A miles de personas les parece una locura absoluta que haya quien crea que este es el momento adecuado para presentar una acusación contra el gobierno de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI). Pero casi veinte mil personas, en general activistas; mujeres y hombres defensores de derechos humanos, han decidido que no se debe ocultar una tragedia que está a la vista de toda la sociedad.
Según la denuncia ciudadana que esta semana se entregará en Holanda en la sede de la CPI, en México durante los últimos años, se han cometido y se siguen cometiendo de forma sistemática tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra. La acusación señala a todos los actores fundamentales: los Cárteles de las drogas y sus cómplices en el ámbito político y empresarial, y el gabinete de Felipe Calderón, quien de la mano del Ejército mexicano, está, según los casos documentados, participando en el aniquilamiento y las despariciones forzadas de cientos de personas, todo ello bajo el auspicio de la confusión que ha generado una guerra cuyo cuartel son las calles de México.
Más allá de lo que pueda suceder en la Corte Penal Internacional, resulta interesante que se haya decidido utilizar un mecanismo legal para pedir ayuda ante una situación que, además de parecernos insostenible ya, mantiene en vilo a millones de personas que diariamente se preguntan cuándo van a parar los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y todos los delitos correlacionados con la batalla abierta entre estos grupos, que a pesar de ser antagonistas, sistemáticamente nos demuestran que incurren en prácticas similares para alcanzar fines distintos. Lo coierto es que la mayor parte de la sociedad coincide en que parece que los gobernantes simplemente administran una crisis criminal y el baño de sangre, peor no muestran una ruta de salida que no implique más muertes y más violencia.
Por un lado el equipo de guerra del calderonismo, cuyo nuevo gran estratega en el norte es Jorge Tello Peón (uno de los grandes expertos mexicanos en Inteligencia de seguridad nacional) ha asumido estrategias antirrerosistas de que en momentos determinados exigen la eliminación sistemática de grupos criminales, a la que se han sumado gustosos algunos Secretarios de Seguridad Pública como el General Bibiano Villa, gobernadores y alcaldes de diversas entidades y, claro está, grupos de élite del ejército.
Una de las tareas más difíciles será demostrar con evidencia judicial la existencia y operación formal de equipos paramilitares, cuya estrategia consiste en llevar a cabo limpieza de pequeños grupos delictivos que son considerados potencialmente peligrosos para ciertas regiones del país.
En esta acusación ante la CPI, se presentarán expedientes documentados que acreditan 470 casos concretos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de diversos cuerpos de seguridad del Gobierno Federal (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros y sometimiento a esclavitud en contra de migrantes para después venderles a los cárteles).
Lo mismo en http://www.vanguardia.com.mx/calderon%C2%BFajuicio?-1153589-columna.html
Otros países como Colombia, esperaron una década para comprender los efectos secundarios que la guerra contra las drogas impuesta por Washington, dejó en calles, escuelas y hogares de ese hermoso país. Colombia quedó, después de una batalla perdida, con un 500% más de consumidores de droga que antes de la guerra. Y su producción de cocaína se mantiene estable y próspera. Detrás de esa guerra quedaron miles de familias cuyos hijos e hijas desaparecieron sin dejar rastro, o fueron asesinados por comandos paramilitares avalados por la dupla operativa de los gobiernos de Colombia y Washington. Lo demás es historia.
Podemos o no estar de acuerdo en que se plantee esta denuncia ante una corte internacional, lo cierto es que resultará interesante conocer el diagnóstico que emitan estos jueces desde afuera. Ellos que han documentado crímenes de lesa humanidad en el mundo entero, particularmente enfocados en África en los últimos años, ahora tornan su mirada a un país para ellos inesperado: México. Por lo pronto lo que se rumora ya entre asesores y especialistas de la CPI es que hay evidencia de patrones de desapariciones forzadas que llevan consigo ecos de limpieza social.
Sea cual sea el resultado, los abogados estarán ante el fiscal de la Corte Penal el 25 de noviembre, día emblemático de la erradicación de la violencia contra las mujeres. No es una casualidad; más del 80 por ciento de las personas movilizadas en México que buscan a sus hijos e hijas, que denuncian, que dedican sus días y noches a exigir justicia, desde los pequeños pueblos indígenas de norte a sur, hasta las ciudades, son mujeres. Ellas documentaron la violencia de militares, la trata de personas perpetrada por narcotraficantes y políticos, ellas las madres, esposas e hijas, han impulsado su derecho a la palabra, a la justicia, pero sobre todo, el derecho de toda la sociedad a la paz. Ahora van acompañadas de hombres que han decidido no guardar silencio.
Habrá quien piense que solicitar este juicio es una locura, pero es en realidad un acto de libertad. Felipe Calderón ha dicho durante cinco años que la gente debe creer en las instituciones, que la sociedad debe denunciar los delitos, ser valiente, impulsar la paz en México. Este juicio es, paradójicamente, una prueba de que millones de personas nacidas en México coinciden, al menos en eso, con el presidente. Hay que esclarecer la verdad para comenzar a reconstruir al país, hacerlo por la vía judicial y no con el uso de la violencia.
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