En su visita a Monterrey, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que, de ganar la Presidencia, su gabinete de seguridad sesionará cada dos semanas en esa ciudad.
La oferta refleja la importancia que para el candidato reviste la feroznarcoviolencia que campea en el estado de Nuevo León y el área conurbada de su capital.
Tanto le preocupa la situación que, aunque no le merece confianza el mandatario Rodrigo Medina, promete que establecerá con él “una relacióninstitucional”, llamándole por teléfono todos los días (“a las seis de la mañana”), para que le informe cómo andan las cosas en materia delincuencial.
Ambos compromisos tienen sus bemoles: reuniones de un gabinete federal de seguridad en Monterrey cada 15 días, muy bien, pero, ¿y cada cuándo en las capitales de estados emblemáticos del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Sinaloa o Michoacán?
Y lo de la llamada para que el priista Medina le informe, nada tendría que ver con una “relación institucional”. No, al menos, si los estados son “soberanos”.
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