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| Una familia en el Estado mexicano de Guerrero |
Una mañana de 2013 un grupo de hombres armados llegó a un pequeño poblado de Guerrero y sacó de sus viviendas a cinco mujeres y 20 niños. Fueron llevados por la fuerza a una casa de seguridad, donde las señoras se encargaban de preparar comida para los delincuentes. Las sobras las repartían entre los menores y ellas. A los pocos días, Laura —nombre ficticio— fue torturada y el resto de sus compañeras, amenazadas de muerte. Al quinto día, dos de las mujeres lograron huir y fueron auxiliadas por policías que las trasladaron a un poblado cercano. Nunca volvieron a sus casas, a su comunidad, ni retomaron sus vidas. Tampoco denunciaron.
Este caso es uno de los miles que se han registrado en México desde 2007 a causa de la violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre desplazamiento forzado interno en el país y reveló que desde ese año 35.433 personas han abandonado el lugar donde vivían. En nueve de cada 10 casos el origen del desplazamiento fue la violencia desatada en la zona donde vivían. El organismo destaca que hay una incapacidad del Gobierno para enfrentar y combatir de manera efectiva a los grupos delincuenciales que generan inseguridad.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que reconozcan oficialmente la existencia del problema y emprendan acciones específicas para atenderlo. Una primera acción podría ser la creación de una ley general en la materia, indicó, que establezca las atribuciones y obligaciones del Estado mexicano en el tema. Hasta el momento, los gobernantes municipales, estatales y federales han mostrado falta de voluntad política para enfrentar el problema.
“Esta CNDH advierte violaciones a los derechos de estos grupos por omisión de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, al no realizar acciones de prevención y control de las causas que generan movilidad forzada de los grupos sociales. Aunado a ello, la atención a las necesidades que se provee a las víctimas de desplazamiento es escasa o nula en la mayoría de las veces”, resalta el documento. Lucha por la droga
Los desplazamientos por violencia se dan en un contexto de lucha entre carteles por el transporte de droga y los campos de producción. En algunos casos los habitantes de esas comunidades en disputa sólo se enfrentan a dos opciones: colaborar en los actos ilícitos o abandonar su lugar de residencia, expone la comisión. “Si las familias, el padre o los hijos mayores deciden no colaborar, los grupos delincuenciales queman sus casas, de modo que las personas no tienen opción de quedarse. En otros casos secuestran familias completas o abandonan los cuerpos sin vida en sitios públicos”.
Los agravios en contra de los desplazados es interminable. Algunas de las manifestaciones de violencia de las que fueron víctimas son extorsión, amenazas, destrucción de casa habitación, asesinato y secuestro. “En el caso de la extorsión se advirtió que se manifiesta principalmente a través del cobro de piso o rentas las cuales las hacían a todas las personas, sin importar el oficio que tuvieren, grado académico o números de propiedades y la coerción para unirse a los grupos de delincuencia organizada”.
Las formas de generar presión por parte del crimen organizado son diversas. En muchos casos se apoderan de ganados, cultivos y tierras, sin que los afectados reciban protección por parte de las instancias competentes. Además, según los testimonios recabados por personal de la comisión, estos grupos tienen más presencia que las propias autoridades en algunas zonas.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/13/mexico/1463091025_459470.html
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