Celebro que el debate acerca de la penalización o no del aborto se esté haciendo dentro de las instituciones democráticas. En todos los países, y México no es la excepción, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo genera divisiones y por tanto polémica. Lo ideal es que la pluralidad de opiniones la procesen las instituciones representativas de la sociedad. Y es precisamente lo que ha ocurrido en México. Los congresos estatales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido. Los grupos de interés, laicos y religiosos, han cabildeado. Los distintos políticos se han posicionado a favor o en contra. Así es, y debe ser, en una democracia.
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