Hay indicios suficientes de que el gobierno está usando y usará sus instrumentos judiciales para influir en las elecciones.
Las imputaciones fundamentales han sido anunciadas ya, algunas en palabras del propio Presidente. Van en lo esencial dirigidas al PRI y son fundamentalmente de corrupción o vínculos con el narco.
No le faltará al gobierno tela de dónde cortar. El innegable ambiente de prosperidad regional que ha vivido el país en estos años lleva inconfundibles manchas de corrupción, ostentosa, y de irresponsabilidad financiera, flagrante, de varios gobiernos locales, muchos de ellos del PRI.
Algunos de los estados de mayor incidencia delictiva y mayor presencia del narco son también gobernados por priistas.
De modo que una averiguación judicial seria de corrupción y/o tolerancia o vínculos con el crimen organizado arrojaría probablemente muchas acusaciones sólidas.
Algo parecido sucedería averiguando estados gobernados por panistas o por perredistas, pero el hecho es que al PRI se le adhiere bien la etiqueta de corrupción y también la de colusión con elnarco.
Habría que ser un estratega muy torpe para no ver en esas debilidades una oportunidad de golpear con eficacia al PRI y reducir su delantera en la contienda.
El uso de acusaciones judiciales como gatillo de escándalos electorales ha empezado ya y anticipa un fuego graneado.
Es un recurso que linda con el abuso del poder y con la ilegalidad, pues supone filtración ilegal de expedientes, y diversos grados de difamación, ejercidos por lo general en contubernio con comunicadores y medios que se prestan al juego por buenas o malas razones en la hipótesis compartida de impunidad mediática: nadie los demandará por publicar materiales ilegales.
Creo que este horizonte de uso y abuso de los expedientes judiciales para la propaganda electoral es uno los mayores riesgos de encono que enfrentan las elecciones del 2012.
No tengo la ingenuidad de sugerir que vigile o evite estos actos la autoridad electoral, pero sí la de exhortar a los medios de comunicación, y a la autoridad con poderes para judicializar la política, en particular el gobierno federal, que tengan la prudencia y la decencia de abstenerse en el ejercicio de esta turbia tradición, que infama por igual a la política y a la ley, y puede hacer un daño irreversible a nuestra vida democrática.
No pido impunidad para nadie. Por el contrario, pido procesos completos, sin medias tintas. Ni manipulación ni filtraciones mediática: justicia cabal o nada.
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