Ayer, de manera atropellada, la PGR primero y el Sistema Nacional de Seguridad Pública después, salieron a explicar que la información difundida el miércoles por el portal Animal Político, y desarrollada por Milenio, no era rigurosamente correcta y rechazaron que los datos de los ejecutados estuvieran “reservados por razones de seguridad nacional”.
Qué bueno. Iba a costar mucho entender los porqués de la decisión de ocultar cadáveres, que crearía la percepción de que el número de ejecutados era alarmantemente más alto de lo que se supone.
Corrieron versiones de que el malestar tocó incluso al presidente Calderón, quien habría ordenado acelerar la difusión de las cifras. El lenguaje oficial se unificó: la base de datos está en construcción y se construye con el suministro de las procuradurías y ministerios públicos de cada entidad federativa. Por la noche se hablaba de que conoceremos los números en mayo.
El IFAI reaccionó también, y bien, con un económico “dicha información estadística es de naturaleza pública, y por tanto, el Gobierno Federal debe darla a conocer”. Y una clara indicación: “No existe razón alguna para declarar una reserva más allá del proceso de convalidación de la información, que deberá ser hecha pública en breve, tal y como ocurrió el año pasado”.
Bien por las instituciones. Son comprensibles los problemas de metodología para arribar a una cifra incontrovertible. Pero el tiempo apremia.
Mayo, prometen. Veremos.
Leído en http://www.vanguardia.com.mx/eraunagigantescaestupidez-1187362-columna.html
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