*Varios funcionarios, en violación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47, fracción XIII, los obliga a excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, participen de negocios importantes a cargo del erario, lo han tolerado. Tanto, que a manera de ejemplo un conocedor político priista ironizó sobre un Secretario de Estado: “Salieron muy buenos sus hermanos para el negocio”.
*Hay funcionarios que adquirieron propiedades con tasas de interés por debajo de la tasa del mercado, lo que es delito. Uno muy cercano al entorno presidencial está terminando de construir una casa en zona de las Lomas de Chapultepec, con un valor de mercado superior a los 55 millones de pesos. Otro, hasta hace poco miembro del gabinete, se acaba de mudar a un departamento en Polanco donde las propiedades superan los 40 millones de pesos. Tres ex funcionarios del gabinete utilizaban los helicópteros de las dependencias que encabezaban como vehículos para transportarse en recorridos particulares o para ir a comer a sus casas.
*Un subsecretario fue congelado por los indicios de que varias de las gestiones en que ha intervenido carecieron de la transparencia esperada, pero no han podido tomar acción legal porque no existen pruebas que permitan establecer un presunto delito. En Pemex ya comenzaron los primeros ajustes por prácticas presuntamente corruptas, y siguen apareciendo indicios de que las irregularidades y las ilegalidades topaban en las más altas oficinas de la empresa. Funcionarios en otras áreas a quienes se les han descubierto abusos que suponen beneficios económicos, sólo han sufrido reprimendas, sin mayores consecuencias.
La corrupción es un fenómeno inherente de los mexicanos. Pero a diferencia de otros tiempos, el fenómeno está teniendo externalidades en la política y la vida pública. Hasta las elecciones presidenciales de 2012, si bien la corrupción fue un tema que voló sobre los candidatos, no fue tan significativo en términos electorales como en las elecciones de 2015, las federales y para el Gobierno de Nuevo León. Los cambios en los intereses y frustraciones del electorado, han llevado a varias empresas de opinión pública a incorporar la corrupción como una de sus tres variables básicas en los cuestionarios (además de la economía y la seguridad). El tema genera irritación nacional y preocupación internacional.
En la reciente Cumbre Anti-Corrupción en Londres, el primer ministro inglés, David Cameron, presentó un documento de políticas públicas donde refirió que una de cada cuatro personas en el mundo tiene que pagar sobornos para acceder a servicios públicos, mientras que en México, una familia gasta el 14% de su ingreso para obtener esos servicios a los que por ley, tiene derecho. México fue una de las naciones a las que más se refirieron diferentes ponentes, al ser considerada rica en recursos naturales, con una economía sólida y que, sin embargo, se encuentra en el grupo de las naciones con serios problemas en temas de corrupción.
El respetado politólogo Francis Fukuyama, quien hizo una presentación en la Cumbre, dijo que la corrupción es el tema que definirá el Siglo XXI, y que aunque una mayoría de las naciones del mundo aceptan la legitimidad de la democracia y cuando menos pretenden tener elecciones competidas, lo que realmente distingue un sistema político de otro es el grado en que las élites gobernantes buscan usar su poder en servicio del interés público o simplemente para enriquecerse ellos mismos, sus familias o sus amigos. Este es un problema que pudiera encontrar ejemplos en México.
La corrupción no es un tema que tenga la más alta prioridad ni para el gobierno ni para la clase política. La realidad en México es descorazonadora. La ventana llena de luz se dio con la promesa presidencial de caminar hacia una Ley Anti Corrupción y un fiscal especializado en combatirla, se ha ido cerrando, no sólo por la ausencia de fuertes andamiajes legales, sino por la complicidad de las élites. Hace un mes se reveló que el diputado de Nueva Alianza, Bernardo Quezada, junto con su esposa y familiares compraron propiedades entre 2004 y 2008 por más de 10 millones de dólares a través de créditos a miembros del magisterio. En un día, se informó, adquirieron seis departamentos mediante un pago en efectivo de ocho millones de dólares. Él lo negó, pero no aportó pruebas que desmintieran los documentos acusatorios. ¿Qué sucedió después? Absolutamente nada. El silencio de la clase política fue equivalente a la complicidad. Y luego se dicen incomprendidos cuando los acusan de corruptos.
P.D. En la columna “A Peña le urge un perro”, publicada este lunes, se identificó incorrectamente al primer ministro del Reino Unido como James Cameron, cuando el nombre correcto es David Cameron.
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