Ayer, en este espacio, afirmaba que Carlos Slim es uno de los monopolistas más exitosos de la historia. Sus empresas telefónicas están caracterizadas por precios caros, rentas extraordinarias, poca inversión y servicios deficientes. Así lo demuestra el Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México. También, decía, que el dueño de Telmex y Telcel no tiene la culpa, sino el Estado que ha tolerado sus prácticas monopólicas. El estudio de la OCDE lo expone con claridad.
Ya desde el siglo XIX, Karl Marx alertaba de la tendencia a la centralización de ciertas industrias que podía terminar con el control de un individuo o corporación de un mercado. Lenin luego retomaría el trabajo de Marx y argumentaría que los monopolios eran una etapa superior del capitalismo. Ante la evidencia empírica de un mayor número de monopolios, hasta los economistas de la escuela de Adam Smith tuvieron que reconocer que los mercados muchas veces no actúan en condiciones de competencia y que efectivamente existen tendencias monopólicas en el capitalismo.
En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, era evidente esta situación en mercados como la explotación petrolera o el transporte ferroviario. Ante los abusos de las empresas monopólicas, se organizó un movimiento social, denominado “progresista”, con el fin de luchar en contra de las injusticias provocadas por el poder de los monopolios económicos. El movimiento creció y logró que se aprobaran legislaciones conocidas como “las leyes antitrust” hasta hoy vigentes. A principios del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt comenzó a aplicarlas rompiendo monopolios tan importantes como el de la Standard Oil propiedad de John D. Rockefeller.
Fue el enojo de la sociedad la que finalmente hizo que el gobierno combatiera los monopolios que el capitalismo estaba generando. Y es que el único actor que tiene el poder para romper monopolios económicos es el Estado que, en última instancia, goza del uso legítimo de la violencia para defender el interés mayoritario de los consumidores.
En el México de pleno siglo XXI apenas estamos aprendiendo esto. En nuestro país hay monopolios, o empresas muy dominantes, en diversos mercados. Uno de los más perniciosos —por el tamaño económico del sector y su importancia presente y futura— es el de las empresas de Slim que controlan 80% de la telefonía fija y 70% de la móvil en México. El estudio de la OCDE demuestra los precios caros, rentas extraordinarias, poca inversión y servicios deficientes de Telmex y Telcel. Pero, como dije, Slim no tiene la culpa sino el Estado que ha tolerado sus prácticas monopólicas.
El estudio de la OCDE demuestra lo mal que estamos en materia de regulación de telecomunicaciones en México. Para decirlo con claridad: tenemos un Estado fallido que no está pudiendo combatir los monopolios de este sector en beneficio de los consumidores. La OCDE ofrece un panorama desolador. El sistema de concesiones es cerrado, engorroso y lleno de restricciones. Por medio del amparo, el Poder Judicial suspende y anula, de manera sistemática, las decisiones de política y regulación. Existe un sistema burocrático confuso donde no quedan claras las responsabilidades entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cofetel. Esta última carece de los recursos legales y presupuestarios para actuar con independencia. Las multas son, además, comparativamente bajas con las de otros países de mejores prácticas. Amén de que las autoridades no publican con regularidad los indicadores de calidad de servicio que, huelga decirlo, es malo.
Por donde se vea, el Estado mexicano es un desastre en materia de regulación de las telecomunicaciones. Los beneficiarios son los monopolios, como los del señor Slim; los perjudicados, nosotros, los consumidores, quienes somos los que más tenemos la culpa en esta historia: por no organizarnos para exigirle al gobierno que rompa los monopolios e instituya una mayor competencia.
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