La Agencia de Investigación Criminal (AIC) cerró el acceso que lleva al lecho del río San Juan para explorar la zona sin contratiempo. Por eso bloqueó el paso a la prensa aquella tarde del domingo 28 de octubre de 2014.
Habían transcurrido ya más de 30 días desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero las autoridades aún no tenían ninguna pista sólida que les condujera a conocer su paradero.
Cuarenta y ocho horas antes una llamada anónima a la Procuraduría General de la República (PGR) informó que algunos restos incinerados de los muchachos habían sido arrojados al río San Juan.
Esta información la conocieron en la PGR y fue compartida con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Los periodistas guerrerenses Giménez y Rodríguez Villa no tuvieron obviamente acceso a ella, pero supieron a tiempo que agentes de la Procuraduría habían acudido en número considerable al río San Juan.
Cuando la autoridad impidió el acceso, los reporteros optaron por rodear el camino para acceder por otra vía al lugar inspeccionado por los agentes.
Un vecino ofreció su casa para que desde ahí reportaran qué estaba sucediendo.
Esa construcción tenía techo de cemento y en su parte más alta había un tanque para almacenar agua. Los periodistas subieron sobre ese tinaco y llevaron con ellos una cámara capaz de grabar a distancia.
La suerte los favoreció porque detrás suyo estaba despidiéndose el sol y por tanto no era posible percibirles desde el sitio donde se hallaba el personal de la AIC.
Debido a este fenómeno luminoso es que pudieron registrar con detalle cada uno de los movimientos que ahí se estaban realizando, sin que los sujetos filmados se percataran.
Registraron en video las bolsas de color gris, con restos aparentemente carbonizados, que se encontraban en el costado de un puente y que al día siguiente habrían presuntamente de ser movidas de lugar.
También grabaron al personal forense vestido de color blanco que en distintas partes de aquella geografía vegetal recogió muestras que podrían ser de huesos humanos, o quizá sólo desechos animales.
Destaca en el video la persona que organizó el operativo: Tomás Zerón de Lucio, cabeza de la AIC. Daba instrucciones para que sus subordinados, cerca de 20 personas, se desplazaran de un lado a otro recolectando y trasladando materiales.
Alrededor de las 6 de la tarde llegó al río Mercedes Doretti, integrante del EAAF. En las imágenes ella discute con dos oficiales. Más tarde se sabría que esta perito reprobó el hecho de que la Agencia haya acudido al lugar sin haber informado a los argentinos.
Con ello violó el acuerdo escrito entre la PGR y el EAAF que estableció sin ambigüedad la presencia de los antropólogos forenses en absolutamente todas las diligencias.
Ésta es una de las preguntas más intrigantes que se derivan del video de Giménez y Rodríguez: ¿por qué Tomás Zerón no comunicó de esta diligencia precisa a sus coadyuvantes del EAAF?
Pero no es la interrogante más grave porque hay otra aún más difícil de comprender: ¿por qué el director de la AIC borró del expediente judicial todo registro de esa visita al río San Juan?
Como se sabe ahora gracias al GIEI, Zerón dijo haber visitado por primera vez ese escenario el lunes 29 de octubre a las 8 de la mañana.
Ayer este mismo funcionario declaró que el video presentado por los periodistas está equivocado en día y hora.
El problema de su dicho es que Mercedes Doretti, integrante del EAAF, también estuvo ahí y puede corroborar las referencias de tiempo, modo y lugar.
Y no es sólo su palabra contra la de Zerón. Había en ese escenario al menos 20 testigos.
El trabajo periodístico de José Manuel Giménez y Daniel Rodríguez Villa es el aporte más importante que ha realizado el gremio a la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Es muy probable que otros colegas reporteros tengan información relevante, pero no confíen en las autoridades para compartirla.
Sirva su ejemplo para afirmar que la denuncia hace de este país un lugar mejor. Que otros tomen la misma iniciativa para que la impunidad de este expediente encuentre su punto final.
De confirmarse la hipótesis del GIEI, Tomás Zerón de Lucio habría de ser acusado penalmente por el delito de obstrucción de justicia. Resulta sin embargo previsible que su responsabilidad en este caso vaya más lejos.
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/las-mentiras-de-tomas-zeron-1461829859
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