Una investigación de EL PAÍS ha acreditado que el Gobierno de México volcó a los principales funcionarios de su embajada en Madrid en apoyo del ex gobernador de Coahuila y que Arely Gómez González, Procuradora General de la República y ex senadora del PRI, telefoneó a su homóloga española Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles que le acusan. Ésta última declinó facilitarle ningún detalle y se escudó en que el caso está bajo secreto sumarial.
Abraham Pérez Daza, de 39 años, es un funcionario en Madrid de la Agregaduría Legal para Europa de la PGR (Procuraduría General de la República) y hermano de Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial en España, es decir el gobierno de los jueces de México. Alfonso fue nombrado consejero por el Senado en septiembre de 2014 a propuesta del PRI. Es doctor en Derecho y trabajó en la Fiscalía Electoral del estado de México. Ambos estudiaron Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Este funcionario de la PGR destinado en Madrid fue la persona que acompañó al chófer de la embajada de México al aeropuerto de Adolfo Suárez en Madrid para recoger y recibir a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira. Viajaron en la Vannette Mercedes plateada de la legación matrícula diplomática CD 52003 que se utiliza para trasladar a las personalidades que visitan Madrid.
El agregado Abraham Pérez Daza acompañó al letrado mexicano durante toda su estancia en Madrid y se ocupó, también, de asistir a Vanessa Guerrero y a sus hijas a las que alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle Prado, a escasos 100 metros de la embajada en pleno centro de Madrid. Este hotel mantiene un convenio con la embajada de México y allí se conduce a las autoridades mexicanas que visitan el país. En su parking aparcan los vehículos oficiales de la embajada. Fuentes consultadas aseguran que la elección de Pérez Daza para esta y otras gestiones "sensibles" del caso Moreira no fue casual. El funcionario de la PGR no ha respondido a las llamadas de este periódico para recabar su testimonio.
Además de buscar a prestigiosos abogados españoles para atender a Moreira, de intentar conseguir sin éxito información de la Policía sobre las pruebas que había contra el expresidente del PRI y de preguntar por escrito al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa, cuanto duraría el secreto sumarial y otros aspectos de la investigación, los funcionarios de la embajada pidieron a la PGR de México que preparara con la mayor celeridad toda la documentación oficial sobre las causas que se abrieron y archivaron en México contra el exgobernador acusado de dejar en las cuentas públicas de Cohauila un enorme agujero de más de 4.000 millones de dólares. Se pidió a México desde la embajada que emitieran copias certificadas de toda la documentación.
“Cuando estalló el escándalo de Cohauila el mismo Gobierno que le investigó fue el que le exoneró con una hábil maniobra para evitar que se le pudiera juzgar de nuevo por la misma causa. No se pidieron diligencias de investigación. Todo fue una patraña”, afirma una fuente judicial mexicana que pide el anonimato.
Los abogados españoles y méxicanos de Moreira necesitaban en Madrid la documentación de la causa de México a la mayor brevedad, validada y sellada por la Justicia mexicana. La embajada se encargó de reclamarla y de obtenerla en el menor tiempo posible. Y lo lograron en un tiempo récord, según aseguran fuentes judiciales españolas. Los letrados querían demostrar al juez Pedraz que las causas contra Moreira en México no habían prosperado, que el político detenido y preso en la cárcel de Soto del Real estaba limpio.
El pasado 22 de enero cuando el juez Pedraz dejó en libertad provisional a Moreira el funcionario Pérez Daza se reunió con él y con su esposa y les asistió en diversas gestiones; el 3 de febrero, tras sobreseerse el caso en la parte que afecta a Moreira, el político mexicano abandonó España con su mujer y regresó a México donde proclamó su inocencia.
A las 18.30 horas del pasado miércoles EL PAÍS telefoneó a Abraham Pérez Daza a su despacho de la PGR en Madrid para pedirle su versión sin recibir respuesta. El jueves a las 13.05 horas el vuelo de Iberia a Ciudad de México despegó del aeropuerto de Adolfo Suárez con centenares de viajeros entre los que figuraba un pasajero con el mismo nombre y apellidos del funcionario de la embajada que más se involucró en la asistencia a Humberto Moreira. La embajada no explica la causa por la que el funcionario de la PGR abandonó España horas después de la llamada de este periódico.
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La embajada niega haber trabajado para liberar a Moreira
La Embajada de México en España hizo público un comunicado el pasado miércoles en el que niega "haber realizado gestiones para la liberación del señor Humberto Moreira y destaca que "el desarrollo de la investigación, el desahogo de diligencias y la valoración de pruebas, así como la resolución judicial respecto de las imputaciones que se le hicieron, son responsabilidad única y exclusiva de las autoridades españolas competentes".
La legación diplomática insiste en que al conocer, a través de los medios de comunicación dicha detención, "buscó confirmar oficialmente la información".
La embajada añade que da seguimiento a la situación en que se encuentran ciudadanos detenidos o sujetos a proceso judicial en otros países, "con el fin de asegurar que sus derechos sean respetados" y que todas sus gestiones se hacen conforme a lo que marca la ley y en defensa de los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero".
Al igual que en su nota de la pasada semana la embajada esgrime la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que establece que los extranjeros detenidos tienen derecho a comunicarse y buscar asistencia de su consulado. Y concluye asi: "La actuación de la Sección Consular de la Embajada de México en España, a raíz de la detención de señor Humberto Moreira Valdés, estuvo apegada a derecho en todo momento. La asistencia consular que otorga el Estado mexicano responde a cánones establecidos y consagrados en el marco jurídico nacional, los cuales no responden a situaciones particulares".
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