Oseguera ha sido el objetivo principal de la investigación desde el principio, de acuerdo con funcionarios que han seguido el caso desde el principio. En la red de vínculos que elaboró la SEIDO tras la fuga, Oseguera encabezaba el árbol de las presuntas complicidades. Su nombre fue colocado ahí como consecuencia de la imputación de Sigifredo Nájera Talamantes, uno de los matones de Los Zetas que operaban en Nuevo León y Coahuila al que apodaban El Canicón, quien afirmó –según hizo trascender la SEIDO a la prensa-, que visitaba frecuente a El Chapo en su celda.
El Canicón, según las filtraciones, era vecino de Guzmán en el pabellón donde se encontraban, pero la exfuncionaria lo cambió por la rivalidad entre ambos. De acuerdo con funcionarios penales, Guzmán no tenía, por diseño, ningún vecino. Sin embargo, cuando la PGR abrió el penal a la prensa tras la fuga, había un interno en la celda 19, contigua a la 20 de El Chapo, donde estaba Mario Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo. La imputación de El Canicón que manejó la SEIDO en la prensa no iba a aguantar la prueba del juez, a menos que pudieran documentar con los videos y las bitácoras de El Altiplano, que de acuerdo con funcionarios penales, no existen. En todo caso, dijo uno, El Canicón no podía haber visto nada, porque se encontraba interno en la celda 11, casi a la mitad del pasillo, no al final donde estaba El Chapo. Su acusación ya se había descartado cuando el 7 de septiembre murió en su celda; oficialmente, por un paro respiratorio, aunque su familia sostiene que lo envenenaron. Aunque se desechó esa línea en los medios, se dejaron sembradas las semillas para la inculpación de Oseguera.
El siguiente paso en la construcción de culpables únicos se dio a mediados de septiembre, cuando la SEIDO filtró a la prensa que tanto ella como el director del penal –también preso- Valentín Cárdenas Lerma, habían pedido “permisos extraordinarios” para no estar en el penal la noche del 11 de julio, cuando se escapó El Chapo. De acuerdo con la información en los expedientes, Cárdenas Lerma no se encontraba en el penal porque ese fin de semana, como cada 15 días, descansaba. La SEIDO subrayó que tras la fuga tardó una hora en llegar a El Altiplano, sin añadir que vive, precisamente, a una hora de distancia. Esa noche estaba de guardia la directora jurídica, Leonor García, que tuvo que sustituirlo porque quien tenía la responsabilidad esa noche, Librado Carmona, director técnico del penal, pidió un cambio de rol. García está presa mientras que Carmona, que fue detenido en los primeros días para ser interrogado, está en libertad.
Oseguera, de acuerdo con sus declaraciones ministeriales, no se encontraba de “permiso extraordinario”, sino en su descanso natural. Cuando se fugó El Chapo se comunicó con ella su jefe, Juan Ignacio Hernández Mora, a la sazón comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Previsión y Readaptación Social, quien le pidió que se trasladara al penal. Oseguera voló desde Colima, donde pasaba el fin de semana en su casa familiar. A Hernández Mora le había avisado Ramón Pequeño, el director de Inteligencia de la Policía Federal, que tenía bajo su responsabilidad la vigilancia electrónica de los penales. Un grupo encargado de la vigilancia especial sobre El Chapo estaba a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). A García nadie le informó de la fuga, de la que se dio cuenta por que los agentes que lo monitoreaban corrían de un lado para otro dentro de El Altiplano.
La información diseminada por la SEIDO en los últimos días ha sido parcial y, en algunos casos, proporcionó versiones que fueron descartadas o nunca fueron tomadas en serio para presentárselas al juez. Lo que hizo la PGR –de quien depende la SEIDO-, fue solicitar la orden de aprehensión con contra de Oseguera, Cárdenas Lerma y una decena más de funcionarios, porque “incurrieron en omisiones que favorecieron” a la fuga, que sí es un delito tipificado. Con la documentación que entregó la PGR, el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Víctor Octavio Luna Escobedo, obsequió la orden de aprehensión 10 días.
El juez no supo, probablemente, que le estaban proporcionando información parcial y que de alguna manera los fiscales buscaron manipular su decisión. El juez no estaba para saberlo, pero el alegato central para encarcelar a los exfuncionarios del sistema federal carcelario está sostenido con alfileres y difícilmente se podrá probar durante el juicio, como se verá mañana en este mismo espacio.
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