El informe que sirve de sustento a las afirmaciones de Salazar, señala que durante los primeros ocho meses del proceso electoral –que arrancó en septiembre pasado-, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares, de las cuales en 93 casos han sido asesinados -35 eran precandidatos y candidatos-, principalmente a nivel municipal. En seis de cada 10 casos, identificó un modus operandi utilizado por el crimen organizado, con la participación de grupos armados, violencia extrema, tortura y la utilización de armas de alto poder. La consultora lo había diagnosticado. En su tercer informe, que abarcó del 8 de septiembre al 8 de abril, registró un “notable” crecimiento de amenazas en contra de candidatos y estableció una correlación: la alta concurrencia de puestos de elección, con el aumento de violencia contra políticos y candidatos.
