John Sherman, senador de EU
Si de todos los problemas que aquejan a México fuese necesario escoger cuál privilegiar para resolverlo, me inclinaría por la concentra- ción de poder: concentración de poder político o concentración de poder económico, que, desde cualquier óptica, están estrechamente vinculados y son interdependientes.
México se ha forjado sobre la base de concentración de poder. Aprendimos desde la Colonia a aceptar poderes políticos absolutos impuestos por un rey; incorporamos como inevitable el derecho del soberano a otorgar concesiones a unos cuantos, en cuyas manos quedaba el desarrollo de las actividades económicas, con exclusión del resto. Desde entonces poco ha cambiado.
En política, presidentes-dictadores, partidos hegemónicos y políticos sexenales han marcado la historia; en economía, afortunados privilegiados a quienes el "Estado" confirió concesiones o prebendas para explotar, en exclusiva o con protección, distintas actividades económicas del país.
Al menos, la alternancia del 2000 allanó el camino para el traspaso del poder ilimitado del Presidente a los gobernadores de los estados, quienes, en muchos casos, se han aprovechado de sus cargos y se convierten en omnipotentes y reacios a someterse a las más básicas reglas de transparencia y responsabilidad pública. Pero en materia de economía, y pese a las promesas de candidatos que llegaron a presidentes, la alternancia no cambió nada. En algunos casos, hasta reforzó el control de las empresas sobre el sector en el que operan.
Y si en política hoy tenemos un oligopolio de partidos que, a través de reformas que ellos mismos aprobaron con el voto de "sus representantes" en el Congreso, se arrogaron el derecho exclusivo a designar candidatos a los distintos cargos de representación popular, restringiendo el mandato constitucional que garantiza que todo ciudadano mexicano tiene derecho a "votar y ser votado"; en los más importantes sectores económicos y de desarrollo, seguimos sometidos a los reyes del maíz y la tortilla, el cemento, los bancos, el cobre, la educación, el pan en caja o similares, las telecomunicaciones y la televisión, por dar unos ejemplos.
No es justificación, para ningún gobernante o legislador, el que los monopolios y los oligopolios establecidos se hubieran formado con anterioridad a su gobierno o encargo. Siguiendo los principios establecidos en nuestra Constitución, están obligados a evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público. Esto significa actuar, a pesar de que conlleve a la confrontación con los poderes económicos con los que están estrechamente vinculados, o de los que dependen.
Existen numerosos precedentes en distintos países, incluso en Estados Unidos, cuya filosofía nacional está cimentada en los principios del libre mercado, en los que se han adoptado medidas determinantes para la conformación de mercados y el fomento de la competencia.
Casos como el de DuPont, declarado monopolio en el negocio de los explosivos 1912, y de cuya división surgieron dos nuevos grupos; el de Standard Oil, que partió a la petrolera en 34 empresas separadas y competidoras; el de AT&T en telecomunicaciones, de cuyo rompimiento surgieron siete empresas de telefonía local y una de larga distancia, son claros ejemplos de cómo la acción contundente del Estado, la de la justicia americana, permitió la reconfiguración de mercados monopolizados por empresas preexistentes.
Pero en México hablar de medidas equivalentes para crear mercados competitivos es tanto como discutir la "confiscación" o, peor, la "expropiación". Para cualquier político mexicano, mencionar la posibilidad de revocar concesiones como consecuencia de la práctica reiterada de acciones en contra de la competencia es anatema.
Y es que, si no para todas las industrias, sí para algunos casos muy evidentes, poder económico equivale a poder político y viceversa.
Si no ¿cómo explicar las candidaturas propuestas por la alianza PRI/PVEM de 13 personajes tan allegados a las televisoras como la hija de Ricardo Salinas Pliego, la hermana de Leopoldo Gómez -quien por cierto también fue propuesta por el PRI para ocupar el cargo de consejera del Instituto Federal Electoral-, o a una de las abogadas que desde 2009 trabaja temas electorales ante el IFE para un funcionario de Televisa, entre otros?
Ojalá que los intereses de la sociedad mexicana queden tan bien representados como lo serán los de las televisoras. Y si la verdadera representación popular no fuese equivalente en términos numéricos, ojalá que quienes nos defiendan tengan calidad moral.
Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/652/1302868/
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