SEÑOR MINISTRO.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es uno de los dos ministros más novatos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en poco más de dos años, este experto en amparo, vinculado académicamente con instituciones del Opus Dei y profesor de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, en la Escuela Libre de Derecho, ha demostrado temeridad para desafiar a los poderes y ser refractario a las presiones públicas y privadas que le impidan actuar en función de lo que jurídicamente cree.

Es un jurista que ha probado su autonomía, y en su corta carrera en la SCJN, ha estado envuelto en algunos de los casos más controvertidos. Ahora tiene uno más, donde la sociedad está partida y envenenada por la polarización política. Es el de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años por secuestro y delitos relacionados con la delincuencia organizada, en cuyo proyecto de resolución, que se discutirá el 21 de marzo, propone su liberación, no porque sea inocente, un tema en el cual ni él ni la Corte pueden entrometerse por definición, sino porque, alega, violaron sus derechos constitucionales a un debido proceso.

El Caso Cassez tiene tantos ingredientes de atracción mediática, que ya se hizo un documental sobre ella en Francia, se prepara una película para Hollywood y ha sido materia de libros. Pero también provocó diferendos diplomáticos entre los gobiernos mexicano y francés y enfrentamientos entre los presidentes Calderón y Sarkozy. Ha sido tema electoral en Francia, y bala de plata que se dispara permanentemente sobre el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por haber hecho una escenificación –en palabras de Zaldívar- del rescate de víctimas de Cassez, difundido por Televisa, sugiriendo ante un público no letrado en los detalles técnicos, que era una transmisión en vivo.

La Primera Sala de la Suprema Corte será el escenario del debate entre cinco ministros, y la discusión, por las características jurídicas de Zaldívar, será con seguridad apasionante.

Zaldívar, que nació en Querétaro en 1959, se graduó como abogado en la Escuela Libre de Derecho, y en la UNAM obtuvo su doctorado. En su alma mater, donde le dio clases a la esposa del Presidente y a varios de los abogados del panismo hoy en el poder, sustituyó a otro grande del amparo, Juventino Castro y Castro, en su cátedra sobre la materia.

“Fue, sin duda, el alumno más inteligente y destacado que he tenido nunca”, escribió el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, tras su postulación, hecha por el presidente Calderón. “Conocedor como pocos de la materia de amparo, que era el curso que impartía; con una enorme facilidad para redactar escritos jurídicos; articulado y dotado orador”.

Zaldívar iba a entrar a la Suprema Corte en el remplazo de dos ministros al arrancar el sexenio. Pero por su relación con Góngora Pimentel, el entonces líder del PAN, Germán Martínez, y el secretario particular del Presidente, César Nava, lo bloquearon. No querían que entrara un abogado liberal y garantista a una Corte que estaba perdiendo posiciones conservadoras. Llegó en la segunda ocasión que se relevaron ministros, sin sus principales opositores en el camino, y con la ayuda directa, por instrucción presidencial, del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien bloqueó a su adversario, el foxista Daniel Cabeza de Vaca, por ser compadre del líder petrolero Carlos Romero Deschamps.

Zaldívar llegó directo de la academia –es el autor del primer proyecto de la Ley de Amparo que ya tiene a revisión el Senado-, y de ser uno de los abogados constitucionalistas preferidos por el sector privado y los empresarios, que le encargaban predominantemente asuntos bancarios y de telecomunicaciones.

Los claroscuros de su carrera por sus relaciones con personajes liberales y conservadores, comenzaron a eliminarse con su registro de voto y actuación, como cuando votó por la despenalización del aborto. Pero el caso paradigmático que demostró su autonomía, fue el de la guardería ABC de Hermosillo, donde recibió presiones de los más altos niveles del gobierno para que su proyecto de resolución exculpara a quien fue director del Seguro Social cuando se otorgó el permiso a esa guardería, Juan Molinar, y a quien lo sustituyó en el cargo, Daniel Karam.

De acuerdo con crónicas periodísticas, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien encabezó la presión, le pidió reconsiderar su dictamen, que recibió una negativa. Entonces, cuentan las crónicas, Gómez Mont le espetó: “Dice el Presidente que no se te olvide quién te postuló”, a lo que Zaldívar respondió: “Dile al Presidente que no se le olvide que, independientemente de quién me postuló, yo trabajo para otro Poder que no es el suyo”.

El dictamen de Zaldívar concluyó que la dimensión del siniestro en la guardería, donde murieron calcinados y asfixiados 49 menores, ameritaba señalar claramente a los responsables, entre los que incluyó a Molinar, Karam y al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En la decisión del pleno, 10 de los 11 ministros aceptaron que existió y se probó la violación de garantías, pero los nombres fueron excluidos del fallo. Las críticas populares y mediáticas a la Corte no lo excluyeron, pese a su dictamen original, pero aguantó la refriega pública, como soportó los embates durante semanas del periódico La Jornada durante la revisión final de su demanda contra la revista Letras Libres por difamación.

La Jornada demandó a Letras Libres por daño moral al haber publicado un texto donde sugerían que su línea editorial sobre ETA, era una apología del terrorismo. El dictamen del ministro, que es una de las piezas jurídicas más lúcidas sobre la libertad de expresión, argumentaba a favor del derecho de Letras Libres a ejercer una crítica de esa naturaleza, que convenció sin problema al resto de los ministros, pese al alud de descalificaciones en La Jornada y sus afines.

Zaldívar no se dobló, como tampoco lo había hecho en los casos paradigmáticos donde elaboró dictámenes, o en los pronunciamientos en fallos polémicos. Su dictamen sobre el caso de Florence Cassez se inscribe en esta lógica autónoma y garantista, que no resuelve la forma como votarán los ministros, pero que aporta elementos de juicio persuasivos para entrar a un debate cuyo resultado será fundamental más allá del fallo, para el debido proceso en la justicia mexicana.

@rivapa

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