Sin el spin gubernamental en los medios, se difundió que un juez federal los dejó en libertad. La PGR apeló el fallo y se está en espera su resolución. Los funcionarios regresaron al CISEN donde pasarán por el polígrafo, por lo que para efectos públicos, el caso está casi cerrado. No debiera ser así.
Este episodio es uno de los mejores ejemplos para explicar el colapso de los sistemas de seguridad y penitenciarios que sumió al presidente Enrique Peña Nieto y su triada de poder —el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Hacienda, Luis Videgaray—, en la peor crisis política del sexenio.
La presencia del CISEN en el penal de El Altiplano ayuda a entender las consecuencias del desmantelamiento de sistemas, procesos y protocolos construidos durante años para enfrentar a los criminales que fueron emprendidas por el actual gobierno que, por el daño que se auto infringieron, queda claro que nunca vieron lo fallido de sus actos.
El porqué el CISEN tiene que ver con los reclusorios, se responde con la decisión de Peña Nieto de cambiar el diseño institucional del gobierno, cuando durante el periodo de transición, aprobó que la Secretaría de Gobernación absorbiera la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Gobernación y represión en la misma mano es una receta tóxica, pero la concentración del poder, con la zanahoria y el garrote, influyó en la decisión. Sin que pareciera haber existido mayor reflexión, se involucionó en materia de inteligencia y policial 20 años, cuando tras la corrupción de la vieja policía política, la Dirección Federal de Seguridad, se fusionó en 1985 con la Dirección General de Investigaciones Política y Sociales, que dependía de Gobernación, en lo que fue la placenta del CISEN, que nació cuatro años después.
El CISEN fue creado como un órgano de inteligencia civil para recopilar información y procesarla para que aportara análisis, diagnósticos y opciones al presidente. Las tareas policiales dejaban de ser su función y responsabilidad, que recayeron en una subsecretaría dentro de Gobernación, que durante el gobierno de Vicente Fox se elevó al rango de secretaría. Pese a sus altibajos en la conducción y la insuficiencia de presupuesto, el CISEN se mantuvo fuera de la contaminación natural de las tareas policiales. Al llegar Peña Nieto y su triada, volvieron a juntar todo. Políticos jóvenes, nunca quisieron aceptar —porque críticas hubo en los medios—, que esa decisión era equivocada.
En el nuevo diseño institucional, Peña Nieto creó la Comisión Nacional de Seguridad integrada a la Secretaría de Gobernación. Al absorber toda la parte operativa y táctica policial, se fueron relajando los procesos, mutilando los sistemas, y desmantelando los protocolos de seguridad. Para efectos de este texto, una externalidad fue la desaparición de la llamada escuela de custodios, que se había separado de la Policía Federal para minimizar los riesgos de corrupción orgánica.
Una segunda externalidad fue que los protocolos en las cárceles de máxima seguridad se empezaron a ver bajo una óptica política —en otras columnas se detallará el desmantelamiento de ellos— y no meramente policial. La tercera es que le asignaron al CISEN en los hechos —que no por decreto—, la responsabilidad de inteligencia dentro de los penales. De esta forma profundizaron más el retroceso de dos décadas, donde la inoculación del aparato de inteligencia civil —que ve el atlas de riesgo de la agenda de seguridad nacional— de la inteligencia policial —que ve la agenda criminal—, desapareció al quedar integrada bajo la misma dirección. Por sugerencia de Osorio Chong, el presidente Peña Nieto designó al frente del CISEN, a Eugenio Imaz, con nula experiencia real en temas de inteligencia, pero cuya carrera política fue de la mano del ex gobernador de Hidalgo. Imaz tomó el control de la inteligencia en los penales de máxima seguridad, como El Altiplano, de donde se fugó “El Chapo” Guzmán, y actuó en paralelo con la Policía Federal, que había absorbido también a los reclusorios federales.
El CISEN desplazó al Ejército de las tareas de inteligencia en el exterior del penal, y de la vigilancia en el primer perímetro exterior de la cárcel. Tomó el control de una de las tres áreas de video monitoreo de una forma ilegal, porque no está en sus funciones y responsabilidades esa tarea, pero aún así —bajo la argumentación de que podría ser un tema de seguridad nacional—, falló en las tareas de contrainteligencia.
El CISEN no se percató —o no quiso ver—el desmantelamiento de los sistemas y protocolos que empezó el primer comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, que permiten que una cárcel sea de máxima seguridad, y le pasaron de largo las decisiones que tomó el ex comisionado en cuanto a procedimientos y las personas con las cuales los llevó a cabo. Hubo alertas sobre lo que estaba sucediendo y no se atendieron.
La fuga de “El Chapo” Guzmán no se consumó el 11 de julio. La fecha es anecdótica. Las condiciones para que la realizara se construyeron aún antes de que lo capturaran.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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Leído en http://www.vanguardia.com.mx/columnas-lapeorcrisisdepena%28i%29-2359219.html
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