre en algunas ciudades, y el grave riesgo es que
cada uno de esos aparatos se estima que contiene un kilo de monóxido de
plomo, altamente contaminante y que inhalado o ingerido es dañino para
el organismo humano. Los ecologistas se preguntan por qué el gobierno no
hizo un programa de canje de una televisión digital por un aparato
digital, y de ese modo garantizar el manejo de esos desechos que hoy no
tienen ningún tipo de control.
A todo eso se añade la sospecha principal de que detrás de todas estas
decisiones haya un manejo político-electoral: ¿por qué si en el programa
de trabajo original se decía que las televisiones comenzarían a
repartirse en mayo de 2014 en la frontera norte para terminar en enero
de 2015 en el centro del país, la entrega se retrasó hasta noviembre
pasado y se planea terminar en abril o mayo de 2015 en plenas campañas
electorales? ¿Será verdad que la intención oculta de la digitalización
es “una tele por tu voto?
sgarciasoto@hotmail.com
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2015/01/110679.php
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