Pablo Neruda sentenció en sus memorias que las palabras "tienen sombra, transparencia, peso". Entonces podrían servir de indicadores de las esencias sociales de un régimen. Probemos el enunciado con Argentina y México.
El 26 de octubre se derrumbaron en Argentina tres décadas de complicidad estatal con los represores. Ese día la justicia dictó sentencia contra 16 personajes ligados a la siniestra ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada (entre ellos Ricardo Cavallo desenmascarado por Reforma en 2000). Atrás quedaron las excusas y evasivas de gobernantes timoratos.
Uno de los puntos luminosos de ese proceso es el alegato elaborado por los fiscales especiales Mirna Goransky y Pablo Ouviña. Esperaba la jerga propia de los abogados y encontré una sofisticada y delicada crónica tejida, sobre todo, con las palabras cuidadosamente seleccionadas de los 79 supervivientes que relataron a la justicia de su país la travesía por el infierno (los textos completos en www.sergioaguayo.org).
En entrevista telefónica Mirna Goransky aclara que fue deliberada la claridad y la ausencia de términos jurídicos: "Queríamos un texto accesible y comprensible". Lo lograron. Su respeto a la prosa armoniza con la precisión con la que nos llevan por una detallada descripción del edificio de la ESMA. Delimitado el espacio viene una escrupulosa relación del vía crucis de las 5 mil víctimas que se estima cruzaron los portones: primero la tortura física, después los intentos deliberados por aniquilarles el espíritu, que en el caso de las mujeres incluía la violencia y el sadismo sexuales. Después su ejecución. Uno de los métodos empleados era subirlos a un avión para lanzarlos vivos después de cortar su cuerpo para que la sangre derramada atrajera a los tiburones. Mientras tanto saqueaban las propiedades de los torturados. Los asesinos se consideraban dioses cuando eran viles ladrones.
Neruda añade: "Qué buen idioma el mío". Estos alegatos lo confirman. Cada palabra tiene el sitio adecuado para conmover y convencer a los tres magistrados que terminaron condenando a varios de ellos a cadena perpetua, mientras sentaban precedentes jurídicos de diverso tipo. Uno de ellos, que en delitos de lesa humanidad sí es posible la justicia internacional (aquella a la que contribuyen diversos países).
En México las palabras oficiales se han devaluado con el incesante manoseo y mal uso del idioma. La Fiscalía Especial creada por Vicente Fox para propósitos similares a los mencionados en Argentina se distinguió por los destrozos causados al lenguaje y por su incapacidad para cumplir con el compromiso de verdad y justicia. Es tanta la indolencia y el descuido que la Procuraduría General de la República ahora tiene perdidos los archivos de esa Fiscalía. El fiasco no desalentó a los familiares de las víctimas que encontraron en el extranjero lo que su país les negó. Lo demuestro con un par de casos paradigmáticos de la violencia estatal y criminal.
En 1974 desapareció en un retén militar Rosendo Radilla. En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado mexicano al cual responsabilizó del hecho. A una conclusión similar llegó la Corte en el caso del Campo Algodonero de Ciudad
Juárez. En noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres mutilados de ocho jovencitas. Las familias de Claudia González, Esmeralda Herrera y Berenice Ramos metieron en el armario su miedo y se lanzaron a exigir justicia que obtuvieron con el apoyo de organismos civiles de México y el extranjero.
Salvo contadas excepciones, los representantes del Estado se resisten, renuentes a asumir a plenitud las consecuencias de sus actos pasados o presentes. Manipulan las palabras y las obligan incluso a encubrir la realidad. Una parte del informe Ni seguridad, ni derechos, de Human Rights Watch, presentado la semana pasada se titula "Retórica peligrosa", ahí recuerdan que el presidente Felipe Calderón ha "señalado en varias oportunidades que 90% de las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico son miembros de bandas de delincuencia organizada". Califican de infundadas esas declaraciones porque de los 35 mil homicidios registrados por el gobierno federal sólo han investigado 997 que derivaron en 22 condenas. Las declaraciones presidenciales carecen de base fáctica.
En Argentina el Estado obsequia justicia envuelta en una prosa luminosa y precisa; en México recibimos evasivas adornadas con una jerga gris, opaca, imprecisa. En ambos países la resistencia social mantenida durante años y décadas confirma ser un antídoto para la impunidad y el olvido. El poeta bien pudo haber escrito (aunque de manera infinitamente más bella que la mía) que la justicia y la verdad son de quienes las trabajan.
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www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada
Colaboró Luz Ramírez González.
Se utilizó información de Reforma; y para el caso argentino de Clarín, La Nación y Página/12.
Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/634/1266628/default.shtm
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