El penúltimo año de gobierno de Felipe Calderón concluye con números rojos en materia de seguridad en todos los niveles y la perspectiva de un endurecimiento policiaco-militar de cara a las elecciones presidenciales que podrían llevarnos de regreso a dinámicas de mandato ya conocidas, funestas.
El gobierno federal reconoce un aumento de 11% en los homicidios dolosos cometidos durante entre octubre de 2010 y septiembre de 2011. La estadística recabada fue distribuida precisamente en octubre de este año a los gobernadores que participaron en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional.
Los datos indican además que el incremento en la cifra de homicidios dolosos tiene focos perfectamente localizados en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora y Oaxaca, que acumulan 10 mil 540 asesinatos de los 22 mil 133 reportados en los últimos tres meses.
Hablamos de las entidades en las que la estrategia policiaco-militar del calderonismo ha sido desplegada con mayor fuerza, no solo en lo tocante al poder de fuego contra los cárteles de la droga, sino de manera especial por la manera en que en el norte del país decenas de agentes norteamericanos han ido y venido a sus anchas recabando datos y haciendo inteligencia como parte de la prospectiva que el gobierno norteamericano lleva adelante para determinar el nivel de volatilidad que el sexenio militar panista podría alcanzar antes, durante y luego de las elecciones presidenciales.
Los números arriba mencionados no hacen sino comprobar y reforzar los señalamientos en torno al fracaso de la estrategia de contención y choque anticrimen diseñada día a día por los asesores del presidente Felipe Calderón. Los datos de gobierno sobre sus propios resultados de combate al narco siguen siendo devastadores.
Al incremento de los homicidios dolosos se suma el crecimiento en el consumo de drogas entre jóvenes durante el sexenio que acaba. El Consejo Nacional contras las Adicciones (CONADIC) señaló en su último informe que el uso de drogas aumentó en los últimos dos años y en algunos casos, como en el de las metanfetaminas y drogas de diseño, se elevó hasta en un 50 por ciento.
A los homicidios dolosos y el incremento en el consumo de drogas se suman el desempleo y la reducción de espacios en niveles escolares para adolescentes y jóvenes en edad universitaria. En tanto, Calderón se ve forzado a echar mano de militares y marinos para intentar cerrar las llaves que desde adentro de la nave provocan vías de agua y la zarandean en el oleaje de la sucesión presidencial.
En Veracruz, cerca de 900 policías del municipio de Boca del Río han sido dados de baja junto con 100 empleados administrativos. El gobierno estatal de Javier Duarte, el secretario de Gobernación Alejandro Poiré y el alto mando naval evaluaron el grado de descomposición y poca confiabilidad de los policías, pero sobre todo las presiones a las que están sometidos por los Zetas, por el Cartel del Golfo, por células del cártel de Sinaloa y por operadores del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obligarlos a dejar de hacer su trabajo o enfrentar las consecuencias cruentas de hacerlo.
Mil efectivos de la Marina asumirán durante cinco meses las tareas que desempeñaba la policía de Boca del Río. No están capacitados para ello pese al adiestramiento que llevan para desempeñarse entre la población civil. Se esperan fricciones y choques con los ex policías boquenses.
Calderón presiona y utiliza casi hasta el último término a los militares. Ordena aumentos salariales, dispone modificaciones para beneficiar (más o menos) a pensionados y jubilados de las fuerzas armadas, eleva prestaciones, fondos y becas a hijos de soldados y oficiales caídos en combate al narco.
Al mismo tiempo cimbra al estamento castrense cuando decide que el Fuero de Guerra debe ir quedando de lado, por lo menos cuando la tropa viole derechos humanos. Ya hay al menos tres casos que el fuero civil, mediante la PGR, acaba de atraer.
En Colombia, decenas de marinos y militares son enviados a adiestramiento especial antinarco en Operaciones de Jungla, cuando la mayor parte del conflicto se ha agudizado en zonas urbanas. ¿A dónde espera Calderón llevar el teatro de operaciones en los meses que le dan de mandato?
Militares mexicanos y estadunidenses acuerdan retirar tropas norteamericanas de la frontera común e incrementar la vigilancia con aeronaves no tripuladas. El Ejército y la Marina reciben presupuestos recortados, pero se es ordena mayor colaboración con sus contrapartes de los Estados Unidos. La equidad de género en las filas militares es exhibida como un gran avance. Marina tiene a su primera mujer formando parte de sus Fuerzas Especiales. La Fuerzas Aérea Mexicana cuenta con su primera piloto de combate, la Teniente Andrea Cruz, y con 71 mujeres paracaidistas en nivel básico.
El último año del calderonismo será también el del sello distintivo de un gobierno que prometió empleos, educación, crecimiento y seguridad pero que terminó por privilegiar la lucha anticrimen como eje de sus preocupaciones históricas.
Es el sexenio militar.
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