Sus negocios en Estados Unidos eran casi desconocidos en México, hasta que fueron utilizados como arma electoral en la contienda por la gubernatura de Nuevo León. Pero en Texas, la familia Medina es sujeta hace tiempo de una investigación del FBI y la DEA, que abarca tres países en dos continentes. Detonó cuando apareció el nombre del abogado Álvaro Briceño, como represente legal en varias de las empresas de los Medina. Briceño está vinculado a la investigación sobre Javier Villarreal, acusado de lavado de dinero en Texas, cuando fue tesorero en el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, porque encontraron que varios depósitos del inculpado, pararon en sus cuentas.
Los investigadores empezaron a analizar las operaciones financieras de los Medina, cuyo negocio empezó a florecer en 2007, cuando Rodrigo Medina fue nombrado secretario general de Gobierno de Nuevo León, en la administración de Natividad González Parás. El negocio creció exponencialmente en 2009, después de que Medina asumió la gubernatura. Lo que encontraron los investigadores fue que la primera operación de los Medina en San Antonio fue la compra de un terreno en 2006, apalancado con un crédito de cinco millones de dólares.
Hasta ahí todo era normal. Sin embargo, lo que notaron fue un patrón en la expansión inmobiliaria de los Medina que compraban terrenos en aquella ciudad texana back-to-back, préstamos paralelos –o depósitos de seguridad- en donde no se necesita dar bienes en garantía adicionales a los que ya se tengan invertidos en la institución a la cual se acude. Normalmente el banco receptor del depósito no es el mismo que otorga el préstamo, por lo que es difícil que lo detecten las autoridades. Es usual que se establezca un holding operativo para este tipo de operaciones, que se busca en países con baja tributación, como las Islas Caimán, a donde acudieron los Medina.
La forma como fueron armadas las operaciones y la utilización del mismo crédito para ir adquiriendo más propiedades, es un método que ven los investigadores que se repite en el lavado de dinero. Según personas que conocen las investigaciones, el FBI y la DEA no tienen pruebas de una actividad ilícita de Alejandro Medina, hermano del gobernador, y de Medina Ainsle, cuyos nombres aparecen en todas las propiedades, peso sospechan de actividades ilícitas.
Aldo Facsi, ex subprocurador en el gobierno de González Parás y ex presidente del PRI local, el primero en revelar con documentos las operaciones de bienes raíces de los Medina, asegura que a través de operaciones back-to-back vendieron terrenos entre 10 y 100 dólares, que luego revendieron como propiedades entre 300 mil y 400 mil dólares, al maximizar el valor catastral de los fraccionamientos, de 15 millones de dólares, a un valor comercial estimado en 40 millones. El rompecabezas de las operaciones aún no está del todo claro, pero de acuerdo con los documentos, de las 12 compañías inmobiliarias que crearon los Medina entre 2005 y 2013, cinco adquirieron más de 100 propiedades entre 2008 y 2012, para desarrollar dos fraccionamientos Sundance Ranch y Clearwater Ranch. Las empresas están incorporadas en dos empresas en las Islas Caimán, Northlake Holdings y Mesa Investments, bajo los nombres de Alejandro Medina y Medina Ainslie, respectivamente.
Facsi dijo a la prensa en mayo pasado que las empresas de los Medina formaban parte de una estructura que incluía tres constructoras locales y una franquicia, que lavaban el dinero que salía de presuntas extorsiones a proveedores. Empresarios y revelaciones en la prensa han señalado a Medina Ainslie, padre del gobernador, como la persona que exigía comisiones a los empresarios que hacían obra pública o proveían servicios al gobierno estatal.
La franquicia es de comida rápida y propiedad de un amigo de la infancia del gobernador, con quien su padre veía los negocios cuestionados durante la administración de su hijo. La franquicia creció casi al doble durante el sexenio de Medina, y parte de la investigación busca determinar con precisión de dónde vinieron sus ingresos y a dónde fueron los egresos. Las constructoras, de acuerdo con Facsi, fueron beneficiadas con obra pública en el gobierno de Medina.
Las operaciones financieras de la familia del gobernador han dibujado dos pistas de dinero. Una conduce a las instituciones bancarias en San Antonio, la sede del imperio inmobiliario, y la otra a Andorra, un principado en los Pirineos y paraíso fiscal entre España y Francia. No se ha establecido todavía un patrón de cobros y pagos, que tendría que ser un trabajo respaldado por las autoridades mexicanas. Tampoco se tienen noticias si el FBI y la DEA ya pidieron la cooperación de la Secretaría de Hacienda y de la PGR. En todo caso, no tardarán mucho en hacerlo.
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