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No es para menos, Osorio recibió la estafeta ardiente que dejó el secretario Nuño, marcado con la estampa de soberbio, autoritario e intransigente y probablemente fuera de la carrera presidencial. Osorio Chong llega como el bueno de la película, para tratar de manera tersa a los disidentes, a los que están libres, porque los demás están en la cárcel en un signo siniestro del régimen.
En este nuevo contexto, el Gobierno está obligado a discutir lo que no ha estado dispuesto a discutir: una reforma educativa que nunca fue debatida ni con el Congreso ni con el magisterio.
La tragedia de Nochixtlán y el peligro de una escalada mayor –como la de Oaxaca en 2006 que terminó en revuelta popular, barricadas y represión–, hizo que el Gobierno federal midiera el escenario, ya de por sí tocado por el castigo del 5 de junio, y aceptara sentarse a la mesa con los dirigentes de la CNTE, tal y como le reclamó un coro de voces que pedían frenar la violencia y evitar un tsunami de dimensiones desconocidas.
Los expertos insisten en que el alcance de la reforma se circunscribe al ámbito laboral y administrativo, pero no a un nuevo modelo educativo.
El Gobierno insiste en que la reforma es inamovible. ¿Acaso el nuevo contexto no obliga a discutir lo que no se discutió en su momento?, ¿de qué está hecha la reforma educativa?, ¿cómo están planteados sus ejes?, ¿cuál es el alcance real de la misma?, ¿qué funciona y qué no? En síntesis, ¿cuál es el modelo educativo que requiere México y cuál es la mejor manera para instrumentarlo?
El primer gran tema se refiere a la Evaluación, punto nodal del rechazo a la reforma. Estrictamente, nadie ha dicho que no se debe evaluar el desempeño de los maestros y de los procesos educativos. Lo que se discute no sólo es ¿cómo se debe evaluar?, sino ¿qué sucede después de la evaluación y cuáles son las consecuencias de la misma?
El maestro Hugo Aboites, experto en temas educativos, dice que la salida a la crisis está dentro de la propia reforma constitucional. La norma contempla, no queda claro por qué, dos maneras para procesar el resultado de una evaluación: la punitiva, que es la que se está usando ahora, y la que busca mejorar al sujeto evaluado. En el primer caso, si el maestro o maestra evaluados –mediante un mecanismo que incluye un examen de opción múltiple– no obtienen resultados satisfactorios, pueden ser removidos o, bien, reubicados laboralmente para realizar tareas administrativas o de otro tipo, pero ya no como docentes.
Ahí está la parte fundamental del rechazo, lo cual resulta más que comprensible. La otra modalidad, no usada pero contenida en la reforma, abre paso a un mecanismo mediante el cual una evaluación insatisfactoria no significa un despido fulminante o la reubicación en otras tareas. El maestro o maestra entraría en un proceso de capacitación y aprendizaje cuyo propósito sería mejorar sus habilidades y desempeño frente a los alumnos. Esto, dice Aboites, resulta una mejor opción para los docentes y, en general, para el sistema educativo nacional.
Obligado es también evaluar el mecanismo de evaluación. Manuel Gil Antón, agudo crítico de la reforma y académico de El Colegio de México, ha diseccionado el tema, sin contemplaciones: “No hay confiabilidad ni validez en lo que se solicita al sustentante para el juicio que se emite: cuatro evidencias, más un examen de opción múltiple al que se añade simular la planeación argumentada de una clase. Derivar de este conjunto de ejercicios un juicio sumario sobre la trayectoria de un profesional de la docencia es aberrante, y el impacto de este yerro es mayor. Es como intentar medir los niveles de colesterol con un calibrador de llantas”. ¿Por qué se niega el Gobierno a discutir asuntos de tal relieve? Teniendo, como tiene, el agua en los aparejos.
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