Alrededor de mil infantes de Marina operan desde ayer como improvisados policías en Boca del Río, Veracruz, municipio penetrado por Los Zetas, por el cártel del Golfo y por células del cártel de Sinaloa en las dos últimas administraciones (Fidel Herrera Beltrán y Miguel Alemán Velasco, ambos del PRI).
La medida emergente se tomó tras las masacres consecutivas cometidas en contra de decenas de civiles y algunos policías ejecutados precisamente en las inmediaciones de la exclusiva zona hotelera de ese municipio el pasado mes de septiembre.
Los cadáveres fueron colocados por sicarios de Los Zetas en tres camionetas y arrojados al arroyo vehicular frente a la zona de hoteles en al que un día después se desarrolló un encuentro de procuración de justicia y de jueces y magistrados federales. La afrenta del narco no fue para menos.
La Armada de México envió a mil 500 efectivos para enfrentar la situación que no tardó en recrudecerse. En las dos semanas siguientes a la primera masacre aparecieron otras decenas de cuerpos de gente torturada y ejecutada por sicarios.
La Marina intensificó sus patrullajes y su trabajo de inteligencia y logró desmantelar una red de telecomunicaciones que no sólo permitía operar a la gente del cártel. También constituía el centro neurálgico para dar protección a los líderes del cartel en sus movimientos dentro y fuera de Veracruz.
Estas acciones han traído como consecuencia varios golpes estratégicos de la Marina a la organización que dirigen Miguel Ángel Treviño y Heriberto Lazcano Lazcano. Lo que faltaba, desde la perspectiva del mando naval y del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, era ir más a fondo y atacar también el fenómeno de la corrupción que paralizó en los últimos meses a la policía de Boca del Río.
Amenazados por Los Zetas y por otros grupos, los policías municipales se dedicaban a no intervenir en operativos, a evadir acciones de persecución y, por supuesto, a mantener informados a los líderes del cártel en Veracruz sobre los movimientos navales y militares en su contra.
Por eso se decidió intervenir con una especie de golpe de mano, dando de baja a 900 integrantes de esa corporación y unos 100 empleados administrativos que finalmente no pasaron los controles de confianza llevados a cabo hace unas semanas.
La acciones de la fuerza naval habilitad como policía intermunicipal en Boca del Río serán supervisadas por durante los siguientes cinco meses por el almirante Guillermo Colín Torres, comandante de la Primera Región Naval, que comprende la Primera y Tercera Zonas Navales, la Fuerza Naval de Golfo y los Sectores Navales de Coatzacoalcos, en Veracruz, y La Pesca y Matamoros, en Tamaulipas.
El objetivo fundamental del despliegue naval en Boca del Río es el de colaborar a que ese municipio tenga “un cuerpo policiaco confiable y preparado”, indican mandos de la Marina.
La primera fase de la operación durará cinco meses y en ella se desplegarán mil marinos. El mando naval en la zona decidirá, junto con autoridades de Veracruz, si este número es suficiente o si se necesitarán más elementos para lograr suplir a los policías dados de baja.
En total el operativo deberá durar 10 meses. En ese lapso el gobierno estatal y el municipal deberán tener listos a dos mil elementos para que gradualmente ocupen las plazas que han quedado acéfalas.
Pero este golpe de mano tiene sus flancos débiles. La salida de estos casi mil elementos policiacos se traducirá en acciones represivas entre las que se espera que varios ahora ex policías se unan a alguno de los cárteles para los que trabajaban. Otros buscarán empleo como guardias de seguridad privada y muchos más intentarán conseguir trabajos legales en el estado.
Se prevén acciones de respuesta violenta ben respuesta a la decisión de mandar al desempleo a cerca de mil personas justo a fin de año. Para eso la Marina tomó previsiones y junto con la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Veracruz y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) elaboraron un padrón con los datos de los ahora ex policías. Nadie quiere sorpresas desagradables, sobre todo cuando 900 elementos resentidos pueden generar nuevos cuadros operativos para los cárteles de la droga.
En tanto surge la nueva generación de policías que se hará cargo de Boca del Río, el gobierno estatal y la Marina evaluarán los restantes cuerpos de seguridad estatal y municipal para determinar su confiabilidad.
Desde ayer, dos almirantes, un vicealmirante y un contralmirante se harán cargo de apoyar un esfuerzo más por limpiar a uno solo de los más de dos mil cuerpos policiacos municipales existentes en el país.
Es, a querer o no, empezar de cero en una agenda que desde hace dos años Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública federal, se jactó de llevar adelante viento en popa, a pesar de la realidad misma. Hoy, no hay forma de defender aquel proyecto de refundación y dignificación policiaca.
Leído en http://www.24-horas.mx/los-policias-de-saynez/
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