El discurso recuperó el lenguaje de manos vehemente del presidente, la voz enérgica y el tono desafiante. Por primera vez rompió incluso su criterio de no usar apodos ni retórica guerrera en su discurso sobre seguridad. A los 122 criminales que decidió su gobierno perseguir los llamó “blancos”, y no sólo ignoró el nombre de los dos más paradigmáticos, Joaquín Guzmán Loera y Servando Gómez Martínez, sino que lo identificó como ‘El Chapo’ y ‘La Tuta’. Cinco de cada seis de la lista gubernamental, han sido abatidos o “están tras las rejas”, dijo.
La palabra del presidente fue distinta a la que había utilizado previamente. Aún está lejos del discurso bélico de Calderón, pero ha encontrado en la estrategia de su antecesor la ruta de la recuperación de su propio modelo de seguridad. Después del fracaso de los ocho primeros meses, cuando dejó de combatirlo la Secretaría de Gobernación –que trajo el renacimiento de ‘La Familia Michoacana’ en ‘Los Caballeros Templarios’ y que Michoacán estuviera en el umbral de la guerra civil en enero de 2014-, retomó donde la dejó Calderón. Identificarían a objetivos –Calderón tenía a una treintena nada más-, e irían sobre las cabezas de los cárteles, sus esquemas de financiamiento, distribución y comercialización de drogas, para quebrarlos como organizaciones pulpo y atomizarlas en pandillas. Calca exacta de lo que hizo su antecesor.
La crítica permanente que le hicieron a Calderón, quedó hueca. Los asesores de Peña Nieto decían que el expresidente no tenía estrategia alguna, dicho más por ignorancia, pues la ruta que siguió el gobierno de Calderón para enfrentar a los criminales era la que se empleó en Nueva York, Miami, Chicago, Bogotá, Medellín y Palermo para acabar con las grandes organizaciones. Esa estrategia estaba cimentada en la fuerza policial y militar –en su discurso, Peña Nieto no habla en ningún momento de la Marina y el Ejército como parte de las fuerzas que han abatido a los criminales-, y tenía externalidades: las pandillas que surgían eran más violentas, constituidas principalmente por sicarios que se mudaban de delitos federales hacia aquellos del fuero común, como robo y secuestro.
Peña Nieto no está haciendo nada, en términos prácticos, que no haya hecho Calderón. Tardó ocho meses en entender que sus estrategas habían fracasado y en modificar la ruta. Ocho meses perdidos. La violencia, en términos nominales, admiten funcionarios federales, ha bajado desde abril de 2011, tal como lo afirmaba el gobierno calderonista. En su discurso, el presidente utilizó los datos que le proporcionó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que son los que hace escaso un mes entregó a la Cámara de Diputados para ensalzar la estrategia de su gobierno. Lo que no le dijeron al presidente es que las estadísticas están amañadas.
En el documento sobre el que basó sus cifras el presidente, se menciona que la tasa de homicidios dolosos se redujo 14.6% con respecto a 2013, y 11% con respecto a 2012. Las cifras de secuestros, en el mismo reporte, bajaron 18% con relación a 2013. En materia de robo, la disminución fue de 11% con relación a 2013 y 13.6% con relación a 2012. El total de la incidencia delictiva cayó 5% con respecto a 2013, y 7% en relación a 2012. Estadística para presumir, pero el presidente debería saber que si bien no es falsa, está incompleta.
Según el informe, intitulado “Principales Avances de la Política de Seguridad, 2014”, la metodología lo explica todo: averiguaciones previas de entidades federativas. Es decir, en 2013 y 2014 ya no se contabilizaron los delitos federales, como se hizo hasta 2012, cuando el índice de violencia era la suma de delitos federales y del fuero común. Esta diferencia metodológica es fundamental. De acuerdo con Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, el 60% de los delitos del fuero común nunca se denuncian por el temor a las autoridades locales.
Si se extrapola mecánicamente este dato, los totales que maneja el presidente tendrían que ser 60% superiores a los que mencionó. Además, a diferencia de la administración anterior, en el actual gobierno una averiguación previa se contabiliza como unidad, aunque dentro de ella aparezcan más de una persona acusada, lo cual, si bien optimiza los procesos, reduce aún más la estadística.
Pese a su manejo sibilino en el tema de seguridad, el gobierno del presidente Peña Nieto ha hecho notables avances desde el tercer trimestre de su administración, y alcanzado importantes victorias. Pero como reconoció el presidente, aún no se puede estar satisfecho. Mucho más tendrá que hacer en esta loca carrera contra los criminales, que es lo que hizo el gobierno de Calderón durante seis años, y cuya ruta retomó Peña Nieto, aunque no lo reconozca, para el resto de su gobierno.
Leído en http://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-1-abril-2015/
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