Nuestras cárceles están pobladas por jóvenes inocentes, cuyos pecados son la carencia de recursos económicos, un nivel educativo bajo y la ausencia de una red familiar y social que les respalde.
Tanto la Policía como el Ministerio Público prefieren consignar a esos jóvenes –porque son el hilo más delgado– que perseguir a los verdaderos criminales.
En sentido inverso, la autoridad se abstiene de aproximarse a los delincuentes protegidos por el dinero y el poder político. Saben que, de hacerlo, podrían perder el empleo y en el extremo, la vida.
Para ilustrar el argumento vale traer a la discusión el caso de Jorge Cotaita Cabrales, un joven júnior –mirrey veracruzano– que el miércoles 24 de abril de 2013, en estado inconveniente, atropelló al ciclista Jonathan Peña Yáñez, quien por las lesiones sufridas fallecería horas más tarde.
No es sorprendente, dadas las conexiones políticas de la familia Cotaita y probablemente también por una inversión económica sustantiva que la Policía del municipio de Boca del Río se haya abstenido de llevar el caso ante el Ministerio Público.
El tal Jorge Cotaita Cabrales se benefició del privilegio que en México entrega la clase social y que es explicación para la impunidad dominante.
Menos de dos años después, el mismo Jorge Cotaita Cabrales, junto con sus amigos Enrique Capitaine, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta –todos mayores de 18 años– participó como victimario en una violación tumultuaria.
Circula en redes sociales el video donde estos nefastos personajes confiesan su delito y supuestamente piden disculpas a la víctima –menor de edad– por haberla secuestrado, vejado y violado.
Sin embargo, la Fiscalía General de Veracruz no ha procedido contra estos presuntos delincuentes. A pesar de existir denuncia penal, el expediente duerme todavía bajo el regazo indiferente del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.
Ante la pregunta pública sobre su negligencia, el funcionario tuvo el descaro de responder: “no me dejaré presionar… por lo que diga algún medio de comunicación… La única obligación (que tengo) es tutelar que se cumpla la ley”.
Queda claro que este señor tampoco se deja presionar por el tiempo extraviado. Ha de ser informado que la aplicación expedita de la ley es sustancia de esa misma norma que él pretende tutelar.
Estos cuatro mirreyes veracruzanos han sido nombrados por las redes como la banda de “Los Porkys de Costa de Oro”.
En mayo de 2015 el mismo grupo de personas fue presentado por algunos medios como responsable de asesinar a otra joven, Columba Campillo, también en las inmediaciones del puerto de Veracruz.
En ese otro caso la Fiscalía sí tuvo prisa para ahorrarles responsabilidad a los jóvenes violadores y emprendió acción penal contra otros presuntos culpables.
Entre ellos, acusó a una mujer de nombre Ileana Mortera como la autora intelectual del homicidio.
En su defensa ella asegura que le fabricaron pruebas para encubrir a los verdaderos responsables de la muerte de la joven Campillo.
En Veracruz nada parece estar en su lugar. La corrupción lo abarca todo y la autoridad se ahoga en su pantano. Sin embargo, el drama de la justicia, tan predecible cuando se enfrenta al bono de clase, no es un asunto exclusivamente veracruzano.
ZOOM: Mientras las policías, procuradurías, fiscalías, ministerios públicos y juzgadores mexicanos respondan sólo a los dictados de la política y el dinero, no habrá ley que ampare a las víctimas y tampoco a los más desprotegidos.
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/mas-del-mirreynato-con-los-porkys-de-costa-de-oro-1458808378
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