Rendir cuentas es justificar la acción pública. No es solamente fundar en la ley lo que se hace, es también argumentar. Ha de mostrarse, por supuesto, que las decisiones gubernamentales se ajustan al dictado de las normas pero deben fundarse igualmente en la razón. Lo primero no supone lo segundo. Puede haber acciones legales que resulten injustificables y decisiones razonables que son, al mismo tiempo, contrarias al derecho. Poder sometido a la ley, acción abierta a la crítica, la democracia enlaza ambas exigencias: una lógica que sostiene el interés público de la acción y un comportamiento subordinado a la ley. Quiero decir que las penurias de nuestra democracia no son solamente las de la impunidad sino también las del absurdo. Vivimos bajo un régimen que cotidianamente da la espalda a la razón, que cultiva una clase política indiferente a los requerimientos elementales del argumento. Fundar la política en el capricho, la ignorancia y el prejuicio. Actuar porque me da la gana, decidir porque sí; darse el lujo de ignorar lo evidente; dejarse llevar por las manías.
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