No hay cárceles que alcancen cuando se abusa de la prisión preventiva y la lógica es meramente inquisidora y represiva.
Los dos factores cuentan, diría Perogrullo. Ambos ingredientes están presentes en los acontecimientos de la cárcel de Apodaca. Pero la fuga de 30 reos y el asesinato de 44 muestran algo más que eso. Son la punta del iceberg. El reflejo fiel del fracaso de un sistema carcelario punitivo, inquisidor, en el que, como señala el experto Guillermo Zepeda Lecuona, el objetivo más que la justicia es el castigo, no importa si una persona es culpable o no. Apodaca es la prueba de que el sistema penal y las cárceles mexicanas no cumplen con el objetivo de disuadir la delincuencia y mucho menos el de la rehabilitación de quienes traspasan sus puertas. La realidad es elocuente: el uso indiscriminado y arbitrario de la prisión preventiva no reduce la criminalidad o la inseguridad. El castigo no ha sido ejemplar, en gran medida porque la lógica gubernamental es la de maximizar el número de detenciones sin importar si realmente se está encarcelando a verdaderos responsables de la comisión de un delito (basta recordar lo que sucede de unos años para acá en el DF, donde se premia económicamente a los policías por personas detenidas, lo que ha llevado a cometer injusticias muy graves).
El asunto de fondo es que se considera a la cárcel como la única vía para resarcir un daño y el abuso de esta lógica ha llevado a la reclusión de personas inocentes o que han cometido delitos menores. La estadística ofrecida por Zepeda Lecuona es muy interesante: 50 mil presos al año no llegan a sentencia y quedan libres porque no se les puede acreditar ninguna responsabilidad. Mientras tanto se les ha infringido un daño a veces irreparable. Se afecta su trabajo, su salud, su familia. El perjuicio es también para el erario, a los ciudadanos que con sus impuestos tienen que pagar para la manutención de estos inocentes (calculada en 140 pesos diarios por persona), todo porque el proceso al que fueron sometidos no respeta el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución. Con base en indicios o pesquisas a uno de cada cuatro de los imputados se les somete a una pena anticipada por un delito que no efectuaron. Se les obliga a una prisión sin condena.
Adicionalmente, dos terceras partes de los inculpados cumplen sentencias menores a tres años, pues sus agravios a la sociedad son menores y realizados sin violencia (según Marco Lara del Proyecto Presunción de Inocencia en México, 45 mil personas están presas por delitos que no superan los 2 mil pesos). Se les condena a vivir en lugares que no favorecen la rehabilitación, sobrepoblados, y en los que prevalece la ley del más fuerte. Todo ello porque no se ha tenido la capacidad de modificar la legislación para que se apliquen penas alternativas o multas acordes con las infracciones cometidas como en otros países.
En lugar de ello, se les envía a centros que se han convertido en escuelas para delinquir, y en los que no hay trabajo ni posibilidad de obtener un ingreso (sólo 10% de los encarcelados tiene una opción de empleo) si no es sometiéndose a los intereses de quienes controlan el flujo del dinero, la droga y hasta la vida. Toda esta lógica genera sobrepoblación. No hay cárceles que alcancen cuando se abusa de la prisión preventiva y la visión es meramente represiva. Y es esta sobrepoblación (superior en 134% a la capacidad real) la que lleva al hacinamiento, al autogobierno, a la violencia (según Zepeda, en las cárceles prevalecen tasas de homicidio superiores cinco veces a las normales). La solución no estriba entonces solamente en construir más cárceles. En la lógica imperante su capacidad siempre será rebasada. El asunto tiene que ver con un replanteamiento del sistema penal y de justicia. Con desactivar esas bombas de tiempo a partir de estrategias alternativas que lleven a que un gran porcentaje de los que hoy están recluidos paguen sus delitos de manera diferente y se reinserten en la sociedad. De otra forma vamos a seguir por la ruta del genocidio carcelario que nada tiene que ver con la seguridad y mucho menos con la justicia.
Ser… o neceser
Para qué darle vueltas. Calderón es el jefe de campaña, el presidente de partido, el que se asume como parte en el proceso electoral. No le importan las consecuencias, mucho menos el país. Qué manera de terminar.
Para qué darle vueltas. Calderón es el jefe de campaña, el presidente de partido, el que se asume como parte en el proceso electoral. No le importan las consecuencias, mucho menos el país. Qué manera de terminar.
Leído en: http://impreso.milenio.com/node/9118899
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