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| Carlos Marín. |
Patriotismo, patrioterismo, veneraciones y cultos a la personalidad aparte, el nombre del prócer está férreamente ligado a soberanía y dignidad nacionales, así como a la respetabilidad de las instancias de justicia del Estado mexicano.
En el caso específico, los otros cuatro ministros de la Primera Sala no solamente juzgarán la discutible probidad de la Agencia Federal de Investigación y de la Procuraduría General de la República, sino la legalidad con que actúa el Poder Judicial del que forman parte, pues la propuesta pone en duda lo justo de las sentencias dictadas por un Juzgado de primera instancia, un Tribunal Unitario y un Tribunal Colegiado, que hallaron a la ciudadana francesa culpable de secuestro.
En el terreno de lo simbólico, no es poca cosa que también esté por celebrarse (5 de mayo) un siglo y medio de la Batalla de Puebla (quizá más estruendoso que los 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución), o que sea un sucesor de Napoleón III, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, el activista más prominente que, como Víctor Hugo y Garibaldi ante la sentencia de muerte al fugaz emperador Maximiliano, pide clemencia para la señora.
La propuesta de Zaldívar es inaudita y provocadora: sugiere que tanto el célebre montaje para las televisoras como la tardía intervención del consulado francés privaron a Cassez de un debido proceso y, sin prejuzgar si es o no delincuente, recomienda se le ponga en libertad.
Al ponente no parece importarle que el montaje televisivo no haya formado parte del proceso en las distintas instancias ni que el Ministerio Público alegue que la intervención del consulado se dio solo hasta que, más de un día después de la detención, el personal de la representación atendió su llamada.
No es la primera vez que Zaldívar presenta una ponencia que para algunos resulte “políticamente correcta” y para otros jurídicamente vulnerable: a mediados de 2010 propuso al Pleno de la Corte (integrado por los 11 ministros) declarar responsables del incendio de la guardería ABC al ex director y director actual del Seguro Social y al entonces gobernador de Sonora (Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours, respectivamente), pero la mayoría de sus pares los halló solamente involucrados.
En esta ocasión, si la propuesta de Zaldívar gana y Cassez es puesta en libertad, la Suprema Corte de Justicia dejará en ridículo la respetabilidad de sus jueces y magistrados implicados en el caso, y privado de su derecho, también a un debido proceso, a las tres víctimas de secuestro que la señalan directamente.
Lo simbólico, entonces, será ya lo de menos.
cmarin@milenio.com
Leído en: http://impreso.milenio.com/node/9127845
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